Los coruñeses retornan hoy a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado, cuya configuración determinará el Gobierno de España en una próxima legislatura nacional que se encuentra en situación de parálisis desde los fallidos comicios del 20 de diciembre pasado.

Al igual que ya se barruntaba en el 20-D, esta tampoco es una mera cita electoral más. Las encuestas vaticinaban en las pasadas elecciones generales una transformación del tradicional mapa político dominado durante décadas el escenario español con la alternancia en el poder de dos grandes partidos, PP y PSOE, que los resultados confirmaron. El bipartidismo, si bien las dos fuerzas políticas dominantes ocuparon las dos primeras plazas, dio paso a una nueva realidad política en la que el número de los partidos con capacidad decisoria a la hora de formar gobierno se amplió a cuatro: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El nuevo mapa surgido de las urnas en diciembre de 2015 exigía una cintura y una capacidad para la negociación y el pacto que los líderes políticos españoles no han sabido demostrar en las inútiles y tediosas conversaciones, por no decir encontronazos, mantenidas en estos últimos seis meses, cuya futilidad desembocó en esta segunda llamada a las urnas.

Lejos de asimilar y afrontar la complejidad de este innegable cambio en el reparto partidario, los responsables de las principales fuerzas políticas emplazados por los votantes a negociar un nuevo Gobierno siguieron comportándose tras las elecciones más como candidatos que como líderes. Esta falta de capacidad para el pacto ha convertido la política española desde entonces en una cansina e interminable campaña electoral.

El resultado que arroje la cita electoral de hoy, el 26-J, se decidirá en buena medida por la valoración que los votantes hayan hecho de las estrategias mantenidas por los distintos líderes políticos en el pulso que vienen manteniendo en los últimos meses. El premio o el castigo a esas actitudes es la principal incertidumbre de estos comicios y seguramente marcará el rumbo a seguir el día después en unas nuevas negociaciones en las que sí habrá que mojarse.

A tenor de las encuestas, el nuevo mapa político con cuatro grandes formaciones en lugar de dos se consolida, si bien puede haber importantes sorpresas en el número de votos y escaños que obtengan respecto al 20-D.

El 26-J tendrá una especial incidencia en Galicia, al ser esta votación la antesala de los comicios autonómicos que se celebrarán en otoño. Con tan poco tiempo por delante, los resultados obtenidos en la comunidad se verán lógicamente como una proyección de voto en la elección del próximo Gobierno gallego. También en este caso los sondeos pronostican la fortaleza del fenómeno emergido el 20-D en torno a En Marea, una nueva fórmula política de vertiginoso crecimiento cuya génesis se ensayó en la ciudad de A Coruña hace apenas un año.

El cambio del mapa político guarda una estrecha relación con los grandes desafíos que afronta la sociedad española, como la incesante lacra de la corrupción, los devastadores efectos de la crisis económica que han empobrecido a la clase media, con sus secuelas de desempleo e incertidumbre en el sistema de pensiones por la caída de las cotizaciones a la Seguridad Social o el desgaste del modelo territorial del Estado, con énfasis en Cataluña. La mayoría de los analistas coinciden en que además de precisar pactos para poder gobernar, se deberá afrontar una revisión profunda del modelo de país. Una segunda transición.

Además de los desafíos generales que le competen como a todos los españoles, los coruñeses tienen retos propios en juego en estas elecciones. El desempleo y el trabajo precario han provocado que en la pasada legislatura un 20% de coruñeses entre 20 y 35 años emigrasen a otras zonas de España y al extranjero en busca de las oportunidades que aquí no encuentran. Un inquietante éxodo en una franja de población determinante para el futuro, que para los expertos pone en peligro el relevo demográfico.

El resultado de las urnas tendrá también consecuencias en la resolución de proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad que han quedado pendientes en la legislatura anterior. La ampliación de la avenida de Alfonso Molina, el destino de los muelles portuarios, la estación intermodal, la regeneración de la ría de O Burgo o el nuevo sistema de navegación que evite los desvíos de vuelos por mal tiempo en Alvedro han quedado como deberes para el nuevo Gobierno.

Una de las cuestiones claves para el área coruñesa en la próxima legislatura será el grado de compromiso inversor del Estado en la finalización del puerto exterior coruñés. El pleno municipal ha exigido la revisión de los acuerdos de 2004 que obligan a pagar la dársena de Langosteira con la venta de los muelles interiores para no hipotecar el futuro de la fachada marítima de la ciudad. La Corporación reclama también que el Gobierno financie la conexión ferroviaria a Langosteira, con el mismo grado de compromiso adquirido con puertos competidores como Gijón.

Los coruñeses tienen hoy la oportunidad de decidir con su voto el rumbo del timón de un país con grandes desafíos. Destacadamente, devolver a la política la grandeza perdida en los fangos de la corruptela, restaurar la confianza de los ciudadanos en sus mandatarios como servidores públicos y consolidar las esperanzas de mejora económica. En esos retos encaja también el compromiso de dar respuesta a los decisivos proyectos pendientes para el despegue de A Coruña.

Los coruñeses, como el resto de españoles, están saturados de retórica política y demandan soluciones prácticas a estos desafíos pendientes con estrategias de gobierno que no se pueden demorar más.