Decía la semana pasada que lo de la independencia de Cataluña no es creíble pero, digo ahora, el caso es que se lo han creído cientos de miles de catalanes. Cada uno a su modo y poniendo sus matices, seguiremos siendo amigos y socios para vender y hacer un mundo mejor, no habrá fronteras, tendremos doble nacionalidad y por eso seguiremos como europeos, el Barça seguirá en la Liga española, pero se lo han creído y parece que pueden conseguir la doble mayoría absoluta:

en escaños y votos. Si así fuera o aunque a tanto no llegaran ¿qué hacer?

De momento dejar que el griterío postelectoral, que será de órdago, se calme, que formen gobierno, asunto nada sencillo, y esperar a que ese gobierno tome alguna medida que el Gobierno nacional

considere un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución u otras leyes imponen a las

autonomías o un atentado grave al interés general de España. Es el artículo 155. Ambas posibilidades las vienen alimentando Mas y compañía. Si es un incumplimiento, la vía es acudir al Tribunal Constitucional como en tantas ocasiones y esperar acontecimientos. Si se trata de lo segundo, el Gobierno puede con la autorización del Senado llegar incluso al extremo de suspender el gobierno autonómico. Una situación de emergencia sí, pero que cualquier gobierno puede encontrarse encima de la mesa algún día teniendo que resolverla con los medios de que dispone para el caso. Supongamos ahora que el nuevo gobierno catalán crecido por las elecciones y creyéndose con mayor capacidad de presión pide negociaciones, también lo ha dicho Mas. No acabo de ver cómo se puede negociar una reforma constitucional que reconozca explícitamente el hecho catalán con el alcance financiero, tributario y lingüístico que los independentistas pretenden y sus exigencias de bilateralidad, autogobierno judicial, blindaje competencial y demás. No acabo de verlo porque ni el Gobierno nacional ni las demás autonomías iban a aceptarlo. Consistiría en una reforma constitucional para recuperar todo lo que el Tribunal Constitucional rechazó en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto. Inimaginable. Tampoco veo la reforma federal de los socialistas, la tercera vía que, en todo caso y por su inconcreción, requiere mucho tiempo y negociaciones a muchas bandas y no sólo entre Rajoy y Mas. Podría ser, pero en años. La propuesta de Duran i Lleida de una reforma constitucional mínima, una disposición adicional que reconozca la específica identidad de Cataluña, suena a lo de los derechos históricos del País Vasco, ese perchero del que colgamos cuanto nos convenga, es meter de tapadillo todo lo que de forma abierta no se puede hacer. No lo veo y no lo ven Susana Díaz, Ximo Puig, el manchego García Page y demás gobernantes socialistas, por lo menos. La especificidad ya se reconoció con diferentes contenidos en la CE a Cataluña, Galicia y Euskadi, a Navarra y Canarias, pero si ahora eso no basta para Cataluña ¿por qué ha de bastar para otras autonomías que también la reclaman si resulta ventajosa? ¿Quién les dice que no y por qué?

Negociar políticamente, con discreción y el consenso de los dos grandes y algún otro emergente, mejoras concretas de financiación es lo único que alcanzo a ver y después paciencia y barajar. ¡Ah!, y que sigan las declaraciones de sensatez y realismo de más agentes sociales y de personalidades, catalanas a poder ser. Terminan por calar.