No decide el niño si toma o no la medicina, ni el empresario si tienen vacaciones sus empleados, ni los bancos si pagan impuestos. El derecho a decidir sobre cualquier cosa no existe en las relaciones familiares, laborales o económicas y tampoco en la política. Hay límites materiales y formalidades que respetar. Por eso, defender el derecho de los catalanes a decidir sobre su pertenencia y sus relaciones con España y su Estado no es más que una ensoñación o simples ganas de enredar porque tal derecho no existe y un magistrado, aunque ya no lo sea, debería saberlo y no jugar con esas cosas amparándose en que ahora es cabeza de una candidatura que lo defiende a capa y espada. El candidato de En Marea defiende ese derecho para Cataluña pero no para Galicia porque la sociedad gallega no demanda un referéndum. En otras palabras, Villares defiende que por encima de la ley está la voluntad de la gente y aunque no aclara si él promoverá en la sociedad gallega igual demanda hasta, cuando menos, igualar a la catalana, es casi seguro que lo hará porque los mareantes no le permitirán hacerse el estrecho en este asunto y porque él está convencido de que nada hay por encima de la voluntad del pueblo, de la gente, de la sociedad o de las masas. Villares confunde el ejercicio de la voluntad sin reglas o contra las reglas con el ejercicio de la democracia. La democracia no es simplemente el poder del pueblo que así, sin leyes que lo regulen, también lo quieren los golpistas de cualquier especie. La democracia es el poder del pueblo sometido a las leyes que él mismo, por sí o por medio de sus representantes, aprueba. Lo dice el Preámbulo de la Constitución: "La Nación española en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes; (y su voluntad ) de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular". Por eso dice el artículo 1º que España se constituye en Estado social y democrático de Derecho y proclama en el 9º el principio de constitucionalidad y el de legalidad, pilares del ordenamiento jurídico que, al menos hasta ahora, ha aplicado profesionalmente el ex magistrado Villares. No hay democracia fuera de la ley como quiere el independentismo en Cataluña y apoya Villares porque la sociedad catalana lo demanda.

La CE no recoge la autodeterminación, ninguna lo hace, de modo que las CA no son titulares del derecho a decidir si quieren o no seguir siendo España. Ese derecho es atributo de los sujetos soberanos, lo ejerció Gran Bretaña con el Brexit, pero no de quienes son titulares del derecho a la autonomía y el mero hecho de consultar a una CA si quiere o no seguir en España es ya considerarla como lo que no es, titular de la soberanía. Y por si Villares piensa como los independentistas que negar el derecho a decidir de Cataluña es cercenar la libertad de expresión, sepa que también la legislación catalana fija límites a las consultas. Lea el artículo 11.5 de la Ley catalana 10/2014, de consultas populares no referendarias que dice: "No pueden formularse consultas que puedan afectar, limitar o restringir los derechos y las libertades fundamentales de la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución, y los derechos y deberes de los capítulos I, II y III del título I del Estatuto. Asimismo, se excluyen las referidas a materias tributarias y a presupuestos ya aprobados." Suman 22 artículos del EAC, entre ellos los que reconocen los derechos de los mayores, de las mujeres, de los menores y los derechos lingüísticos. Si Villares no sabe con quien anda, malo y si lo sabe, peor.