Editorial

Editorial: El coste de la demolición del edificio Conde de Fenosa deben pagarlo los responsables

25.10.2015 | 11:38

El culebrón del edificio Fenosa, una de las muchas secuelas de la política del pelotazo urbanístico en los 90 que la ciudad está ahora sufriendo, llega a su recta final tras casi dos décadas de inútil huida hacia adelante en los tribunales. El Gobierno local, urgido por una inapelable sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo, acaba de aprobar un proyecto de demolición parcial del emblemático inmueble de Fernando Macías que presentará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para conseguir su legalización.

Anteriores gobiernos locales que gobernaron desde 1997 en María Pita pasaron siempre de puntillas por este espinoso conflicto, limitándose a pagar más y más costas judiciales para alargar todo lo posible la cuestión en los tribunales. Sin proponer ninguna iniciativa real para hacer frente al problema y mirando siempre hacia otro lado a la hora de reclamar responsabilidades por una actuación urbanística ilegal cuyas consecuencias recaerán, como viene siendo costumbre en los últimos años, en las arcas públicas coruñesas.

El anterior Gobierno local, de Carlos Negreira, también dilató la resolución del problema y no fue hasta el final de su mandato, en febrero pasado, cuando encargó la redacción del proyecto de legalización del edificio, sin tiempo para tomar una decisión sobre su aplicación. Es al Gobierno recién elegido de Marea Atlántica al que le ha tocado inapelablemente coger el toro por los cuernos y hacer lo que seguramente debió acometerse hace ya años. Proponer la primera medida real, un proyecto de derribo parcial que elimine los elementos ilegales del edificio con el menor coste posible para las arcas coruñesas y para los vecinos del inmueble. Y que conjure definitivamente una amenaza aún mayor, la demolición total del edificio Fenosa, que aún pende sobre el Ayuntamiento. El coste que conllevaría esta última posibilidad, a la que la iniciativa municipal pretende cerrar la puerta, estimada en torno a los 50 millones, llevaría al Concello coruñés a la bancarrota.

Aun en el mejor de los casos, la factura, la enésima que soportan los bolsillos coruñeses por las irregularidades urbanísticas de la era Vázquez, no saldrá sin embargo barata. El proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local supone de entrada asumir el pago de 1,5 millones por la obra que realizar para acomodar el edificio a la legalidad y esperar después a las posibles reclamaciones de los propietarios afectados por la merma de su patrimonio.

La mayor novedad de la iniciativa del Ejecutivo de Xulio Ferreiro, aparte de ser la primera acción real encaminada a solucionar el problema y no a postergarlo, como ha ocurrido hasta ahora, es que por primera vez se anuncia la reclamación oficial de responsabilidades por los perjuicios causados al erario público y a los propietarios, residentes y comercios del edificio. Algo que en cualquier otra ciudad se vería como de cajón, pero que, por surrealista que pueda parecer, ningún Gobierno de A Coruña había ejecutado desde 1997.

El Gobierno local advierte de que si se demuestra que el Concello sufre un daño o responsabilidad patrimonial a causa del derribo parcial del edificio de Fenosa, estará obligado a exigírsela a su vez a las personas que informaron de forma favorable a la licencia del inmueble y a las que la aprobaron. El alcalde se pronunció además a favor de que el coste de las obras en el edificio, que durarán dos años, sea repercutido a los principales responsables de las irregularidades cometidas.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, que alabó la solución de demolición parcial propuesta por el Concello para ajustar el edificio al marco de legalidad del plan general en vigor, sostiene que la responsabilidad corresponde principalmente a quien concedió una licencia municipal que fue declarada nula por los tribunales.

Los arquitectos coruñeses, que demandaron en vano durante años transparencia de las autoridades municipales sobre qué pasó, quién firmó y quién se benefició de la ilegalidad del inmueble de Fernando Macías, han reiterado también que irregularidades como las del edificio Fenosa deben pagarlas los responsables, no los ciudadanos.

La propuesta de demolición parcial que el Gobierno local presentará al Tribunal Superior de Xustiza es para el responsable municipal de urbanismo, Xiao Varela, además del menor de los males posibles, la única solución técnica para evitar el derribo total del edificio que el Supremo todavía puede exigir con base en su sentencia de 2006. Los 1,5 millones de euros que se calculan de coste serán incluidos en los presupuestos municipales de 2016 en una partida específica.

El proyecto plantea la demolición de todos los torreones del edificio, además de aleros y cornisas, así como la conversión en galerías de ventanales que cuentan con vuelos sobre la fachada. A estas actuaciones habrá que sumar otras de menor tamaño en el interior de algunas viviendas y en espacios comunes para adaptarlos a la legalidad en aspectos como la normativa contra incendios.

El edificio de Fenosa fue construido en 1997 gracias a la licencia concedida a la promotora Fadesa por el Ejecutivo municipal presidido por Francisco Vázquez, que intentó legalizarlo sin éxito posteriormente ante las sentencias judiciales adversas. La génesis del escándalo es un paradigma de la política del ladrillo vigente durante la era Vázquez. Como ocurrió en el polígono de Someso, con consecuencias catastróficas para los bolsillos del contribuyente coruñés, el modus operandi se repite: se aprueban iniciativas municipales irregulares que favorecen intereses particulares y luego, años después, la factura para legalizar la desfeita recae sobre los sufridos ciudadanos.

El anterior Gobierno local, presidido por Carlos Negreira, denunció a su llegada a María Pita la pesada hipoteca de las cuentas municipales por la nefasta herencia de escándalos urbanísticos que heredaba del pasado vazquista. Pero su legislatura acabó siendo paradójicamente un parapeto tras el que se refugiaron los responsables del desaguisado.

Después de tantos años poniéndose de perfil, un Ejecutivo coruñés se muestra dispuesto a exigir responsabilidades por el daño infligido al patrimonio de todos los coruñeses, dejando atrás una era en la que el Concello se limitaba a pagar los platos rotos y decir amén.

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