Así están las cosas

01.11.2015 | 01:40
Así están las cosas

Presentada en la Mesa del Parlamento catalán la Propuesta de resolución parlamentaria "de inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", se debatirá y votará en la cámara. Hasta que eso suceda y sea firme la resolución nada se puede hacer contra la decisión de la Mesa de enviarla al Pleno porque no es un acto resolutorio sino preparatorio de la resolución. Aprobada la resolución, y dejando a un lado la probable presentación de un amparo por algunos parlamentarios que no tendría efectos inmediatos, será impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional que, automáticamente, la suspenderá y dejará sin efectos jurídicos hasta que pronuncie sentencia declarándola contraria a la Constitución. Eso mismo ocurrió con la Declaración de Soberanía de Cataluña de 23 de enero de 2013 que, suspendida primero, fue declarada inconstitucional el 25 de marzo de 2014. Esperemos que ahora el TC sea más rápido. Lo dicho es importante pero ¿qué ocurre si, respondiendo a la incitación de la Propuesta de incumplir las leyes españolas y no acatar las sentencias de los tribunales incluidas las del TC, el gobierno catalán lleva sus incumplimientos y desobediencias hasta el punto en que su actitud pueda atentar gravemente al interés general de España. Veamos.

Se ha sugerido la declaración del estado de excepción, artículo 116 CE, prevista para supuestos de máxima gravedad en los que no bastan las potestades ordinarias para preservar las libertades, los servicios públicos y el correcto funcionamiento de las instituciones y hay que recurrir a medidas extremas como poner en manos de la autoridad gubernativa la restricción de derechos tan fundamentales como la libertad, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, la libre circulación, reunión, derecho de huelga o libertad de prensa e información. A mi juicio no ha lugar, ni de lejos, la sugerencia en cuestión porque no se dan los supuestos de hecho ni mucho menos. Se ha hablado de la Ley de Seguridad Nacional pero su artículo 10, al señalar que son ámbitos de su especial interés, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente, la hace no idónea para un caso de conflicto entre el Estado y una comunidad autónoma como el que aquí interesa. Tampoco ha lugar su aplicación.

La reciente reforma de la Ley Orgánica del TC, un acierto redondo escribí hace semanas, da medios para responder inicialmente con celeridad y contundencia a conductas como las del caso, con mucha mayor agilidad que la justicia penal que es, claro está, otra vía útil al respecto. Su artículo 92.4,b faculta al TC para, entre otras medidas: "Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal". Por aquí debe ir, inicialmente, la respuesta del Estado a la Generalitat. Y si la cosa va a mayores, el 155 CE permite al gobierno hasta la suspensión de la autonomía y de ahí hacia abajo. Que el Senado esté disuelto no impide que la Diputación Permanente autorice en lugar del Pleno la adopción de las medidas que el gobierno proponga. ¿O es que ante un supuesto de riesgo para el interés general de España, se debería esperar tres meses por lo menos hasta que, tras las elecciones, se constituya el Senado? ¡Vamos anda!

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