Las tropelías urbanísticas cometidas en la tramitación del polígono de Someso en la era de Francisco Vázquez, que favorecieron determinados intereses inmobiliarios particulares, han provocado un agujero a las arcas públicas coruñesas que el propio Ayuntamiento estima que alcanzará la desorbitada cifra de 50 millones de euros. Buena parte de esta cantidad son indemnizaciones que el Concello coruñés debe afrontar por un rosario de sentencias judiciales adversas que aún no ha terminado.

De esta losa económica que pende como una colosal hipoteca sobre el futuro de A Coruña, hay 20 millones que el Tribunal de Cuentas contempla como presuntas operaciones contables ilegales efectuadas bajo la presidencia municipal de Vázquez por las que se pueden reclamar responsabilidades y reparaciones. Esta partida, sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y que no incluye las indemnizaciones judiciales, afecta a actuaciones incorrectas por las que el Ayuntamiento perdió indebidamente a favor de intereses privados un patrimonio que era de todos los coruñeses.

Para reclamar responsabilidades por este saqueo del bien común coruñés, el tribunal contable exige dos requisitos. El primero, que se denuncie al responsable de estas actuaciones; el segundo, imprescindible para que el tribunal pueda actuar, que el actual Gobierno local revoque los acuerdos irregulares adoptados en su día y causantes del daño al patrimonio.

El primer paso fue dado en 2013 por el BNG, que denunció los hechos a Cuentas tras conocerse el resultado de una comisión de investigación aprobada por unanimidad de la Corporación municipal, que señaló al exalcalde Vázquez como responsable único de algunas de las decisiones que llevaron a semejante desaguisado. El Gobierno de Carlos Negreira, que había evitado hasta entonces responsabilizar al exalcalde a pesar de aludir reiteradamente a la herencia recibida y sus consecuencias económicas para el Ayuntamiento, obligado a pedir créditos y endeudarse, reaccionó de forma contradictoria. Primero envió un escrito a Cuentas pidiendo que archivara el caso al argumentar que las actuaciones de Francisco Vázquez en Someso no habían causado daño alguno al patrimonio coruñés. A los pocos días, tras el constatable rechazo en la opinión pública coruñesa, rectificó y manifestó que no se oponía a que Cuentas investigara. Eso sí, sin apuntar en ningún momento a la responsabilidad de Vázquez.

La semana pasada vencía el plazo para presentar formalmente ante Cuentas una denuncia por la responsabilidad contable de ese agujero de 20 millones. El mismo Gobierno que había sostenido antes que Vázquez no había causado ningún perjuicio a las arcas coruñesas presentaba ahora una demanda en la que reclamaba esa cantidad a Francisco Vázquez y a otros seis ediles socialistas implicados en las irregulares actuaciones. Entre ellos, Mar Barcón, candidata del PSOE a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales y responsable de Urbanismo durante parte de la tramitación de Someso que ahoga económicamente ahora al Ayuntamiento.

La demanda millonaria presentada por el Ayuntamiento no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad. Las actuaciones irregulares, dice el texto literalmente, se realizaron bajo la supervisión directa del alcalde Francisco Vázquez. En algún caso, como la adquisición de parcelas en Someso, que supuso al Ayuntamiento una pérdida patrimonial de casi ocho millones de euros, la demanda va más allá y estima que no cabe achacar responsabilidad a ninguna otra persona que a Vázquez.

La tardía exigencia de responsabilidades al exalcalde por el Gobierno coruñés trae sin embargo letra pequeña. O al menos eso desprende el hecho de que la Alcaldía parezca resistirse a dar el paso, ese segundo paso imprescindible según el Tribunal de Cuentas para que pueda actuar la justicia. O sea, a revocar los acuerdos irregulares adoptados en su día por el vazquismo sobre Someso, paso sin el cual la denuncia es papel mojado. Tanto Cuentas como la Fiscalía se lo advirtieron a Negreira cuando se abrió el juicio contra Vázquez y Cuentas le citó expresamente esa revocación en diciembre. Hasta ahora en vano.

El alcalde se escuda en que la declaración de lesividad de esos acuerdos ya ha prescrito. Es cierto que esa fórmula ha prescrito. Pero hay otras. De lo contrario, sería absurdo que se lo diga el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento puede revisar de oficio esos acuerdos, lo que permitiría actuar a Cuentas. De hecho, el Gobierno local ya recurrió a esa fórmula para frenar otra herencia de Vázquez, al revisar de oficio el acuerdo ya prescrito del exalcalde con Instituciones Penitenciarias sobre el edificio de la cárcel, que obligaba al Ayuntamiento a desembolsar ahora 1,2 millones. Un pago que intenta evitar con la anulación del acuerdo.

Los juristas consultados por LA OPINIÓN son tajantes al respecto. La exigencia de responsabilidades por el millonario agujero contable del Ayuntamiento está en manos del Gobierno de Negreira. Y advierten de que la demanda contra Vázquez no prosperará si el alcalde mantiene su negativa a revocar los acuerdos municipales sobre Someso, como le dice el Tribunal de Cuentas.

Llegados a este punto, no cabe dar ya más vueltas. Si la verdadera intención de la demanda contra Vázquez es hacer justicia y evitar que los responsables del agujero económico que lastra las arcas coruñesas queden impunes, solo hay un camino: revisar de oficio los acuerdos municipales que provocaron el desastre, como dice el Tribunal de Cuentas y aconsejan los juristas.

De no actuar así, todo sería un puro paripé. Los responsables del costosísimo desaguisado quedarían impunes y serían los sufridos coruñeses quienes tendrían que rascarse el bolsillo, una vez más, para pagar la escandalosa y millonaria factura de una operación irregular que benefició intereses particulares y no de la comunidad.