Los alcaldes de A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros se reunirán la próxima semana para redactar una declaración conjunta en la que exigirán al Gobierno que incluya en los presupuestos de 2016 las partidas necesarias para acometer el saneamiento y dragado de la ría de O Burgo, una obra con décadas de injustificados aplazamientos sobre sus espaldas.
La iniciativa de los alcaldes nace espoleada por la reunión que mantuvieron los nuevos regidores locales con la asociación de mariscadores, hartos de denunciar el lamentable estado del estuario, que figuraba a principios de los años 80, junto con el de Ferrol, como el más contaminado de Galicia. A principios de la década de 2000 se elaboró un primer plan de saneamiento que jamás se llegó a cumplir. Entonces no había crisis y fluía el dinero público, pero, lamentablemente, se destinó en gran parte a obras de fácil rédito electoral, cuando no superfluas.
Tras la llegada de la recesión económica, las dos principales administraciones implicadas en la regeneración del estuario, Gobierno y Xunta, se enzarzaron en una pugna sobre quién tenía la responsabilidad de financiar la inaplazable limpieza de la ría. La alarma por el calamitoso estado del estuario estalló en la primavera de 2013 al hacerse público el resultado de un estudio encargado un año antes por Puertos y Costas que halló material contaminante en el 61% de la superficie. El informe urgía dragar y verter mar adentro 354.000 toneladas de residuos moderadamente nocivos y confinar los más peligros, otras 100.000 toneladas, en un depósito que se construiría en la ría.
La presentación de este informe llegaba meses después de que el Parlamento europeo diera un tirón de orejas a la Xunta y al Gobierno por el escandaloso abandono de la ría de O Burgo, tras la inspección de una comisión de diputados enviada desde Bruselas a petición de la Cofradía de Pescadores y de la Plataforma en Defensa de la Ría. La penosa calidad de las aguas, con una capa de fango de más de metro y medio, que podría almacenar residuos tóxicos acumulados en décadas de vertidos industriales, abundante basura flotante y un mal olor imperante, impactó a los comisionados europeos.
El jefe de la Demarcación de Costas de Galicia estimó en la presentación del informe de 2013 que el dragado comenzaría a finales de 2014, una vez que Gobierno y Xunta acordasen cómo financiar las obras. A partir de ahí, la regeneración se empantanó, como tantas otras veces, en medio de los consabidos reproches entre administraciones.
Lo cierto es que desde 2012 a 2014 el Estado solo ha gastado 72.000 euros en la recuperación de la ría coruñesa, la mayor parte, en concreto 60.000 euros, en el estudio preliminar de 2012 y 2013. El año pasado, cuando supuestamente deberían haberse puesto en marcha ya las obras, según el cálculo de Costas, no se invirtió ni un euro.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, acaba de adjudicar ahora el proyecto constructivo del dragado ambiental de los sedimentos de la ría por 47.069 euros a una empresa, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ese mismo plazo es el que tendrá otra empresa para redactar el documento de evaluación de impacto ambiental del dragado, por 44.346 euros.
La Consellería de Medio Ambiente se marca como objetivo someter a exposición pública ambos documentos antes de que finalice este año. La Xunta ha solicitado al secretario de Estado de Medio Ambiente que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 cuenten con una partida económica específica que permita que se liciten, adjudiquen e inicien las obras del dragado.
Lo que está en juego, además de la calidad de vida de 400.000 coruñeses que habitan los concellos ribereños, es la opción de impulsar una nueva herramienta de crecimiento y desarrollo económico. La ría tiene un enorme potencial de explotación marisquera y turística, paralizado por una regeneración que no puede esperar más.
El Ministerio de Medio Ambiente prevé que las obras se ejecuten en la próxima legislatura y anuncia que cuando dispongan de la declaración de impacto ambiental comenzarán a trabajar con la Xunta y los concellos implicados para la ejecución y financiación de las obras.
Los cuatro alcaldes de los municipios afectados ya han mostrado su compromiso con la regeneración del estuario, para lo cual van a constituir una mesa de trabajo. Y, pese a la disparidad en los signos políticos, la Xunta se ha comprometido también a exigir al Gobierno que plasme de una vez en los presupuestos sus postergadas promesas. La regeneración del estuario no puede seguir saltando de programa electoral en programa electoral. La ría de O Burgo necesita de una vez presupuestos, no más promesas.
