Editorial

Una pionera herramienta contra la pobreza en A Coruña

19.06.2016 | 01:46

La renta social municipal, una de las iniciativas que más claramente se identifican con el nuevo Gobierno local coruñés, podrá entrar en vigor en julio tras ser aprobada de forma inicial el pasado lunes en el pleno con los votos de Marea y PSOE y la abstención de PP y BNG. A Coruña se convierte así en la primera ciudad de Galicia que contará con una prestación económica directa de entre 532 y 1.064 euros para cubrir las necesidades básicas de familias que han caído en el umbral de la pobreza.

El Ejecutivo contará con 2,1 millones de euros este año para socorrer a las familias y vecinos más necesitados. Al ser una prestación directa, la renta se concederá sin necesidad de que los beneficiarios justifiquen los gastos, pero les compromete a seguir un itinerario de inserción para salir de su situación de exclusión social que será tutelado por los servicios sociales municipales. La medida deja finalmente fuera a los inmigrantes sin papeles.

La renta social municipal viene a implantarse como un "complemento" de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) y de las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento para vecinos sin recursos. Se crea para llenar el vacío que no cubre la primera y para convivir con las segundas.

Los beneficiarios serán aquellos vecinos que los técnicos municipales estimen que se encuentren en riesgo o en situación de exclusión social y que no reciban la Risga. Deberán llevar al menos seis meses empadronados para solicitarla y los inmigrantes no comunitarios tendrán que acreditar su residencia legal. Las víctimas de violencia doméstica, emigrantes gallegos retornados o refugiados estarán exentos de estos requisitos.

La cuantía máxima de la ayuda por familia se fija en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el índice usado en España para la concesión de ayudas y becas, que equivale a 532 euros mensuales. Por familia o unidad de convivencia se entiende a las personas que convivan en un mismo domicilio y estén vinculadas con la beneficiaria de la ayuda por matrimonio, adopción o consanguinidad. La ayuda familiar de 532 euros puede incrementarse un 20% por cada miembro familiar sin recursos, sin que pueda superar los 1.065 euros y si las familias beneficiarias obtienen algún pequeño ingreso, se les descontará de la renta. En el caso de que convivan dos familias en un mismo domicilio, podrán concederse un máximo de dos rentas con la condición de que en cuatro meses se acceda a una nueva vivienda.

Esta pionera herramienta de política local contra la precariedad, consensuada por el Ejecutivo con colectivos de acción social de la ciudad en reuniones mantenidas desde el pasado mes de septiembre, ha sido muy bien acogida por estas asociaciones, que aportaron ideas y expusieron las condiciones reales del entorno que atienden.

Estos colectivos, entre los que figuran entidades tan emblemáticas en la lucha para erradicar la pobreza como Cáritas, Cruz Roja, Cocina Económica, Padre Rubinos y Ecos do Sur, así como los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIG y la Federación de Asociaciones de Vecinos, valoran especialmente su fórmula como prestación directa, las rutas de inserción que incluye para la integración de estos sectores desfavorecidos y la implicación en su desarrollo de los colectivos que mejor conocen la problemática social de la ciudad. La ayuda se concederá por un plazo de seis meses y se podrá prorrogar hasta un máximo de 18 si las condiciones de exclusión se mantienen.

La renta social, cuya aprobación por el pleno municipal no estuvo asegurada hasta la votación final, ha sido recibida como un "feliz parto". La frase no es de ningún miembro del Gobierno local o de la corporación, sino del director de Cáritas en A Coruña, Vicente Iglesias Martelo, que atendió el año pasado en la ciudad a un millar de familias en situación de precariedad extrema, casi la mitad de ellas por primera vez, lo que demuestra que los efectos devastadores de la crisis están lejos de atenuarse.

Vicente Iglesias valora que el Gobierno local se haya dejado aconsejar por aquellos más próximos a la realidad social de la ciudad. Como la Cocina Económica, cuyos portavoces consideran que la renta social, por su condición de prestación directa, es una ayuda más realista que la Risga a la hora de llegar a aquellas personas en situaciones de precariedad extrema. O la Cruz Roja, cuyo responsable de formación en A Coruña, Cibrán Vázquez, destaca la importancia de que la ayuda conlleve la creación de un equipo municipal específico que controle el seguimiento de los perceptores y busque no solo aliviar sus problemas inmediatos, sino encarrilarlos también en una hoja de ruta de integración social que les permita incorporarse a un proyecto de vida.

La aprobación de la renta social fue recibida con aplausos por el público que asistió a su debate en el pleno municipal. El PP, que mantuvo en esta sesión un discurso conciliador con la medida de Marea en contra de lo habitual, y el BNG se desmarcaron del acuerdo con una abstención de signo puramente político, que justificaron con futuras mejoras de una medida cuyo fondo no rechazaron. El alcalde, Xulio Ferreiro, tuvo palabras de agradecimiento para la participación de entidades sociales y vecinales, que extendió a la Consellería de Política Social por impulsar un cambio en la normativa autonómica que permitió la aprobación de la pionera medida.

A Coruña se sitúa con esta medida en la vanguardia de una política social que persigue erradicar la indignidad de la pobreza y que asume que es también tarea municipal atenuar las devastadoras consecuencias de tantos años de crisis. Es responsabilidad ahora del Gobierno local velar por que esta pionera renta social cumpla con el ambicioso objetivo con el que nace, que busca no solo aliviar la penuria de los coruñeses más desfavorecidos, sino poner en pie una eficaz plataforma de inserción social que les devuelva un proyecto de vida.

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