La elección de Julio Abalde como nuevo rector de la Universidade da Coruña (UDC) otorga un renovado cheque de confianza a la gestión de la candidatura Nova Luce, que dirige la institución académica desde hace doce años.
La UDC utiliza un sistema electoral en el que el censo de 19.100 personas se representa en votos ponderados, que concede el 51% del voto total a los profesores fijos, el 12% a los eventuales, el 28% a los estudiantes y el 9% a los empleados no docentes. El resultado, con 3.445 votos ponderados para Abalde frente a los 2.805 logrados por el candidato Daniel Pena, ofrece matices significativos. El estamento profesoral se decantó por la candidatura opositora, con un ajustado resultado de 2.029 votos a Pena frente a los 1.909 de Abalde. Esa diferencia de 118 votos a favor de Pena entre los docentes se neutralizó con la victoria de Abalde en el estamento de los empleados no docentes, en el que obtuvo 92 votos más que el candidato opositor. Hasta ahí, las urnas arrojaban prácticamente un empate técnico que la votación de los estudiantes deshizo de manera rotunda, con 1.209 votos para el ganador frente a los 541 del otro candidato.
El decisivo apoyo del estudiantado a la candidatura de Abalde que ha decantado estas elecciones académicas ha sido interpretado como un espaldarazo a una política de Nova Luce más comprometida con la defensa del carácter público de la enseñanza superior, muy crítica con la subida de tasas y con los recortes presupuestarios de las administraciones estatal y autonómica.
La situación financiera de la Universidad coruñesa se ha visto gravemente deteriorada en los últimos años, con la reducción del presupuesto anual, que ha pasado de los 137 millones de 2009 a los actuales 115. La UDC alcanzó en 2015 una alarmante falta de liquidez que obligó al Rectorado en junio a adoptar una drástica suspensión de gastos no presupuestados para garantizar que el curso 2015-16 arrancase con normalidad.
Como consecuencia de esta precariedad económica, el equipo de gobierno de la UDC mantuvo un pulso con la Xunta en demanda de más fondos que se acentuó tras el verano con un recurso judicial en el que reclamaba a Educación 8,7 millones supuestamente atrasados que debería haber recibido con cargo al vigente plan universitario gallego.
Pese a que esta exigencia sigue todavía su curso en los tribunales, el Rectorado coruñés llegó el mes pasado a un acuerdo con la Consellería de Facenda en el que aceptaba rebajar gastos corrientes que no afectasen a las partidas para apoyos a los estudiantes, a cambio de una inyección financiera autonómica que le permitirá cerrar sus cuentas este año sin desequilibrios. El pacto parece ser extensivo también a las negociaciones sobre el plan financiero del sistema universitario gallego para los próximos años, que será aprobado en 2016.
La Universidade da Coruña tiene por delante grandes desafíos, entre los que sobresale la necesidad de dar un cualificado salto adelante en la excelencia investigadora. Y en ese afán no sobra nadie, como reconoció el nuevo rector al tender la mano al equipo de Pena, a quien agradeció el tono constructivo de su campaña. El cambio del ciclo económico en España por la crisis se orienta cada vez más claramente a un modelo productivo en el que resultará clave la inversión en Investigación y Desarrollo. La sangría de recursos de las Administraciones para investigación deja sin embargo malparada a la intelligentzia coruñesa para subirse al tren del futuro.
Esa limitación del potencial de la investigación académica en A Coruña no se corresponde con su realidad de principal motor económico generador de riqueza en Galicia. Y resulta evidente que ambas cosas deberían ir de la mano para mantener esa fortaleza en el futuro.
El equipo de gobierno de la Universidad tiene el reto de conseguir una imbricación aún mayor de su red de investigación con el mundo empresarial circundante, pero el salto cualitativo que precisa difícilmente se logrará con un reparto de ayudas por las Administraciones que discrimine a la institución coruñesa. La Universidade da Coruña aspira a que su oferta académica esté ajustada a las necesidades de su entorno y reclama para lograrlo la financiación que por justicia le corresponde.
