He contado mentalmente hasta diez para no soltar aquí la mala bilis que se me generó cuando leí que todos los diputados del recién disuelto Congreso de los Diputados seguirán cobrando su sueldo íntegro hasta las elecciones. Es decir, que dos meses después del cese en sus cargos -de su despido o finiquito, si se quiere-, sus señorías se embolsarán, como poco, 2.823,87 euros mensualmente, aparte de otras retribuciones según puestos y cargos desempeñados en el Congreso. Y mantendrán sus móviles y tabletas, con gastos a cargo del erario público, hasta la constitución de las nuevas Cortes. Leo también que esta compensación, que fue aprobada por la Mesa del Congreso justo antes ser disuelto, es distinta de la indemnización prevista en el reglamento del Congreso, a modo de paro, en casos de cese. En resumen y para comprender el enojo: que antes de irse a sus casitas, los diputados han tenido el buen cuidado de irse con los bolsillos repletos, dando el peor ejemplo que se pueda dar a una sociedad que arrastra las consecuencias de una crisis social y económica. ¡Cómo no entender el desencanto de tantos ciudadanos ante la incuria, y además la desfachatez en este caso, de bastantes miembros de nuestra clase política!
