En las semanas previas a las elecciones catalanas el PP, el gobierno, el PSOE o Ciudadanos deberían haber expuesto con detalle y reiteración lo sucedido en Canadá a propósito de Quebec, la provincia francófona con fuerte pulsión independentista, porque el caso fue objeto del máximo interés para académicos e ilustrados catalanes. Quebec ha sido la referencia más reciente y acabada para los movimientos secesionistas en países desarrollados, plurales y democráticos. En 1980 se celebró allí el primer referéndum con una pregunta poco directa a los quebequeses que rechazaron, el 60%, que su gobierno iniciase negociaciones con Canadá para acceder a la soberanía manteniendo una alianza económica. En 1995 se celebró el segundo en parecidos términos y el resultado fue muy apretado, victoria de los unionistas 50.6 sobre los secesionistas 49.4, y el partido independentista anunció un tercer referéndum si ganaba las elecciones en su provincia que, en efecto, ganó en 1997. Como respuesta al anuncio el gobierno canadiense preguntó en 1996 al Tribunal Supremo si el derecho canadiense o el internacional daban cobertura a una secesión unilateral de Quebec. El TS respondió en 1998 que no la da el derecho internacional porque Quebec ni es colonia ni territorio ocupado por potencia extranjera. Y que el derecho interno tampoco consiente una secesión unilateral que sólo puede reconocerse como resultado de unas negociaciones entre Quebec y el gobierno de la federación, el resto de provincias, y las minorías que hubiere dentro de Quebec. Unas negociaciones impulsadas por el respaldo en referéndum de una mayoría holgada sobre una pregunta meridianamente clara, de modo que el votante entienda que vota sobre la secesión sin mezcla de otras consideraciones. En base a la declaración del TS el gobierno canadiense aprueba la Ley de la Claridad en el año 2000 y establece que la pregunta habrá de ser visada por el parlamento canadiense que además fijará la mayoría requerida. Igualmente requiere una reforma constitucional y exige el carácter multilateral de las negociaciones. Nada, pues, de unas adefésicas elecciones plebiscitarias de las que se quería extraer lo que solo una pregunta clara y simple puede proporcionar. Unas elecciones autonómicas cuyos resultados, además, han frustrado las pretensiones independentistas. Y ahora, ¿qué?

Pues ahora lo mismo que antes del adefesio, calma y a formar el gobierno autonómico como exige el estatuto de Cataluña. Primero, la investidura de un candidato por mayoría absoluta o simple dentro de los plazos establecidos y segundo, formando el presidente el gobierno que le parezca conveniente. No será nada fácil ni lo primero ni lo segundo y aún será más complicado conseguir evitar una disolución anticipada de la cámara. Los resultados dicen que Mas se ha cargado a su partido y Junqueras ha dejado maltrecho al suyo porque juntos han tenido menos escaños que separados en 2012, aunque es cierto que han conservado el mismo apoyo de los votantes, algo más del millón y medio. Para la investidura y la formación de un gobierno que dure cuatro años necesitarán el apoyo de CUP, un partido de izquierda arrebatado e iluminado que asegura no votar a Mas y propone un gobierno "coral" estatutariamente imposible. ¡Los mejores compañeros de viaje de la media y alta burguesía catalana! Encima tiene Mas su cita judicial que, si remata, como debiera, en inhabilitación, provocará fuertes codazos en el grupo parlamentario de Junts pel Sí, si es que este grupo no se escinde antes. Las melonadas acaban pagándose y en política, el reino de lo posible, también.