El Banco de España no era partidario de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. En el momento en que se plantea la integración, en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero español, la entidad coruñesa presentaba "dificultades sustantivas" que desaconsejaban ese matrimonio forzoso y de conveniencia en que tan empeñada estaba la Xunta, con el presidente Feijóo al timón y la entonces conselleira de Facenda Marta Fernández Currás en la sala de máquinas. El precipitado casorio bancario se consumó y acabó desembocando en la decepcionante nacionalización y consiguiente bancarización de la entidad resultante, hoy, tras su precipitada privatización, en manos del grupo venezolano Banesco.
En sede judicial, en el marco del juicio por las millonarias indemnizaciones de los exdirectivos de las cajas, obligado por tanto como testigo a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, el por aquellas fechas jefe de supervisión del Banco de España, Pedro González, desveló lo que ya muchos sabían hace tiempo y que otros todavía a día de hoy se empeñan en negar. Aún siendo consciente de que las cuentas no daban, el gobierno gallego apostó por fusionar las dos cajas. Fue una decisión política, si se quiere, con raíces sociológicas, orientada a que Galicia contara con al menos una entidad financiera propia, autónoma, con sus centros de decisión aquí y al servicio de las familias, las empresas y las instituciones gallegas.
La maniobra estratégica del tándem Feijóo-Currás se amparó en un documento técnico elaborado por una prestigiosa consultora, KPMG, que en aquel momento fue presentado como un informe riguroso y solvente cuando no dejaba de ser un simple "diagnóstico acelerado" de la viabilidad de la operación. Hoy sabemos que sus conclusiones, además, entraban en flagrante contradicción con otros dictámenes más o menos serios encargados por las partes contratantes. El Banco de España cedió a las pretensiones de San Caetano, si bien puso una serie de condiciones para dar su bendición, con medidas concretas para subsanar las debilidades de Caixa Galicia. En la práctica, aquello poco tuvo de unión paritaria. Fue como si el pez pequeño engullera al grande.
El responsable de supervisión del organismo regulador reconoce, sin medias tintas, que Caixanova tenía un proyecto más sensato para ganar tamaño y mejorar sus índices de solvencia, según las exigencias de las autoridades comunitarias en aquel momento. Planeaba integrarse con otras pequeñas cajas de distintas comunidades en una entidad viable y competitiva, salvando en lo posible un cierto grado de autonomía territorial. Los responsables de la caja del sur tuvieron que tragar y embarcarse en una aventura en la que no creían, porque barruntan que acabaría como acabó. Fueron ellos los que llevaron el peso de la fusión, poniendo todo su empeño en llevar la nave a buen puerto, si bien, como paradójica recompensa, todos ellos fueron arrojados por la borda en el momento de la intervención.
Vistos con perspectiva, podría decirse que los generosos finiquitos fueron en la mayoría de los casos una compensación económica por haber aceptado el sacrificio, tanto personal como corporativo, de encarnar una fusión condenada al fracaso y que además suponía cerrar con un borrón una brillante ejecutoria profesional. En ese caso, no es que el Banco de España mirara para otro lado, dejando hacer, sino que, por omisión o por algo similar al silencio administrativo, dio por buenos los contratos en cuestión. Tal vez creía que nunca llegarían a ejecutarse. Por lo visto, semejante extremo todavía no ha salido a relucir en la vistas de la Audiencia Nacional, sin embargo parece cada vez más evidente que la máxima autoridad bancaria nunca habría considerado la posibilidad de prescindir de Gayoso, Pego, García de Paredes y el resto de la dirección de Novacaixagalicia de no ser por el interés en deshacerse de todos ellos que desde el ámbito político mostraron los promotores de la operación Castellano. Resultaban incómodos para el poder. Sabían demasiado.
