Editorial

Las contrataciones del Puerto exigen transparencia y competencia

14.02.2016 | 01:13

La Autoridad Portuaria de A Coruña adjudicó el año pasado 11,9 millones (1.920 millones de las antiguas pesetas) en contratos menores o negociados que no salieron a concurso público, según desvelan las cifras del Observatorio de la Contratación Pública e informó este periódico. Es decir, sin un proceso que garantice la transparencia y la competencia en la adjudicación de los contratos. En su lugar, se optó por un mecanismo de contratación que adjudica directamente a una empresa o, en algún caso, a una persona particular.

El reparto de estos casi doce millones se hizo a través de 303 contratos menores, una veintena de ellos negociados sin publicidad, y uno negociado con publicidad, por valor de 4,7 millones. Tanto los contratos menores como los negociados se adjudican sin concurso público. La diferencia en el caso de los negociados es que el contratante elige a tres empresas con las que negocia la adjudicación. El Puerto solo realizó en 2015 cuatro contratos abiertos, por un importe total de 20,6 millones.

Entre los más de trescientos contratos menores y negociados sin publicidad, que suman más de siete millones, la adjudicación se efectuó en todos los casos por el mismo importe del presupuesto base, sin rebaja alguna. Excepto en un solo contrato, en el que se adjudicó a un despacho de abogados por 1.764 euros frente a los 2.284 licitados. El listado de operaciones ejemplifica esta falta de ahorro en unas obras de rebacheo licitadas en 31.210,41 euros y adjudicadas exactamente por 31.210,41 euros. Sin un céntimo de rebaja.

Con procesos abiertos, por el contrario, sí se logra abaratar considerablemente el coste. Es el caso de la obra para proteger las tuberías del dique de abrigo del puerto exterior de Langosteira, licitadas en principio en 27,6 millones, pero adjudicadas finalmente en 19,9 millones tras el plazo de presentación de ofertas.

El contrato menor es una fórmula de adjudicación sin concurso público que permite la legislación a las administraciones públicas para agilizar situaciones imprevistas y urgentes de escasa consideración económica. Con un límite de 50.000 euros en la adjudicación en caso de obras y 18.000 en servicios. No cabe duda de que es un mecanismo que cumple con la legalidad, pero hay que aclarar que fue pensado para resultar una excepción en el conjunto de la contratación y que debería atenerse a esas premisas de urgencia e imprevisión. El problema sobreviene cuando se abusa del procedimiento y lo excepcional se convierte en la norma. Y en el caso del Puerto, el 98,7% de los contratos en 2015 se realizaron sin concurso. Destaca, por ejemplo, la adjudicación del documento urbanístico para la construcción del centro de interpretación arqueológico del castro de Cociñadoiro en Langosteira por 49.500 euros, al filo del límite legal. Una operación que difícilmente cumple con las premisas de urgencia e imprevisión que corresponden a los contratos sin concurso.

Un examen detenido de las cifras contractuales del Puerto revela, por ejemplo, que un solo adjudicatario ha sumado hasta 140.000 euros a base de acumular hasta quince contratos menores.

Tras darse a conocer estos datos preocupantes, la Autoridad Portuaria alegó la legalidad de sus contratos, lo que nadie pone en duda, y que todas sus licitaciones son fiscalizadas por el interventor del Estado. Puntualiza también que en los contratos menores solicita presupuestos a varias empresas y logra rebajas, aunque en los datos de la plataforma de contratación no figuren porque no son legalmente exigibles.

Sorprende sin embargo que en el listado de adjudicaciones solo figure el ahorro conseguido en un solo contrato y en todos los contratos menores, pese a la explicación de que se pidieron diferentes presupuestos, conste que se presentó un solo licitador.

PSOE y BNG manifestaron que el exceso en la contratación sin concurso en el Puerto no es propio de una administración moderna y que contrasta negativamente con las exigencias de transparencia en la gestión que demandan los ciudadanos. El Gobierno local se limitó a explicar que tiene en este asunto un criterio muy distinto al de la Autoridad Portuaria.

El abuso de la contratación sin concurso ha sido apuntado en los últimos años desde los observatorios democráticos como una inquietante tendencia que degrada la transparencia en el proceso de contratación por las administraciones públicas en España. Una de las utilizaciones más oscuras del contrato menor es el de partir la adjudicación de una considerable obra en varios contratos menores de 50.000 euros para esquivar la contratación abierta.

La propia Unión Europea alertó reiteradamente a España sobre los riesgos de la generalización de una modalidad opaca de contratación que debería usarse con moderación, excepción y vigilancia para evitar la discriminación en las adjudicaciones.

No se está, así pues, prejuzgando la legalidad de estas actuaciones, faltaría más. Lo que se está diciendo es que, a la luz de los datos del Observatorio de la Contratación Pública, en las adjudicaciones de la Autoridad Portuaria hay una preocupante relevancia de la contratación efectuada sin concurso público. Un innegable desequilibrio que evidencia un déficit de transparencia y libre competencia en las contrataciones que debería corregirse. Y, con la que está cayendo, resulta evidente que lo que exige la sociedad es corregir inmediatamente esos déficit.

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