Cuando le toque al ministro Méndez de Vigo rendir cuentas en diciembre se le caerán los palos del sombrajo, puesto que los números, por mucho que los maquille, reflejarán una gestión regresiva en cantidad y calidad de la educación, no culpará a su brillante predecesor y se comerá, él, el disgusto, sin remedio.

Las políticas de austeridad adoptadas durante la crisis han provocado una pérdida de equidad como consecuencia de la reducción del gasto público educativo, al afectar a los programas más compensadores desde el punto de vista territorial y personal. Además, el descenso en el gasto público educativo ha afectado más a las familias con menor renta, que han crecido con la crisis. Según la Encuesta Condiciones de Vida, en los hogares donde vive el 20% de la población con ingresos más bajos, el porcentaje de niños y niñas que no pueden disponer de ropa nueva ha crecido desde el 3,8% de 2009 hasta el 6,5% de 2014, y los que reflejan las carencias alimentarias (comer fruta o verduras a diario, tomar al menos una comida de carne o pescado cada dos días) también han aumentado considerablemente, triplicándose en algunos casos. En cuanto a las necesidades educativas o de ocio, el porcentaje de niños con carencias ha aumentado en todos los indicadores investigados desde 2009. De nuevo, son los hogares de población con ingresos más bajos, tanto nacionales como de inmigrantes, los que sufren más las consecuencias de las políticas de austeridad frente a la crisis, donde todos los indicadores que se miden muestran una mayor incapacidad de acceso en 2014 que en 2009, es decir, el incremento de la desigualdad se hace patente. Datos de otros informes, como el de Save the Children, señalan que la evolución decreciente de las becas, las ayudas de comedor y libros de texto, etc. inciden negativamente en este repunte de la desigualdad. El alumnado perceptor de becas no universitarias en España descendió, entre los cursos 2009/2010 y 2012/2013, en un 27,25%, mientras que, en estos años, el total de estudiantes se incrementó en un 5,4%.

El curso 2015/2016 es el primero que arranca con los presupuestos de educación de 2016 en tramitación. Esta circunstancia nos permite tener datos más fiables de lo que va a ocurrir a lo largo del año escolar y vaticinar las perniciosas consecuencias que supone continuar la implantación de la Lomce sin unos recursos suficientes que aseguren las condiciones básicas en el ejercicio del derecho a la educación. Además, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir la inversión educativa al 3,7% del PIB en 2018, lo que implica retrotraerlo a niveles previos a 1990, año en el que no había ESO (obligatoria hasta los 16 años), Formación Profesional de Grado Medio y Superior ni Educación Infantil. Esta cifra, contemplada en el Programa de Estabilidad 2015/2018, augura un sombrío panorama para la educación española. Luego dirán que esto es Jauja.