Esta vez lo impostado de la sonrisa, casi de rictus, con la que compareció en un momento tan dramático le delataba. El Tribunal Supremo acaba de asestarle un golpe durísimo al alcalde de Vigo, que ni de lejos se esperaba. La anulación "radical" del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), por defectos graves en la tramitación, viene a amargarle a Abel Caballero el momento sin duda más dulce de su dilatada trayectoria política, cuando se las prometía felices, con el ego por las nubes, gozando de una holgada y dócil mayoría de gobierno en el Ayuntamiento y al mismo tiempo del lustre y el predicamento que allende el Padornelo le brinda la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El daño económico es transversal. El mazazo judicial amenaza la viabilidad de proyectos estratégicos para la ciudad olívica -empezando por la ampliación de la factoría de Citroën, el desembarco de Ikea o la Ciudad de la Justicia- y pone en cuarentena la reactivación del sector de la construcción, pendiente de ambiciosas operaciones inmobiliarias ante la existencia de una creciente demanda de vivienda. Son varios e importantes los inversores que, ante esta sobrevenida inseguridad jurídica, seguramente buscarán otros horizontes, dentro o fuera de Galicia. Hay mucho empleo en juego.

Socialmente, también se genera una cierta y comprensible inquietud entre centenares de familias y empresas. Son unos dos mil los residentes en urbanizaciones amparadas por el PXOM anulado, que creían despejados sus quebraderos de cabeza después de años amenazados por sentencias de derribo y ahora vuelven a sentir sobre ellos la amezada desasosegante de una espada de Damocles. Ellos, al igual que los otros grandes afectados, no acaban de entender cómo se pudo llegar a esta situación, sin que se midieran las enormes consecuencias de las acciones u omisiones de cada uno de los actores del conflicto.

Para sus enemigos políticos, y algún que otro compañero de partido, a Caballero le hacía falta un revolcón como este para bajarle los humos y apearlo de la moto a la que se subió tras el gran éxito cosechado en las urnas de mayo. Aunque no lo admita ni en público ni en privado, la anulación del PXOM es una severa cura de humildad para quien se puso ufano la medalla de haberlo aprobado, cuándo y cómo a él le pareció oportuno, por lo visto saltándose ciertos requisitos legales, gracias a sus influencias y a la sintonía personal y política con determinados personajes del lado socialista de la Xunta bipartita.

Quién les iba a decir a sus acólitos y votantes, y a la Galicia política en general, que el todopoderoso Caballero acabaría encomendándose a San Caetano para salir de este embrollo, y que tragaría el sapo solo unas horas después de asegurar desde Madrid, con la arrogancia marca de la casa, aquello de que "en mi ciudad lo resolvemos todo". El de la inseguridad urbanística sobrevenida en Vigo es ante todo un problema para su alcalde y para el gobierno municipal. Ahora bien, a la Xunta no le queda otra que implicarse en la solución de un desaguisado político administrativo que si en la ciudad olívica erosiona al PSOE, en muchos otros lugares afecta al PP. Porque en esto del urbanismo legalmente anómalo hay para todos, no se salva casi nadie (repásese la prensa de estos días). La magnitud de la catástrofe es precisamente la que justifica la necesidad de una nueva Lei do Solo, a la que le es exigible que sea ambiciosa casi en la misma medida en que ha de estar pegada al terreno, asumiendo con realismo lo que hay... y que tenemos el país que tenemos.