Cuenta la historia que un día Rajoy el sordo se dio un chapuzón en una poza del Umia, corriente fluvial que pasa por Barrantes (Pontevedra) y desemboca en la ría de Arousa. No está mal que se bañe en agua dulce, para quitarse la suciedad política (el agua del mar no sirve para eso) habida cuenta que su sordera, falta de diálogo, continuas amenazas, descalificaciones y su apelación a la política del miedo es proverbial. Su soberbia, unida a su incapacidad de establecer un diálogo fluido con los distintos estamentos sociales, propicia un clima de desconfianza que está llevando a los ciudadanos de este plurinacional Estado a una confrontación con el pueblo catalán de imprevisibles consecuencias. Enfrentamiento (al margen de las salidas de madre, chulerías y estupideces de Mas) provocado por el hecho de no hacer el más mínimo esfuerzo para entender, negociar y canalizar, dentro de la legalidad, acuerdos con los federal nacionalistas catalanes y formaciones centristas y progresistas, no independentistas, siempre conforme con lo dispuesto en la Constitución. El descontento de una parte muy importante de nuestros vecinos de la, otrora, Marca Hispánica, no es un tema baladí que se puede tratar con amenazas y con las trompas de Eustaquio aletargadas. Las demandas de los pueblos que componen el Estado español merecen ser tratadas y escuchadas con respeto, atención y sobre todo pedagogía política; cuestiones que el PP y los gobiernos de la citada formación han ignorado olímpicamente.
Rajoy, los miembros de su Gobierno, la derecha más rancia y la Iglesia, con la ayuda de medios y comentaristas afines ubicados mayoritariamente en la Villa y Corte, cuando hablan de Catalunya, lo hacen en tono despectivo, utilizan un lenguaje agresivo y descalifican no solo a los independentistas de Mas, de Junqueras y otros que, lamentablemente, se equivocan en el planteamiento de su incontestable derecho a decidir. Los independentistas ni tienen mayoría y no quieren ver que una buena parte de la solución catalana quedaría reflejada si apoyaran una reforma de la caduca Constitución que suprima el actual estado de las autonomías y contemple la creación de una Estado federal. Seguro que todos recordamos el primer gobierno de Aznar, no tuvo más remedio que pactar con los nacionalistas vascos y catalanes, llegó a bautizar a ETA como el "movimiento vasco de liberación", y además hablaba catalán en la intimidad. ¡Qué tiempos aquellos de peloteo político! La gobernabilidad en minoría obligaba a oscuras componendas que eran pura apariencia. Ahora, la táctica del PP, de su ejecutiva, sólo sirve para dar oxígeno al independentismo. Amenazar con la aplicación del Art. 155 de la CE (contempla la posibilidad de la disolución de una CCAA) es un procedimiento de la doctrina constitucionalista conocida como "ejecución forzosa" o "coerción o compulsión federal" que, según constitucionalistas de renombre y prestigio, como Pérez Royo, comportaría "una crisis de Estado de consecuencias incalculables". Pero nada de lo que se diga interesa a Rajoy ni a los suyos por mucho que el presidente se chapuce en agua dulce. Importante sería lavara los oídos, escuchara, negociara, democráticamente, aquellas cuestiones que afectan a los catalanes y al resto de los pueblos de España, habida cuenta que las amenazas nunca han resuelto nada, todo lo contrario, han provocado más tensión y desasosiego entre la ciudadanía, que está muy cansada de que la traten a patadas.
