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Editorial: A Coruña necesita garantías para una venta de muelles sin especulación

El endeudamiento en más de 300 millones de euros que lastra al Puerto por el colosal sobrecoste de las obras de Langosteira es en estos momentos el mayor quebradero de cabeza para el futuro de A Coruña. El alcalde...

22.11.2015 | 18:39

El endeudamiento en más de 300 millones de euros que lastra al Puerto por el colosal sobrecoste de las obras de Langosteira es en estos momentos el mayor quebradero de cabeza para el futuro de A Coruña. El alcalde, Xulio Ferreiro, puso el dedo en la llaga la pasada semana en una intervención en Madrid al apuntar que la génesis "cuestionable" del proyecto, vinculada a un pelotazo inmobiliario que naufragó con la crisis del ladrillo, es la causa de que el puerto exterior coruñés sea la única infraestructura portuaria española que no costea íntegramente el Estado. Sus palabras no descubren nada nuevo, pese a lo cual han supuesto todo un aldabonazo por la sencilla razón de que vienen a decir alto y claro lo que todos los dirigentes políticos y empresariales de la ciudad saben y admite en privado, pero ninguno se atreve a reconocer en público.

El Puerto coruñés está obligado a competir con las costosas dársenas que el Gobierno está financiando a lo largo del país al cien por cien -la de Ferrol, sin ir más lejos-, asfixiado por la desventaja de un pecado original que lo condena a pagar de su bolsillo, y del de todos los coruñeses, la tercera parte de la obra. Un castigo financiero que no se aplica a ningún otro puerto español.

¿Por qué A Coruña carga con este sambenito? Para entenderlo, ya que las autoridades municipales y portuarias coruñesas se han afanado en estos últimos años en mantenerlo en la sombra, hay que retroceder a 2001. El puerto exterior fue impulsado por el exalcalde Francisco Vázquez y el exministro Francisco Álvarez Cascos al hilo de la marea negra del Prestige. Tras la excusa oficial de hacer un puerto refugio para petroleros en apuros, existía una gran operación urbanística en sintonía con los tiempos del ladrillo y el dinero fácil que engendraron la devastadora crisis.

La operación consistía en trasladar a Langosteira instalaciones del puerto interior, liberando así unos terrenos que, ubicados en un enclave con enormes expectativas de futuro, serían vendidos con tales plusvalías que darían no solo para el lucro de constructores y promotores, sino para pagar el puerto exterior. Los cálculos erróneos de ese cuento de la lechera y los muchos recelos que despertó el proyecto en los organismos competentes del Estado -incluso votaron en contra del mismo- y de la UE hicieron que, para conseguir su aprobación, el Puerto coruñés asumiese una parte colosal del coste, a diferencia de lo que ocurrió en otros puertos ampliados, como los de Gijón o Ferrol.

Los colosales errores de cálculo en las previsiones iniciales, como la inexistencia de un contradique que hubo que asumir años después, hicieron que el presupuesto inicial de 479 millones cargase con un sobrecoste que supera ya los 700. Sin contar los 24 millones a abonar a Repsol por su mudanza o la imprescindible conexión ferroviaria, estimada en 130 millones, para la que no hay aún noticias en el horizonte de los presupuestos del Estado. Y un tercio de este embolado que se calcula acabará alcanzando los 1.000 millones debe pagarse desde A Coruña.

Tan evidentes eran los riesgos -y los intereses espurios que llevaban implícitos- que hasta el socialista coruñés Fernando González Laxe, que autorizó en su etapa como presidente de Puertos del Estado un crédito de 250 millones para abordar el necesario contradique que no figuraba en el proyecto inicial, fue uno de los que advirtió desde el principio de los inconvenientes que lastraban la iniciativa de Vázquez y Cascos. En las cláusulas de este crédito, como desveló estos días LA OPINIÓN, figuraba la exigencia de vender los muelles del puerto interior, la última joya urbanística de la ciudad. Pues bien, Laxe dejó claro en 2009 su posición sobre Langosteira: "Fue una decisión política en la que faltó una reflexión estratégica".

Los causantes de esta génesis irresponsable, que ahora intentan defenderse recurriendo al mantra de que se está atacando al puerto exterior, son, curiosamente, los mismos que propiciaron el hundimiento de Caixa Galicia o están detrás de las facturas millonarias que las arcas coruñesas deben aún afrontar por desfeitas urbanísticas como Someso o el edificio de Fenosa, desfeitas siempre con la política del ladrillo como telón de fondo.

Cuando el alcalde coruñés expone que esa génesis "cuestionable" que ahora lastra el futuro del Puerto y de la ciudad tiene mucho que ver con la política especulativa imperante en la España de estas dos últimas décadas, que comprometió de forma irresponsable ingentes inversiones públicas en controvertidas actuaciones, y lo compara con el aeropuerto de Castellón, está describiendo lo que efectivamente ocurrió, aunque, como él mismo ha reconocido, el paralelismo con Castellón no fue lo más acertado por su parte porque desvió el foco del mensaje que quería lanzar.

Dicho esto, es evidente que tras la ingente inversión comprometida hay que garantizar la conclusión de la obra, como el propio alcalde también aseveró. De hecho Ferreiro reiteró en Madrid su demanda al Gobierno para que financie el tren a Langosteira. Una infraestructura imprescindible, por cierto, que la Autoridad Portuaria inexplicablemente ha dejado de reclamar desde que comenzó el ciclo electoral. Además, es evidente que el traslado de las actuales instalaciones del puerto interior mejora la salubridad y seguridad de la ciudad.

Pero lo que los coruñeses demandan no es una nueva huida hacia adelante, sino una solución sensata con varias garantías claras. La primera, que la inevitable venta de los muelles no sea una operación especulativa más que hipoteque el interés general de la ciudad y el potencial de su futura fachada marítima. Y no hay mayor garantía para ello que un acuerdo con luz y taquígrafos entre el Puerto y el Ayuntamiento en el que se explique con transparencia qué se hará en los muelles liberados. La segunda, reclamar al Gobierno que asuma también su cuota de responsabilidad en este desaguisado, en cuyo origen estuvo un ministro del PP, y se comprometa a incluir en los presupuestos partidas significativas para la imprescindible conexión ferroviaria, como acaba de hacer con la dársena de Ferrol, a la que destinó 118 millones. Y la tercera, exigir responsabilidades políticas por un desproporcionado endeudamiento que acabará pagando la ciudad directa o indirectamente.

Eso sí, de poco o nada servirá todo ello si los gestores del Puerto no consiguen de una vez captar para Langosteira tráficos o empresas que generen negocio y rentabilicen lo hecho, algo que está aún muy lejos de ser una realidad. Y si no dejan de tirar balones fuera y asumen su responsabilidad, en lo ocurrido y en la situación actual, el Puerto sucumbirá bajo su inabarcable deuda por muchos muelles que se vendan.

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