Al final no le echaron, se fue. José Manuel Fernández Alvariño tiró la toalla. Llevaba meses y meses aguantando numantinamente los ataques de sus enemigos y, de puro cansado y porque la cosa no parecía tener salida, se da por vencido. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tendrá a mediados de enero un nuevo presidente, tras un proceso electoral que se prevé muy disputado entre los tres -o incluso cuatro- candidatos que se postulan, o más bien son postulados por las organizaciones territoriales o las sectoriales. Entre tanto, la patronal gallega será dirigida por los actuales vicepresidentes, los líderes provinciales, y el secretario general, en una situación de interinidad que garantiza, dentro de lo que cabe, su normal funcionamiento, aunque sea bajo mínimos.

Había apuestas a que el vigués Alvariño no llegaría a comerse el turrón al frente de la CEG. Sus enemigos se habían confabulado hace tiempo para acortar al máximo su mandato. Estaba en el punto de mira casi desde el mismo momento en que accedió a la presidencia, al derrotar en una pugna algo más que reñida a su antecesor, el coruñés Antonio Fontenla. Puede decirse que la estrategia obstruccionista se desplegó en todos los frentes posibles, sin pararse en barras. A quienes la impulsaron, cada uno con sus motivaciones, no les importó contribuir al desgaste de la imagen pública, ya de por sí muy dañada, de la entidad representativa del tejido empresarial gallego. Claro que ellos sostienen que en ese sentido la responsabilidad no es suya sino de quien se aferró al sillón presidencial a sabiendas de su precaria y casi imposible situación.

La oposición iba a por todas. El bloqueo llegó a ser total. Alvariño no conseguía que le aprobaran ni los informes de gestión, ni los presupuestos, ni prácticamente ninguna iniciativa de las que planteaba, incluidos los ajustes de gasto de personal y funcionamientos, que también sus detractores sabían imprescindibles para la viabilidad de la CEG a corto plazo. Al mismo tiempo, se fueron filtrando a los medios de comunicación datos sobre contratos de servicios suscritos por el presidente con empresas de su grupo, decisiones muy cuestionables desde el punto de vista ético, pero en ningún caso ilegales y de las que, al parecer, no faltaban precedentes en otras etapas.

Alvariño llegó al último envite con la decisión ya tomada de echarse a un lado, siempre y cuando el comité ejecutivo aprobase el calendario electoral que él había propuesto. Y así fue para su sorpresa. A la salida de la reunión todos parecían, si no satisfechos, cuando menos aliviados, por el final de un agrio conflicto de intereses y personalismos que, por llevar tanto tiempo enquistado, en un callejón sin salida, a unos y otras les estaba ocasionando un gran coste personal. Sin embargo, es probable que también hubiera coincidencia en reconocer que la crisis de la patronal galaica no está ni mucho menos encauzada, porque es harto improbable que la elección del sustituto de Alvariño logre poner de acuerdo a las distintas facciones que solo parecían tener en común el objetivo de finiquitar al demonizado presidente.

El industrial aceitero ourensano José Manuel Pérez Canal parte como favorito para pilotar la nueva etapa de la CEG. De su propio feudo, donde nada está bien atado sino todo lo contrario, surge una posible alternativa, Antonio Diéter Moure. Está por ver que el autodescartado Fontenla proponga otro aspirante por parte de la patronal coruñesa y si Lugo mueve o no ficha. Y parece probable que Alvariño apadrine algún candidato. Se habla del factotum sectorial de los conserveros, Juan Manuel Vieites, hombre de su entera confianza, que, de paso, sería el encargado de mantener en la cúspide del ente empresarial regional el peso de la provincia de Pontevedra. Porque, más allá de filias y fobias y de caudillismos, aquí también entran en juego las cuitas territoriales. Como en casi todo en este país de localismos irredentos.