El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, repitió este pasado viernes la fórmula con la que en marzo de 2016 intentó sacar a la Autoridad Portuaria coruñesa del atasco en sus planes para consensuar la venta de los muelles con el Ayuntamiento. Llorca había acudido entonces a la ciudad para reunirse con el alcalde, Xulio Ferreiro, y pactar una hoja ruta negociada que desbloquease la situación.

En el contexto de ese nuevo espíritu de entendimiento tras meses de conflicto, surgió una propuesta del Ayuntamiento para adquirir La Solana por 1,4 millones, con el objetivo de dedicar el complejo a uso público una vez terminada la concesión a la inmobiliaria Río Mero en 2027.

Las normalizadas relaciones entre el Concello y el Puerto volvieron a romperse abruptamente en diciembre pasado, al trascender que la Autoridad Portuaria había pactado en octubre con la inmobiliaria la subasta de los terrenos del hotel Finisterre y La Solana. Este acuerdo se llevó a cabo a espaldas del Concello, que tenía un plazo hasta el 31 de diciembre para formalizar su propuesta.

La operación inmobiliaria despertó un movimiento generalizado de rechazo en la ciudad. Todos los partidos con representación en María Pita aprobaron una resolución unánime en el pleno municipal del 15 de enero en el que se exige a la Autoridad Portuaria la paralización de la subasta de los terrenos del complejo deportivo y del hotel Finisterre. También la federación de asociaciones de vecinos reclamó que se frene la operación inmobiliaria, se produjeron numerosas movilizaciones ciudadanas de protesta y hasta los agentes de la propiedad inmobiliaria de A Coruña plantearon que era un negocio desastroso incluso para el Puerto.

Pero lejos de dar marcha atrás o al menos tender algún puente negociador, el presidente de la Autoridad Portuaria se enrocó en su decisión, adentrándose en un callejón sin salida.

Así que Llorca volvió a hacer las maletas y se reunió el pasado viernes con el alcalde, como en marzo de 2016, pero esta vez con la polémica venta del hotel Finisterre y La Solana como principal asunto sobre la mesa.

Concello, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria se han comprometido, en parecidos términos al cónclave de 2015, a retomar negociaciones para compatibilizar el uso y la gestión pública de los terrenos que desafecte el Puerto con la generación de recursos con los que la entidad cancele parte de la deuda de Langosteira. Al término de la reunión, se anunció que la venta del Finisterre y La Solana quedaba pospuesta mientras duren las negociaciones, que se reanudarán el 7 de febrero. Detenida de momento, pero no descartada.

La Autoridad Portuaria se ha escudado en esta cuestionada operación urbanística en su necesidad de obtener recursos financieros para hacer frente a los 300 millones de deuda financiera a causa de los créditos suscritos para la construcción de la dársena exterior en Langosteira.

Pero hay que aclarar que precisamente la concesión de los terrenos del hotel Finisterre y La Solana y ahora su pretendida y de momento aplazada subasta es cualquier cosa menos un ejemplo de optimización de los recursos portuarios. El Puerto otorgó por 97.000 euros anuales hasta 2027 una concesión cuyos beneficiarios perciben actualmente un millón y medio anuales de la cadena hotelera y la empresa que gestionan el hotel y La Solana. Este beneficio, por cierto, seguramente aumentará en 2019, cuando se debe renovar el contrato de explotación del hotel Finisterre entre la concesionaria, la inmobiliaria madrileña Rio Mero, y la cadena hotelera Hesperia.

El gran beneficiario de la subasta de la concesión sería sin duda dicha inmobiliaria, que ya anunció que no ofrecería más de 10 millones. Una cantidad que los propios agentes de la propiedad inmobiliaria de A Coruña calificaron de irrisoria. Los profesionales de la propiedad inmobiliaria desaconsejan la venta en este momento al considerar que dentro de diez años, cuando termine la concesión, el precio de esos terrenos podrían rondar los 40 millones. Afirman que venderlos ahora por diez sería una operación desastrosa.

Los datos objetivos muestran sin la menor duda que esa venta no solo es mala para los intereses públicos de la ciudad, que perdería irremediablemente un enorme potencial económico y de disfrute de sus ciudadanos en la fachada marítima, sino que es también perjudicial para el propio Puerto. El empecinamiento de la Autoridad Portuaria en una operación a la que se oponen tanto la Corporación municipal al completo como la federación de asociaciones de vecinos se inscribe en una visión cortoplacista: la de hacer algo de caja ya para mejorar el resultado de sus inmediatos ejercicios económicos, aún a costa de malvender.

El Puerto no puede ignorar el frontal rechazo que esta pretendida operación ha generado en la ciudad de A Coruña, sin tender el más mínimo puente de diálogo con el Ayuntamiento, como ha ocurrido en este último mes, una actitud que motivó el pronunciamiento oficial del pleno municipal contra la venta. Y en el que se apuntó además a la deficitaria atracción de negocio propiamente portuario a Langosteira, una asignatura pendiente en la gestión del actual consejo de administración, que debe ser lo que realmente consolide la viabilidad económica del puerto coruñés.

El camino más razonable es el de una hoja de ruta negociada entre las administraciones implicadas. La Autoridad Portuaria necesita del plan general del Ayuntamiento para que pueda vender los muelles desafectados y la ciudad ha expresado a través de sus representantes en la Corporación municipal que está dispuesto a hacerlo siempre y cuando se respeten los derechos públicos de los coruñeses en una actuación que decidirá el destino de la fachada marítima en el futuro.

Las conversaciones iniciadas el pasado viernes, con la decisiva presencia del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, parecen encaminarse en principio en esa dirección, aunque aún es pronto para sacar conclusiones. La amenaza de que los intereses generales de la ciudad se resientan a costa de una precipitada y mala operación económica todavía está latente.