Editorial

Por una contabilidad real en el pago de facturas en María Pita

21.08.2016 | 01:19

Los datos actualizados del Ministerio de Hacienda revelan una inquietante tendencia de impagos a proveedores en los ayuntamientos y diputaciones gallegas, que dejaron en 2015 facturas en el cajón por valor de 35 millones de euros. Al menos un tercio de los municipios de la comunidad, 22 de ellos en la provincia de A Coruña, aparcó el año pasado el pago de sus recibos a la espera de liquidez financiera.

Hacienda somete a ayuntamientos y diputaciones a un estricto control para reducir la morosidad que se disparó durante los primeros años de la crisis y agilizar así los pagos a proveedores, sobre todo a empresas y autónomos asfixiados por los impagos de las administraciones.

Desde 2013 existe un plazo legal máximo de 30 días para abonar las facturas. La cruda realidad es, sin embargo, que las entidades locales no siempre disponen de liquidez para afrontar los recibos pendientes o tienen otras prioridades en el gasto y se saltan la norma a la torera. En estos casos, guardan las facturas en el cajón y no las incluyen en su contabilidad a la espera de que mejoren sus disponibilidades presupuestarias. Una práctica política tan cuestionable como extendida.

El municipio gallego con la deuda más abultada a cierre de 2015 según Hacienda era el de A Coruña, con 4,1 millones de euros en facturas pendientes, una cantidad que el actual Gobierno local logró reducir a 3,4 millones en el primer trimestre de este año. El Concello coruñés figuraba además el año pasado entre los que más facturas sin abonar acumulaban de todo el Estado, en el puesto 43 en la lista negra nacional.

Hay que recordar que la abultada cantidad de facturas sin pagar heredadas de la legislatura de Negreira que el Gobierno de Xulio Ferreiro se encontró en el cajón a su llegada a María Pita tras las elecciones municipales de 2015 le obligó a hacer frente a un modificativo de crédito de 3,5 millones para hacer frente al grave problema de liquidez que padecían las arcas públicas coruñesas. De esa cantidad, 2,5 millones estaban destinados a pagar facturas de reconocimiento extrajudicial.

El Ejecutivo de Ferreiro precisó sin embargo cinco plenos para lograr aprobar esa modificación del crédito que mantenía bloqueada la situación económica del concello. A la quinta fue la vencida.

El visto bueno definitivo no se produjo hasta finales de noviembre pasado. El importe total ascendió a 3,5 millones de euros, de los cuales 2,5 millones iban destinados a pagar facturas de reconocimiento extrajudicial. La aprobación del modificativo del crédito fue posible tras eliminar la bajada de 400.000 euros de gastos de personal de la anterior propuesta. Afectaba al pago de la devolución de la paga extra del 2012 a los funcionarios. Finalmente el modificativo, contó con el apoyo del grupo del Gobierno, del PSOE y del Bloque y los únicos votos en contra del PP.

A partir de entonces, el Gobierno coruñés bajó en el ranking negro de Hacienda, tras lograr reducir en el primer trimestre de 2016 el montante adeudado de facturas en 700.000 euros, es decir, de los 4,1 millones de finales de 2015 a los 3,4 de finales de marzo de 2016.

El gran número de facturas sin pagar acumuladas al final de la legislatura de Negreira en el ayuntamiento coruñés contrasta con la gestión de la Diputación coruñesa, que sólo contaba al cierre de 2015 con una deuda de poco más de 300.000 euros en este apartado.

La morosidad del concello coruñés a la hora de pagar las facturas le valió en 2014 al equipo de Negreira un severo tirón de orejas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que amenazó entonces con intervenir las cuentas de María Pita.

A fecha de diciembre de 2014, el ayuntamiento coruñés era el único entre las siete ciudades de Galicia que sobrepasaba el límite de 30 días que establece la ley para poner al día las facturas con autónomos y pequeñas y medianas empresas. Además, lideraba la lista de grandes municipios españoles más morosos, al tardar un plazo medio de 44,84 días en pagar a los proveedores.

En el Gobierno coruñés se ha asentado en las últimas legislaturas una insana costumbre de afrontar las elecciones municipales con una contabilidad falseada a base de dejar en el cajón facturas millonarias pendientes de pago. Negreira se quejó amargamente a su llegada a la alcaldía en 2011 de la deuda millonaria heredada de la gestión del Ejecutivo de Losada y denunció entonces que esa mala praxis hipotecaba económicamente a los gobiernos entrantes. Pero hizo lo mismo en 2015, dejando también en el cajón otra losa en impagos a los futuros gobernantes de la ciudad.

En estos tiempos de interminable campaña electoral en los que está sumido el país desde hace más de un año, se han escuchado en los sucesivos debates grandes proclamas de regeneración en el control y la transparencia del gasto público.

Lamentablemente, estas buenas intenciones no acaban de plasmarse en acciones concretas que cambien el estado de las cosas. Las fuerzas políticas presentes actualmente en la corporación coruñesa tiene ahora la oportunidad de desterrar esta mala praxis que ha situado a la ciudad en lo más alto de un indeseable ranking, con evidentes perjuicios a la economía coruñesa, y comprometerse a dejar al final de cada legislatura una contabilidad clara y real sin agujeros negros ocultos en los cajones.

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