Aunque todavía hay tiempo -un par de días- para que se presenten otros candidatos, salvo sorpresa, el próximo presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) será un ourensano, o el gerente de Aceites Abril, José Manuel Pérez Canal, o el primer dirigente de la patronal de la formación de Ourense, Antonio Diéter Moure. En un espacio de pocas horas, como mirándose de reojo, ambos han dado un paso adelante, formalizando sus candidaturas de cara a la decisiva asamblea general del día 15. En ella medirán las respectivas fuerzas como lo vienen haciendo, el uno desde el poder y el otro desde la oposición, en la cancha empresarial de su provincia. Cada uno de ellos encabeza uno de los dos bandos en los que está fuertemente dividida la confederación que los acoge.

Pérez Canal tiene apenas un par de años de experiencia en estas lides. De la presidencia de la Confederación Empresarial Ourensana saltó al equipo directivo de la CEG de la mano de José Manuel Fernández Alvariño. Fue uno de sus principales apoyos, de ahí que la candidatura del aceitero sea tachada por algunos de continuista en relación a un controvertido modelo de gestión, el "alvariñista", que llevó a la máxima institución empresarial autonómica a una situación de grave crisis y a unas elecciones anticipadas.

Para algunos parte como favorito, en tanto en cuanto sea capaz de romper lazos con el pasado y por ese camino recabar la adhesión de los sectores que, a pesar de la afinidad inicial, acabaron distanciados del anterior presidente. La trayectoria de su empresa le avala como directivo y gestor.

Por su parte, Diéter Moure no aspira a un liderazgo personalista o de perfil alto. Solo pretende ser el portavoz del conjunto de las organizaciones provinciales, a las que garantiza que seguirán manteniendo su plena autonomía de funcionamiento, sin ingerencias regionales, al igual que de las sectoriales, cada una con sus específicos intereses. Ese es el único modo de garantizar el correcto funcionamiento de la CEG. Nada de voz ni ideas propias. El acento hay que ponerlo en la mejorar capacidad de representación y de interlocución, sobre todo ante la administración autonómica, las instituciones o los agentes sociales, pero también con la sociedad gallega en general. Para eso nació en su día la confederación gallega y de ahí no debe pasar. En lo demás se las arreglaba cada provincia por su lado.

Creada en 1981, casi al tiempo que se implantaba en Galicia la autonomía política, la CEG dice representar a más de ciento cincuenta mil empresas gallegas, la inmensa mayoría de pequeño tamaño y alguna que otra mediana. Las grandes compañías gallegas, como las del resto de España, no suelen integrarse en este tipo de entidades, prefieren ir a su aire, o, si acaso, crear sus propios lobbies. Su objetivo fundacional es fomentar la iniciativa privada y la economía de mercado, lo cual, necesariamente, comporta un posicionamiento político activo. No le es ni puede serle indiferente quién gobierne, aunque deba entenderse con ejecutivos de cualquier color. Eso lo ha de tener claro quien quiera que ocupe la silla que dejó vacante Alvariño, al igual que la necesidad de acabar de poner orden en la estructura y las cuentas de la empresa que es la propia confederación. Esa asignatura sigue pendiente. Y todos saben que cada día que se deja pasar será más difícil de aprobar.