El pleno municipal de A Coruña acaba de aprobar por unanimidad, a propuesta de Marea Atlántica, que se reclame a la Federación Galega de Fútbol (FGF) una indemnización económica si finalmente no edifica su sede autonómica en el polígono de San Pedro de Visma, según el acuerdo firmado con el Ayuntamiento en 2012, así como la devolución de los terrenos municipales cedidos con ese fin.
La Federación Galega de Fútbol, presidida entonces por el alcalde socialista de Cerceda, José García Liñares, firmó en 2012 un acuerdo con el Concello coruñés, con Carlos Negreira en la Alcaldía, por el que se comprometía a edificar su nueva sede gallega en Visma a cambio de la cesión de terrenos municipales en el polígono, destinados al nuevo edificio institucional y a campos de fútbol, que están ya casi terminados.
La Federación, que comprometía una inversión de más de cinco millones de euros en tres años, reclamaba también al Ayuntamiento coruñés la construcción de nuevas infraestructuras de acceso, en las que se han gastado ya más de 600.000 euros del erario municipal coruñés. El acuerdo fue plasmado en el plan de inversiones de la FGF aprobado a finales del año 2013.
Esta hoja de ruta empezó a torcerse tras la llegada a la presidencia de la Federación en diciembre de 2014 de Rafael Louzán, líder provincial del PP en Pontevedra, quien a lo largo de 2015 fue desgranando sucesivas argumentaciones contra el acuerdo firmado con el Concello coruñés en 2012.
En agosto pasado, las declaraciones pasaron a ser más explícitas. Louzán frenó en esa fecha el inicio previsto de las obras de edificación de la nueva sede gallega de la institución en A Coruña con el pretexto de la denuncia de una empresa afectada. Lo peor, sin embargo, ya se veía venir. Y se materializó en diciembre, cuando la escalada de Louzán contra la nueva sede coruñesa de la FGF culminó en la anulación del acuerdo de 2012.
El golpe llegó a pesar de las advertencias del Gobierno municipal de María Pita sobre las más que probables consecuencias judiciales que deberá arrostrar la FGF por el incumplimiento de un acuerdo por el que se benefició con terrenos municipales y que ha ocasionado ya importantes gastos al Ayuntamiento coruñés. La inversión comprometida de cinco millones aprobada en 2013 se redujo a unos testimoniales 175.000 euros, al sustituir la construcción del edificio destinado a albergar la nueva sede de la Federación Galega de Fútbol en Visma, por la permuta de dos pisos por un bajo de 600 metros en Elviña.
Al fondo del conflicto subyace sin embargo algo aún más preocupante que el flagrante incumplimiento del acuerdo firmado con el Ayuntamiento. Resulta evidente que desde la llegada de Louzán, hombre fuerte del PP en Pontevedra, todos los pasos se encaminaron a dinamitar la histórica localización de la sede del fútbol gallego en A Coruña. Una tradición debida, entre otras razones, a que A Coruña es quien aporta más jugadores y clubes federados. El equipo de Louzán quiso justificar su estocada al ambicioso proyecto de Visma con la necesidad de ajustar costes, pero la verdadera cuestión de fondo es otra.
Hay claros indicios, como han apuntado ya algunas voces críticas de la propia Federación Galega de Fútbol, de que esta marcha atrás pudiera ser apenas un paso previo para llevarse la sede de la institución fuera de A Coruña, donde ha estado ubicada desde hace décadas. La dimensión del bajo de Elviña resulta claramente insuficiente para acoger la proyectada unión en una nueva sede de las escuelas de árbitros y entrenadores, además de la mutualidad, ubicadas también por separado en A Coruña.
Este dato hace temer a asambleístas de la FGF que la histórica sede coruñesa del fútbol gallego, que el acuerdo firmado en 2012 venía a reafirmar con unas ambiciosas instalaciones, se vaya vaciando de contenido hasta desaparecer en los próximos años por intereses personales o políticos, más que deportivos. De hecho, la actual directiva de la FGF tuvo que salir al paso en agosto, cuando decidió frenar las obras de la nueva sede en Visma, para aclarar que no estaba previsto su traslado a Santiago. De momento.
El Concello debe mostrarse firme ante estas amenazas de desmantelamiento de la histórica administración del fútbol gallego en A Coruña y exigir en los tribunales las oportunas indemnizaciones por el incumplimiento de un acuerdo por el que las arcas coruñesas han desembolsado ya importantes partidas. Además de ceder valiosos terrenos para una finalidad que ahora se intenta hurtar a la ciudad. Una deslocalización a la que los actuales responsables de la Federación Galega de Fútbol parecen encaminados, por intereses personales y políticos más que deportivos, con absoluto desprecio de los perjuicios judiciales que pudiera causarle a la propia institución.
