Como las rebajas, con la diferencia de que en estas usted compra a veinte lo que ayer costaba cuarenta y la reforma constitucional nunca llega porque todos tienen sus líneas rojas y no hay acuerdo en lo que hay que reformar y en qué dirección. Las dos únicas reformas, en 1992 y en 2011, fueron exigencias europeas y las acordaron los dos grandes en veinticuatro horas y sin consulta al respetable. La primera, artículo 13, para aceptar a los nacionales europeos como candidatos en elecciones locales y la segunda, artículo 135, para establecer el principio de estabilidad presupuestaria. Ahora, próximas las generales, vuelven las ofertas de reforma para nada. Vuelven los cuentos chinos. Desde 2006 dormita un muy buen informe del Consejo de Estado sobre la reforma en cuatro puntos: la sucesión al trono, recoger nuestra pertenencia a la UE, el Senado y la denominación y algo más sobre las autonomías.
Lo de suprimir la prevalencia del varón en la sucesión lo han resuelto, de momento y con el mejor criterio, los Reyes, así que la reforma puede esperar veinte años. Gracias. Lo de la UE, a buenas horas mangas verdes. Entramos en 1986, el derecho europeo es nuestro derecho, como la moneda y la economía, la política internacional casi entera y por fortuna nos inspeccionan, nos corrigen y sancionan, gracias a lo cual hemos mejorado bastante y eso sin que la Constitución lo mencione más que leve pero decisivamente en el reformado artículo 135. Es una reforma en la que todos están de acuerdo y sería facilísima y, sin embargo, no se hace. No hace falta. Reformar el Senado es una teima desde 1978, cuando se aprobó la CE. Modificar su composición y competencias para convertirlo en una cámara de consejeros autonómicos con facultad de veto real sobre las decisiones del Congreso sería un disparate total que paralizaría el Estado. Es el modelo alemán pero sin partidos ni políticos alemanes. Lo proponía el PSOE hace años. Si el Senado se suprime no pasaría gran cosa. Eso sí, varios alcaldes y expresidentes autonómicos quedarían en la calle, es un decir, y no podría haberse ofrecido al madrileño Carmona un escaño si deja la portavocía municipal socialista. El Senado es un no problema. Y, finalmente, el Estado autonómico. Con la radicalidad, frivolidad e infantilismo rampantes en la política española, con independentistas y partidarios dels paisos, del país vasconavarro, de León sin Castilla, del Bierzo solo, de la recentralización entera y de tutti quanti, es imposible reformarlo. Por cierto, en el barómetro del CIS de julio los que no quieren autonomías, las quieren débiles o como están, suman el 68.5% y los que quieren más autonomía o con derecho a decidir, el 24.3%. Desde 1980 el Tribunal Constitucional, respondiendo a la presión nacionalista y socialista principalmente, ha convertido competencias exclusivas importantes del Estado según la CE en compartidas con las comunidades. Justicia, relaciones exteriores y derechos, por ejemplo. Y del sencillo artículo 3 sobre las lenguas se pasó a la inmersión, a la supresión de los topónimos en español y a condicionar el acceso al servicio público en perjuicio de los castellano hablantes. El TC, cuyos magistrados lo son por decisión de los dos grandes más PNV y CiU, ha llevado el modelo autonómico al estado actual y hoy es imposible tocarlo sin quemarse de modo que, reformadores, ¡menos lobos! Pasarán las elecciones y no habrá oferta de reforma hasta las próximas porque, mal que bien, la CE sirve. El paro, la corrupción y las derivas independentistas no precisan de reformas constitucionales sino de otras políticas y otros políticos.
