Editorial

Las claves de un año de nuevo gobierno en María Pita

30.05.2016 | 15:12

Hace ahora un año, A Coruña vivía uno de los mayores vuelcos políticos en su historia democrática. Una plataforma ciudadana creada pocos meses antes de las elecciones municipales del 24 de mayo y bautizada poéticamente como Marea Atlántica por el escritor Manuel Rivas, daba la campanada y ocupaba la alcaldía de María Pita contra todo pronóstico.

Ninguna encuesta había previsto el vertiginoso cambio que se estaba gestando en el electorado coruñés, en sorprendente sintonía con lo que se cocinaba en las grandes capitales españolas como Madrid, Barcelona o Valencia. El inesperado éxito de la Marea coruñesa abriría la puerta a un nuevo mapa político en Galicia con la posterior coalición electoral En Marea, que en las pasadas elecciones generales de diciembre se convirtió en la segunda fuerza en la comunidad.

Pese a que el primer año de gobierno municipal de Marea Atlántica, encarnado sobre todo en la figura del alcalde Xulio Ferreiro, aún no se ha cumplido, la efemérides de un vuelco electoral tan contundente en la ciudad obliga a echar la vista atrás y hacer un balance de estos casi doce meses de gestión institucional del cambio político fraguado en las urnas.

De entrada, hay que valorar que han sido unos meses convulsos en los que la pugna partidista ha primado sobre la acción de gobierno. Algo que hay que anotar en el debe de todas las fuerzas políticas representada en María Pita, sin excepción.

El sorpasso con el que unos recién llegados desahuciaron de la Alcaldía de la noche a la mañana a un partido que gobernaba también el país y la comunidad autónoma, el PP; arrebataron el papel de alternativa de gobierno a otro, un PSOE que con décadas de gobierno de la ciudad a las espaldas fue descendido a la tercera plaza y ocuparon a la vez el espacio radical que durante años ostentó el BNG, fue difícil de digerir. Un avispero de recelos políticos magnificado además por la interminable campaña electoral en la que está sumergida España entera, agudizada aquí por los inminentes comicios autonómicos.

Este revuelto entorno político, junto con la bisoñez en la gestión pública, está en la raíz de que la acción de gobierno en María Pita haya discurrido con evidente parsimonia en algunas cuestiones. La inusitada tardanza en la aprobación del presupuesto municipal, una herramienta sin la cual es imposible desarrollar las líneas maestras de cualquier gobierno, es consecuencia, y a la vez causa, de todo ello.

Los seis largos meses necesarios para que dos fuerzas políticas, Marea Atlántica y PSOE, sin grandes cuestiones que los separen en sus líneas programáticas, parieran finalmente un acuerdo presupuestario, son un ejemplo lapidario de esa viciada atmósfera política en la que lo partidario no ha estado a la altura de lo ciudadano. Lo más inexplicable de esa empecinada reticencia al acuerdo es que no se debió fundamentalmente a ninguna diferencia esencial en los programas. Fue pura estrategia política. Es decir, de la pugna por hacerse con la hegemonía en la izquierda a semejanza de lo que sucede a nivel nacional.

Casi se puede decir que es a partir de ahora, con esta tardía luz verde a las cuentas, cuando se verá realmente cuáles son los proyectos que identifiquen la huella del cambio en el gobierno local. Entre ellos, están la renta social municipal para personas en exclusión social, que tras recibir la luz verde de la Xunta podrá ponerse en marcha a partir de junio o el nuevo mapa de distritos que impulse la participación vecinal. El Ejecutivo de Ferreiro acaba de anunciar también que los vecinos decidirán en 2017 el destino de un millón de euros para inversión en obras, una iniciativa inédita en A Coruña.

Hay evidencias de un nuevo rumbo. Se han puesto en marcha iniciativas de transparencia, como la retransmisión en directo de los plenos y la participación de miembros del Gobierno en reuniones con los vecinos en centros cívicos, que la oposición ha tachado de marketing político. Los nuevos impuestos municipales, pactados antes de los presupuestos por Marea y PSOE, incorporan elementos de progresividad que favorecen a pequeños consumidores y familias sin recursos.

Uno de esos nuevos signos, con su cara y su cruz, es el celo por la legalidad. Es el caso del cumplimiento de la ley de memoria histórica con la retirada de nombres franquistas a las calles que anteriores corporaciones no se atrevieron o no quisieron aplicar. Y de otros que, con el peaje de la falta de experiencia de esta joven corporación primeriza puede ralentizar la acción de gobierno. Es el caso, criticado por promotores inmobiliarios, de la lentitud en la aprobación de licencias urbanísticas.

Imposible sustraerse, claro está, al hecho de que el presupuesto municipal coruñés lleva años hipotecado por las millonarias sentencias judiciales que las arcas públicas deben afrontar por la ligereza y el desprecio por la legalidad a la hora de conceder esas licencias por anteriores Ejecutivos. Ahí está Someso, que ya ha costado más de 20 millones a los coruñeses; el ofimático, cuyo contrato de urbanización debe repetirse desde cero por las prisas en la adjudicación en vísperas de las elecciones municipales de 2011 o el edificio Fenosa, cuyo desprestigio legal ha llevado a retirarle el nombre, que ya veremos lo que costará.

Sorpresivamente, sin embargo, esa falta de experiencia no impidió que el Gobierno local mantuviera firme el timón en las negociaciones con el Estado en temas como la ampliación de Alfonso Molina, en la que logró que Fomento aceptase "humanizar" la entrada a la ciudad o la venta de los muelles para financiar Langosteira, en la que cerró un acuerdo con Puertos del Estado para recuperar parte de esos solares para uso público y evitar al Concello posibles sobrecostes en la obra del túnel de la Marina.

En este primer año, el Ejecutivo de Xulio Ferreiro ha dado pasos claros hacia ese cambio que proclamaba en su camino a la Alcaldía, especialmente en todo lo referente a trasparencia. Y es indudable que de las tres alcaldías de la provincia gobernadas por correligionarios de Marea, la de A Coruña es la que más normalidad ha logrado imprimir a su gestión. En el déficit habría que apuntar, sobre todo, la urgencia de reconducir la relación con el socio preferente de gobierno, el PSOE, en aras a trabajar en un horizonte de estabilidad alejado de la politiquería de tres al cuarto. Son la cara y la cruz más relevantes de este primer año de gobierno, muy poco tiempo aún para juzgar una gestión fruto de uno de los mayores vuelcos políticos habidos en la ciudad desde la restauración democrática.

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