Al trasluz

Crisis láctea, entre el intervencionismo y el posibilismo

27.08.2015 | 00:30
Crisis láctea, entre el intervencionismo y el posibilismo

Quienes convocan las movilizaciones de estos días deberían tenerlo claro. Por más tractoradas que padezca, la Xunta carece de capacidad real para resolver la gran crisis de la leche. Desde el punto de vista competencial, es el Gobierno de España el que tiene una cierta capacidad, de entrada, para tomar medidas paliativas. Con los tractores en la calle, se trata de forzar al Ministerio de Agricultura a que haga algo mientras no se encuentra una solución radical a un problema que esta vez, a decir de los entendidos, va mucho más allá de las cíclicas caídas de precios en origen, porque afecta a todos los puntos débiles de una estructura productiva que, al menos en el caso de Galicia, no estaba preparada para la abrupta desregulación de mercados consecuencia de la desaparición del sistema de cuotas.

En el conjunto de Europa los precios que reciben los ganaderos por su producción tienden claramente a la baja por diferentes factores coyunturales. Sin embargo, en países como Francia, con un activo papel de la administración, se encontraron fórmulas para que la industria y sobre todo la distribución reduzcan sus márgenes de ganancia en beneficio del eslabón débil de la cadena, que son las granjas. Es lo que reclaman los productores gallegos, y también los de otras comunidades: que la ministra Tejerina se aplique el cuento. Que no se ponga de perfil. Que desde el posibilismo propicie algún acuerdo, aunque sea de alcance limitado, como el francés.

Es cierto que la normativa europea prohíbe pactos sectoriales sobre precios en la medida en que limitan el libre funcionamiento de los mecanismos de oferta y demanda. Por tanto, es imposible que en Francia se suscribiera formalmente un acuerdo de esa naturaleza, digan lo que digan los sindicatos del campo. Bruselas se le echaría encima por muy poderoso que en el ámbito comunitario sea nuestro vecino del Norte. Ahí no le falta razón a la conselleira Quintana, cuando pide a los sindicatos agrarios y a las plataformas de productores que le enseñen ese documento. Su papel es y está siendo el de hacer ver al Ministerio la gravedad de la situación en el conjunto de las explotaciones lecheras gallegas, al tiempo que articula ayudas indirectas para aquéllas que están al límite de su capacidad de resistencia.

Sin embargo, es probable que, para hacer entrar en razón a transformadores y distribuidores, el gobierno francés haya esgrimido las propias leyes de la competencia, que castigan de forma taxativa el abuso de posición dominante, por parte de las grandes superficies comerciales. Como es sabido, éstas recurren a la marca blanca y a la venta del cartón de leche a pérdidas, como producto reclamo, y de primera necesidad, para atraer a los consumidores, que sin saberlo ni quererlo se convierten en cooperadores necesarios de una estrategia que ahoga a los productores y consecuentemente propicia la desertización del medio rural. Eso es algo muy evidente en Galicia y a lo que sus poderes públicos, fueran del colar que fueran, nunca han sido ajenos.

Pero también hay que entender los recelos de San Caetano a la hora de intervenir directamente en el sector de la leche. Los intentos de impulsar, años atrás, un grupo lácteo gallego se saldaron todos con sonoros fracasos. Además, el gobierno Feijóo salió muy escaldado del experimento de Alimentos Lácteos, la empresa creada desde la iniciativa pública para aprovechar las instalaciones que abandonó Leche Pascual en Outeiro de Rei y garantizar la recogida a sus antiguos proveedores. Se calcula que el agujero final para el erario público ronda los quince millones de euros, a los que hay que sumar las importantes cantidades que perdieron las cooperativas implicadas. Los damnificados siguen esperando una reparación del daño sufrido y el castigo de unos gestores incompetentes, impuestos desde arriba mediante influencia política.

Apenas a unos meses vista de las elecciones generales, las anunciadas ayudas lineales de unos 300 euros por vaca son la demostración de que las movilizaciones de los ganaderos sí que sirven para algo, mal que le pese a Rosa Quintana. A Rajoy, pese a sus convicciones liberales, y a lo poco que le gusta intervenir en nada, no le queda otra que mover ficha si quiere que los ganaderos de media España no le amarguen la campaña electoral, empezando por el tradicional arranque del curso político, este fin de semana en el castillo de Soutomaior.

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