Editorial

Lecciones por aprender del fuego que devora Galicia

28.08.2016 | 01:43

La esperanzadora tregua que el fuego había concedido en estos últimos años a los montes gallegos, en los que aún son visibles las cicatrices de las devastadoras oleadas de incendios que asolaron la comunidad en 2006 y 2010, se quebró este verano con una virulenta reaparición de las llamas que en apenas una semana de agosto calcinaron cerca de 7.000 hectáreas. En solo tres días, los voraces incendios devoraron la mitad de la superficie arbolada que ardió en todo el año 2015 en Galicia.

Al igual que ocurrió en aquel dantesco 2006 en el que el fuego devoró casi 100.000 hectáreas en la comunidad, o en 2010, cuando las llamas se cobraron la vida de dos brigadistas en Fornelos, en esta semana negra de agosto coincidieron varias circunstancias letales para la seguridad forestal: una primavera extraordinariamente lluviosa que aceleró el crecimiento del monte bajo que actúa como yesca para el fuego, insólitas temperaturas tropicales que llegaron a superar los 40 grados en algunas zonas del interior, fuertes vientos del nordés de casi 100 kilómetros que avivan y extienden las llamas a velocidad de vértigo y una sequía con menos del 30% de humedad y los índices de pluviosidad veraniega más bajos en setenta años.

Estas condiciones, de intrínseco riesgo extremo por sí solas, se convierten en una plaga de fuego cuando se le suma el factor negligente o claramente criminal de la acción del hombre.

Los indicios apuntan a que la mayoría de los incendios han sido provocados de manera intencionada. El brote de las llamas en varios de ellos en hasta cinco focos y de forma prácticamente simultánea alberga pocas dudas sobre su intencionalidad. En algunos casos, el fuego se originó en áreas que habían sido parcialmente desprotegidas de efectivos contra el fuego por la necesidad de desplazarlos a combatirlo en otras. Y al comienzo de la noche, cuando los medios aéreos, los más eficaces para acotar las llamas, no pueden operar.

Como ocurrió en los catastróficos veranos de 2006 y 2010, las autoridades vuelven a poner ahora el foco en la mano negra que quema el monte gallego y en la necesidad de endurecer las medidas contra los incendiarios. Argumentos e intenciones que gobiernos de todos los colores políticos han puesto reiteradamente sobre la mesa al hilo de las sucesivas oleadas de incendios sin que ninguno de ellos haya sido capaz hasta ahora de resolver el problema.

No le falta razón al Ejecutivo de Feijóo cuando denuncia que tras los incendios de este verano hay una actividad anormal. Pero éste es un análisis incompleto cuando la cruda realidad se repite sin solución.

La pregunta del millón que siempre se hace tras estas catástrofes es quién y por qué quema el monte. A la que las autoridades nunca han dado una respuesta clara. Nunca se ha demostrado la existencia de una mafia del fuego. La Fiscalía apunta a tres causas principales en los incendios forestales: las imprudencias (ya sea por quemas descontroladas e ilegales o por efectos de barbacoas o colillas), los intereses económicos (agrícolas, urbanísticos o ganaderos) y la actividad de individuos trastornados.

Serafín González, investigador gallego del CSIC y presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, hacía hincapié en un artículo publicado en este periódico en el significativo dato de que la actividad incendiaria en Galicia se concentra en 79 parroquias, la mayoría en Ourense y Pontevedra, seguidas de A Coruña y Lugo, en este orden, donde se queman una y otra vez las mismas zonas. Para este experto, el uso tradicional del fuego como herramienta agrícola y ganadera, unido a la despoblación por la emigración a las ciudades y la desesperanza de un medio rural gallego sin horizontes económicos, sociales ni demográficos, ha generado un cóctel explosivo que estalla cada vez que la meteorología lo propicia.

Las condenas a los incendiarios deberían ser ejemplares para que tengan un efecto disuasorio, pero los datos indican lo contrario. Algo está cambiando en esa dirección, aunque con exasperante lentitud. Solo desde enero la policía autonómica ha detenido a 40 presuntos incendiarios. Pero todos están ya en sus casas. De los centenares de arrestados en Galicia en los últimos años por su vinculación con los fuegos, dos de cada tres quedaron en libertad por falta de pruebas. En esto queda mucho camino por recorrer. Y mentalidades por cambiar, como la reticencia de muchos vecinos a señalar a los culpables de los fuegos.

Puede haber lagunas en las razones por las que se quema el monte, pero no hay la menor duda de que todos perdemos cuando las llamas devoran un patrimonio natural de enorme importancia que debe ser un generador de riqueza.

Perseguir y castigar a los incendiarios es una cuestión de vital importancia, porque al daño y el dolor que producen los incendios ni puede añadírsele la impunidad de sus responsables. Pero el objetivo prioritario debe ser evitar el fuego. Y en esto queda todavía mucho que hacer, y no sólo en el ámbito policial y judicial.

Tras los incendios se han conocido los resultados de una encuesta en el sector forestal gallego que cuestionan la eficacia de algunos aspectos del dispositivo contraincendios en la comunidad. Reclaman un operativo contra el fuego más eficaz sin necesidad de sobredimensionarlo ni elevar su gasto. Ponen reparos especialmente en la profesionalidad de las cuadrillas municipales y proponen a cambio brigadas por distritos forestales que trabajen en acción preventiva todo el año.

Para acabar con esta lacra, es imprescindible actuar en todos los frentes y quizás uno de los más importantes aunque más incómodo para las autoridades sea el que apunta el experto del CSIC antes citado. Los medios contraincendios deben complementarse con una política a largo plazo de desarrollo sostenible del medio rural que frene su abandono y ponga en valor el patrimonio forestal para los que viven en su entorno. Es una tarea común e inaplazable.

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