Cuando la Administración traiciona su función pública, la ciudadanía tiene la obligación de movilizarse y defenderse. Y no solo hablamos de la corrupción como el aprovechamiento de las instituciones para beneficio personal, una práctica que en España cuesta entre el 1 y el 5% del PIB y supera los recortes en ámbitos como la sanidad y la educación.

Solo las obligaciones derivadas de procesos judiciales por los conflictos urbanísticos de los últimos años suponen una reserva de 2,3 millones en el presupuesto del Ayuntamiento de A Coruña. Un ejemplo es la concesión de licencias urbanísticas ilegales en el edificio Conde de Fenosa, cuya solución oscila entre los 1,5 millones del derribo parcial y los 45 millones del derribo total.

Otra muestra es la indemnización municipal a los expropiados en Someso, calculada en casi 20 millones sin que, por el momento, los responsables deban abonar un euro. La diferencia es que, además de sufrir los desaguisados oficiales vía impuestos o recortes en los servicios públicos, el ciudadano debe pagar de su bolsillo cuando incumple. Es decir, apoquina siempre, cuando es causante en lo privado y cuando no en lo institucional.

Otro caso de estos días tiene que ver con el afán ministerial por enarbolar la bandera del negocio. Desde luego, no es la enseña de la patria la que mueve al Ministerio de Defensa a subastar por 24,8 millones los terrenos de A Maestranza, con capacidad para casi 300 viviendas. Ni tampoco la que impulsa a Interior a exigir 1,2 millones para que el Ayuntamiento recupere el territorio de la vieja cárcel. Y ya hablamos del propósito de la Autoridad Portuaria de vender los muelles. Todas son Administraciones y todas siguen el mismo patrón: hacer caja como cualquier inmobiliaria.

De momento, ninguna se ha interesado en abrir un debate sobre el modelo de A Coruña que nos identifica, cuáles son las necesidades y urgencias de la ciudad y su comarca de aquí a veinte años, qué evolución productiva y sociológica nos espera, o cómo articular un urbanismo sostenible, responsable y ciudadano. Y, sobre todo, compartir lo aprendido durante la crisis, si es que hemos aprendido algo.