La Autoridad Portuaria se ha quedado sola en la defensa de la venta de los terrenos de La Solana. La Corporación municipal aprobó el pasado lunes por unanimidad en el pleno exigir a la Autoridad Portuaria la paralización de la subasta de los terrenos del complejo deportivo y del hotel Finisterre y dejó en evidencia que la iniciativa del presidente del ente portuario, Enrique Losada, ha perdido incluso el respaldo de los concejales del grupo municipal del Partido Popular, sus compañeros de formación política, y único apoyo que tenía en el Ayuntamiento.
El texto aprobado en el salón de plenos de María Pita exige que se garantice la titularidad pública de los terrenos de La Solana, cuya concesión a una empresa privada concluye en 2027. E insta al consejo de administración del Puerto a admitir la oferta de compra realizada por el Ayuntamiento para adquirirlos por 1,4 millones, cantidad ajustada a la tasación del solar realizada por el ente portuario antes de que negociara en secreto la venta del complejo deportivo con la inmobiliaria Rio Mero, actual concesionaria de las instalaciones deportivas y del complejo hotelero.
El responsable de la Autoridad Portuaria, lejos de replantearse su propuesta después del acuerdo unánime del pleno en demanda de la suspensión de la subasta y de la apertura de negociaciones con el Concello, sostiene que como institución pública tiene derecho y obligación de obtener recursos económicos con la venta de sus activos. Resulta cuando menos discutible este razonamiento del presidente del Puerto si lo que está en juego no es el balance de resultados de una empresa privada sino el futuro de la fachada marítima de la ciudad; especialmente cuando las declaraciones las hace el mismo gestor que en el plan de empresa aprobado a mediados del pasado mes de diciembre preveía cerrar el ejercicio de 2016 con unas pérdidas de 3,59 millones, multiplicando por tres el déficit del año anterior. Ya en enero, corrigió ese balance oficial y anunció en nota de prensa que el Puerto había cerrado el año pasado con beneficios, sin concretar la cifra.
El alcalde, Xulio Ferreiro, había solicitado la intervención personal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en este conflicto y la moción del PSOE aprobada en el pleno abundaba en esta demanda. Solicitaba que Núñez Feijóo intercediera ante Puertos del Estado para evitar la subasta de la superficie de La Solana y el hotel Finisterre, así como la venta de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, prevista por la Autoridad Portuaria para 2017.
La Administración autonómica no puede intentar ponerse de perfil en este conflicto. Enrique Losada ha sido nombrado por la Xunta y el Gobierno gallego tiene representantes en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria que votaron a favor de la subasta negociada por el presidente del ente portuario con la inmobiliaria que ahora posee la concesión de La Solana y el hotel, que se ha comprometido a acudir a la puja con una oferta de diez millones por ambas propiedades. La misma empresa pagó catorce millones en octubre de 2014 por la concesión de las dos instalaciones hasta 2027.
La unidad de los grupos municipales en contra de la venta de La Solana, que este periódico ha pedido desde este mismo espacio parece haber dado sus frutos. Puertos del Estado ha reaccionado ante esta frontal oposición a una mera operación especulativa y se ha puesto al frente de la negociación con el Ayuntamiento.
Tras conversar por teléfono esta semana con el alcalde, su presidente, José Llorca, ha anunciado que viajará a A Coruña este mes para negociar con el Concello y tratar de buscar una solución global al conflicto. Llorca defiende la venta de activos ante la grave situación económica de la Autoridad Portuaria, pero la primera consecuencia de su intervención es que la subasta de La Solana queda en suspenso hasta, al menos, ese encuentro con Ferreiro, pese a que Losada quería avanzar ya este mes con el expediente de subasta. La reunión servirá, además, para abordar asuntos clave para el futuro de la dársena exterior de punta Langosteira, como la conexión por tren, una vez que se hiciera público que el fondo de los puertos españoles solo aportará 1,1 de los cien millones necesarios para el enlace ferroviario. No está definido todavía de donde saldrá el resto de la inversión necesaria para una conexión, la del tren, vital para la plena operatividad de la dársena exterior.
Los concejales del Partido Popular acertaron al sumarse en el pleno municipal a la iniciativa que rechaza la puja, por más que justificasen que los representantes de su misma formación votaran en el consejo de administración del puerto a favor de la venta de terrenos.
Los intereses de la ciudad deben estar por encima de las confrontaciones de partidos.
Una cuestionada decisión política aceptó asumir el sobrecoste de la obra de punta Langosteira, y toleró que el de A Coruña sea el único puerto que no está financiado íntegramente por Fomento. Los coruñeses no tienen por qué pagar las consecuencias de aquella desacertada resolución. En A Coruña sobran ejemplos de espacios hipotecados por meros intereses especulativos, una zona emblemática como la fachada marítima no puede ser otra de ellas.
