Editorial

La oportuna fiscalización del ascensor del monte de San Pedro

10.07.2016 | 01:37

El ascensor del monte de San Pedro y el mirador del mismo parque constituyen el paradigma de un modelo de gestión que debe quedar superado: una administración pública contrata la concesión de unas instalaciones con una empresa privada sin que esta asuma riesgos porque la propia administración le garantiza que, en caso de pérdidas, ahí estará ella para enjugarlas. Ese contrato, firmado en 2005 por el Gobierno de Francisco Vázquez, obliga al Ayuntamiento a compensar a la concesionaria del elevador y el mirador por las pérdidas que presente cada año. A esas condiciones contractuales se une el coste de construcción de ambas instalaciones para el Ayuntamiento: 2,7 millones de euros el ascensor y 2,7 millones el mirador.

Otro gran contrato firmado por el Ayuntamiento en aquel año, el de la ORA y grúa, emula ese modelo de riesgo cero para la concesionaria, en ese caso la archiinvestigada judicialmente Vendex. La concesión del estacionamiento y retirada de vehículos concluyó el pasado año con unas pérdidas globales de 3,8 millones de euros en los últimos siete años, todas asumidas por el Concello, que logró ingresos por la concesión en los tres primeros años, en los que arrojó un superávit de 1,2 millones de euros.

Con mucha menos visibilidad en la ciudad, el ascensor y el mirador arrojan un resultado económico de la misma magnitud negativa para el Ayuntamiento, que ya ha tenido que asumir el pago a la empresa de 2,38 millones de euros por el déficit entre 2007 y 2013, un cifra idéntica a la que prevé destinar el Gobierno local este año en la asignación de una renta social a coruñeses sin recursos económicos y claro riesgo de exclusión social.

El expediente municipal por el que la Junta de Gobierno Local aprobó, la pasada semana, el último déficit, el de 2013, pone el foco en el aparente descontrol de sucesivos gobiernos sobre esta concesión, con dudas, como admite el propio Ejecutivo ahora, de si las compensaciones abonadas entre 2007 y 2012 estaban realmente justificadas.

Hasta 2012, el Ayuntamiento dio el visto bueno a las liquidaciones del ascensor y el mirador sin poner reparos al déficit que le llegaba calculado por la concesionaria. Lo hizo el Ejecutivo del PSOE y BNG con las cuentas de 2007, 2008, 2009 y 2010, y lo repitió el del P P, con las de 2011 y 2012. Pero el Gobierno de los populares cambió de criterio con las de 2013 y exigió documentación adicional a la concesionaria para comprobar si sus gastos estaban plenamente justificados, al desconfiar de las cuentas. Esta revisión la ha concluido el Ejecutivo municipal de Marea Atlántica, con una rebaja de las pretensiones de la empresa, que ha terminado por acatar, aunque con protestas, que la compensación que recibirá por las pérdidas sea de 201.809 euros, menos de la mitad de los 409.810 que comenzó reclamando en 2014.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento inicia un procedimiento de reintegro para que Miramar de San Pedro devuelva los 1,08 millones de euros cobrados por las pérdidas de 2010, 2011 y 2012. El objetivo último es determinar si las liquidaciones presentadas por la empresa esos años estaban plenamente justificadas o si, por el contrario, la concesionaria no tenía derecho a percibir la totalidad o parte de esa cantidad millonaria. De demostrarse que entre 2010 y 2012 las cuentas contenían los mismos excesos que en 2013, el Ayuntamiento estaría reconociendo que, esos años, con Gobiernos de PSOE-BNG y de PP, abonó las pérdidas a la empresa sin el mínimo rigor contable, dando por buenos gastos que no estaban suficientemente acreditados, como, concluye, sucedió en 2013.

El proceso de dos años abierto por orden de la entonces concejala de Hacienda y Administración Pública, Rosa Gallego, actual portavoz municipal del Partido Popular, ha destapado anomalías en las cuentas del ascensor y el mirador, excesos en el cómputo de gastos que, a la postre, representaban un auténtico saco sin fondo adonde iban a parar cada año cientos de miles de euros de los contribuyentes coruñeses. Buen ejemplo son las ocho horas diarias 350 días al año de limpieza facturadas por la empresa; los 19,5 euros de coste de cada hora de este servicio, cuando el Ayuntamiento abonaba 11-13 euros en contratos similares; o los 18 euros por hora en la vigilancia, 12-13 en otras adjudicaciones municipales.

Tras un tira y afloja de dos años, la empresa asumió a regañadientes las nuevas instrucciones dictadas por el Ayuntamiento y donde facturaba 19,5 euros por hora de limpieza pasó a poner 12,93; donde decía haber pagado 18 euros por vigilancia lo rebajó a 14,5 euros; y donde aseguraba haber sometido al mirador y al ascensor de San Pedro a una descomunal higiene de ocho horas diarias casi todo el año se corrigió a solo dos. No se debe olvidar que los gastos presentados por la empresa corresponden a 2013, por lo que llama la atención que la concesionaria asuma una rebaja de costes dos años después de haber tenido que pagar a sus contratistas de limpieza y vigilancia.

El primer intento del Ayuntamiento por contener el déficit se formuló en 2010, con un incremento del precio del billete del elevador panorámico de dos a tres euros. Este encarecimiento de la tarifa aprobado por el PSOE y el BNG no ha bastado para contener la sangría porque año a año el ascensor pierde viajeros. En marzo, el Gobierno local de Marea Atlántica decretó cerrarlo la mitad del año. Con la apertura 190 días al año frente a los 290 anteriores -concentrados en verano, Navidad, Semana Santa, fines de semana y puentes-, el Ejecutivo pretende acompasar el horario del ascensor a los hábitos del turismo, verdadero y casi único público de una instalación que, pasada la novedad inicial, no ha atraído a los coruñeses. Mención aparte merece el mirador, de entrada gratuita y que por tanto no genera ingresos que ayuden a sostenerlo económicamente.

Queda por comprobar el efecto del nuevo horario en las cuentas de explotación, que se apreciará por primera vez al concluir este ejercicio, pero el Ayuntamiento debe mostrarse especialmente diligente en la revisión de las cuentas de 2010 a 2012 y la concesionaria debe colaborar en esclarecer si 2013 fue un caso aislado o la punta del iceberg de años y años de descontrol y gastos sin justificar cuyo pago era aprobado alegremente por los sucesivos Gobiernos locales sin más comprobación que la documentación que entregaba la empresa. El ascensor y el mirador ya están construidos y no hay marcha atrás en una inversión de seis millones de euros, que serían tan necesarios para otros fines a ojos de 2016. Ahora está en juego la credibilidad del Ayuntamiento en su labor fiscalizadora de sus gastos y su capacidad de remendar el saco sin fondo de San Pedro.

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