Editorial

Asignaturas pendientes de A Coruña en año electoral

03.01.2016 | 02:01

A Coruña encara 2016 con importantes asignaturas pendientes cuya agenda estará marcada, como en el ejercicio anterior, por una cita electoral clave. Los comicios gallegos, que deben celebrarse antes de octubre, podrían sin embargo adelantarse en función del contexto político nacional, según ha admitido esta pasada semana el propio PP. Sin descartar tampoco la posibilidad de una segunda ronda de las generales en las urnas.

En este contexto, las inversiones previstas por el Gobierno gallego en el área coruñesa son el principal barómetro de un año con claro color autonómico. No hay presupuesto en año electoral que no conlleve inauguración a la vista y en 2016 esa prioridad está focalizada en el largamente esperado traslado de buena parte de los juzgados coruñeses a la nueva sede en el edificio de Tabacos.

La partida más elevada consignada en los presupuestos autonómicos para este año, con algo más de ocho millones, corresponde precisamente a la conversión del antiguo edificio de la Fábrica de Tabacos en la nueva sede de dependencias judiciales. Un proyecto que se viene arrastrando desde hace años, tras una operación inmobiliaria fallida en el histórico inmueble, cuya actividad industrial cesó en 2002, y un enfrentamiento institucional entre la Alcaldía de Javier Losada y la Xunta de Feijóo que retrasó la iniciativa.

La ansiada Ciudad de la Justicia vendrá a agilizar el funcionamiento de unos tribunales coruñeses con graves problemas de sobrecarga de asuntos por resolver y escasez de medios. Tabacos reunirá en un nuevo espacio más amplio y mejor acondicionado las dependencias de la Audiencia Provincial; la Fiscalía, excepto de la del Tribunal Superior; los juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria; y la Secretaría de Coordinación.

Las obras van a buen ritmo y la Xunta prevé inaugurar el nuevo complejo judicial a tiempo para las elecciones, aunque un adelanto electoral podría trastocar estos planes. Es de esperar que estas posibles contingencias no lleven a los responsables a la tentación de forzar inconvenientemente los tiempos de acabado de la obra, como ocurrió con el Ejecutivo de Negreira en las pasadas municipales con la urbanización y el túnel de la Marina, con las penosas consecuencias conocidas.

Más conflictivo se presenta el horizonte de otra vieja asignatura pendiente, el interminable ofimático, la última gran actuación urbanística en el municipio coruñés, atascada en los últimos años por la crisis. El Gobierno gallego le había destinado para este año la segunda mayor inyección económica en A Coruña, con casi cinco millones para pagos de cuotas de urbanización y construcción de pisos en el polígono residencial.

Este empujón al proyecto quedó sin embargo frenado en seco este pasado diciembre por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló por irregularidades la adjudicación de la urbanización del ofimático por el Gobierno de Javier Losada un mes antes de las elecciones municipales de 2011. El contrato anulado, por 42 millones, carecía de los preceptivos estudios de viabilidad y anteproyecto. Otro lapidario ejemplo de que las prisas electorales nunca son buenas. El nuevo Ejecutivo de la Marea tendrá ahora que volver a plantear la adjudicación, para lo que ha iniciado negociaciones con los promotores. Sobre la mesa está la posibilidad de abaratar el proyecto con la renuncia al megaaparcamiento previsto en la actuación original.

Otros retos igualmente postergados desde hace años, especialmente en materia de infraestructuras de comunicación, e interdependientes de las inversiones del Estado, están aplazados como mínimo hasta 2019, sin inversiones significativas previstas este año. Es el caso de la estación intermodal, a la que la Xunta ha destinado en 2016 una testimonial partida de 426.000 euros para un estudio, dejando el grueso de las aportaciones, ocho millones, para después de 2018.

La regeneración de la ría de O Burgo, otro sempiterno asunto en el cajón, recibe por primera vez en cinco años una partida del Gobierno central. Un millón en 2016 y otros seis hasta 2019, de un total de 46 millones precisos. La Xunta no destina inversión al dragado integral y se limita a actuaciones puntuales de mejora ambiental en el estuario, como parques de tormentas.

Los presupuestos autonómicos para este año, presentados en octubre pasado, incluían un inquietante indicio para el área coruñesa que levantó una tormenta de críticas. El Gobierno gallego relegaba en sus cuentas al aeropuerto coruñés a categoría estatal y solo reconocía a Lavacolla como terminal clave en el tráfico estatal. Portavoces de San Caetano intentaron quitar hierro posteriormente a la cuestión, que queda sin embargo pendiente de una reorganización de rutas de las tres terminales gallegas.

En el ámbito de la inversión estatal, la prioritaria financiación del ferrocarril a Langosteira, que el pleno municipal coruñés reclama al Estado, así como una garantía de que no se hipoteque el futuro potencial de la fachada marítima de la ciudad en una probable operación de venta de los muelles interiores, quedan a la incierta expectativa del nuevo Gobierno central.

A Coruña precisa en esta recta final de salida de la crisis apuestas de futuro y políticas que sienten los cimientos de un necesario despegue de la ciudad. Una visión de futuro que está reñida con las miras a corto plazo. Especialmente las electorales. Este es el principal riesgo a conjurar en este 2016 que ahora echa a andar en medio de grandes tensiones e incertidumbres marcadas por un nuevo y complejo mapa político aún por cerrar. Los líderes coruñeses tienen ahora más que nunca la responsabilidad de primar los intereses generales sobre los partidarios y evitar que las lícitas pugnas en la arena política obstaculicen el objetivo prioritario y común de devolver al área de A Coruña la confianza en su futuro.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine