La deriva de la instrucción judicial de la muerte del seguidor del Deportivo apaleado y arrojado al río Manzanares por miembros del Frente Atlético comienza a adquirir tintes inquietantes. Tanto es así, que estos días pasados se sucedieron en la ciudad los pronunciamientos en los que se reclama justicia para Jimmy. Las peñas del Deportivo, la directiva del club blanquiazul y el pleno municipal por unanimidad, han exigido que no se cierre el caso en falso y se castigue a los culpables. O sea, que existe un temor generalizado a que el peso de la ley no caiga sobre los culpables.
Lo cierto es que ese es el estado de ánimo en la ciudad y en el deportivismo ante los preocupantes indicios de que se podría dar carpetazo judicial sin acusación alguna al caso de una brutal agresión que la investigación policial ha calificado siempre de asesinato. Como una simple reyerta tumultuaria más. Sin ninguna imputación por la muerte y ni siquiera mención a un mero delito de lesiones.
La alarma se encendió hace unos días, cuando trascendió que existía un testigo presencial protegido que había identificado con nombres a los supuestos asesinos de Jimmy, al que sin embargo el juez instructor no ha llamado a declarar a pesar de la insistencia de la policía, que reitera que esas declaraciones avalan su acusación. El malestar de los investigadores policiales por la excarcelación de los cuatros acusados del homicidio es notoria y trasciende regularmente en las informaciones.
El desencuentro del juez instructor con la policía se centra en el argumento del magistrado para liberar a los presuntos responsables imputados en la investigación. Los abogados de la defensa mantienen que la policía se habría confundido de víctima, según testimonios que aportó, que hubo dos deportivistas arrojados al río por los agresores del Frente Atlético, que uno murió y otro no y que la víctima de las imágenes en las que la policía efectuó la identificación no era Jimmy, sino el Riazor Blues que sobrevivió. Los investigadores, en cambio, sostienen que los autores de ambas agresiones, apenas separadas por segundos, son los mismos, con lo que la identificación es válida. En cualquier caso, no entienden por qué los agresores identificados en las imágenes -que son los ultras excarcelados- no están como mínimo imputados por un delito de lesiones.
El abogado que defiende a los seguidores deportivistas declinó en una entrevista en este periódico hacer interpretaciones de la instrucción judicial, pero admitió que hay hechos irrefutables en este caso que producen como mínimo extrañeza. Llama la atención que hayan pasado cuatro jueces de instrucción por el caso. Con resoluciones contradictorias. El primer magistrado envió a los acusados por la policía a la cárcel. Otro juez, el cuarto, los liberó. Que no haya ningún imputado por homicidio o al menos por lesiones. O que las instrucciones de sanción administrativa para el pago inmediato de 60.000 euros hayan llegado sólo hasta el momento a los seguidores del Deportivo implicados. Por ninguno aún del Atlético, según el letrado.
Estas extrañas circunstancias están asomando también estos días en las informaciones del caso. Algunas de ellas aseguran que dos de los miembros del Frente Atlético que la policía -y el testigo protegido- señalan como autores de la agresión mortal son defendidos por uno de los bufetes más exclusivos del país, dirigido por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo. Y que los emolumentos presumiblemente elevados se financian por el Frente Atlético, entre otras cosas, con reventa de entradas facilitadas por jugadores del club rojiblanco.
Un influyente diario nacional se hizo eco de que en los círculos jurídicos madrileños existe desconcierto por el cariz que está tomando la instrucción del caso y que cunde la impresión de que el juez, sobrepasado por la dimensión del asunto, parece querer quitárselo de encima cuanto antes y pasárselo a la Audiencia de Madrid, donde probablemente acabará de dirimirse.
El caso Jimmy parte de una premisa original que ha viciado la instrucción. Desde el principio se ancló en una cómoda versión de pelea convenida de antemano por aficiones ultras que la investigación policial desmontó posteriormente con una conclusión que apunta a una emboscada del Frente Atlético a los hinchas del Deportivo. Ese intento de diluir la principal responsabilidad acabó empujando al Deportivo al papel de chivo expiatorio.
La presión ejercida sobre el club coruñés, que no tuvo igual correspondencia sobre el colchonero, generó la temporada pasada una división de su masa social que lo debilitó y a punto estuvo de arrastrarlo a Segunda.
El propio club y el e presidente de las peñas fueron sancionados -algo que no ocurrió con el Atlético- con el pretexto de no haber avisado de la expedición de los Riazor Blues a Madrid, que sí fue advertida a la policía, según prueba un correo electrónico. En realidad, buena parte de estas iniciativas punitivas que recayeron unilateralmente en el entorno deportivista pretendían distraer la atención de lo fundamental: el fallo de los servicios de seguridad en el Calderón el día de la tragedia.
Además, hubo en la ciudad quien, incomprensiblemente, quiso pescar en aguas revueltas con no se saben bien qué objetivo y cargó todo el peso de la culpa sobre Jimmy, algo realmente sorprendente no solo por tratarse de un seguidor del equipo de la ciudad, sino porque, sobre todo, se hacía culpable a la víctima.
El deportivismo y la corporación al completo del Ayuntamiento coruñés han exigido públicamente el fin de este despropósito. Demandan que la instrucción judicial agote todas las vías para esclarecer el asesinato del hincha coruñés. Y que se disipe cualquier sombra sobre el irrenunciable objetivo de hacer justicia. La ciudad no puede cejar en ese empeño.
