Más de cien mil muertes se producen al año en los países de la Unión Europea como consecuencia de la exposición de los trabajadores a substancias cancerígenas.

Al margen del drama social que representan esas muertes prematuras, su coste económico se cifra en un mínimo de 2.500 millones de euros.

Se trata de algo que podría evitarse si se adoptasen las medidas adecuadas, pero la industria tiene pocos incentivos para ello.

Lo denuncia la ONG Observatorio de la Europa Corporativa en un informe en el que solicita una mayor protección de hombres y mujeres en los lugares de trabajo.

"Los lobbies industriales argumentan que aplicar más límites a la exposición a substancias cancerígenas iría en detrimento de la competitividad", critica Racdel Tansey, autora del informe.

Las empresas consideran suficientes las autolimitaciones voluntarias, pero ésas sirven de muy poco para prevenir esas muertes que serían por otro lado perfectamente evitables, en opinión de Tansey.

La industria, critica esa ONG con sede en Bruselas, habla retóricamente de "mejor regulación" para retrasar y al mismo tiempo debilitar unas limitaciones que resultan cada vez más urgentes.

La Comisión Europea, "fuertemente influenciada por la industria, logró aplazar durante diez años la adopción de medidas restrictivas, y cuando por fin se han tomado, resultan insuficientes".

La propuesta de la Comisión sólo incluye límites a la exposición a trece sustancias aunque promete ampliarlas a otras doce para finales del próximo año.

Esto es contrario, según el Observatorio, a las recomendaciones de varios Estados miembros, organizaciones sanitarias y sindicatos.

Esos países y organismos recomiendan que se adopten límites a la exposición a al menos medio centenar de substancias como el polvo de sílice o las fibras de cerámica.

Conceptos como "mejor regulación", "armonización" o "simplificación" son siempre bien acogidos por una Comisión decidida a reducir la burocracia, pero las propuestas se quedan muy cortas.

La organización empresarial BusinessEurope está lógicamente satisfecha con esas propuestas y ha pedido a los europarlamentarios que no las modifiquen.

Sin embargo, para los críticos, eso es precisamente lo que deben hacer ahora los representantes de los ciudadanos en el Parlamento europeo.

Se trata de "anteponer la salud de las personas al afán de lucro de las empresas", que parecen ser, sin embargo, a las más se escucha siempre en Bruselas.