Editorial

Justicia para los afectados gallegos por la disolución del Popular

11.06.2017 | 01:55

Pocos años después de que A Coruña perdiese fuelle financiero con la desaparición de Caixa Galicia, la controvertida entrega del Popular al Santander por un euro, decidida esta semana en Bruselas, liquida también la marca Banco Pastor, provoca la pérdida del dinero invertido por miles de accionistas, arroja incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores en Galicia y deja en el aire la continuidad de la Fundación Barrié, un panorama en verdad desolador que ahora sería catastrófico de no ser por la exitosa irrupción de Abanca.

Lo cierto es que A Coruña, histórica sede del Pastor, y Galicia están otra vez en el ojo del huracán de la complejísima y no pocas veces oscura ingeniería financiera que está modificando radicalmente el mapa bancario español. La compra del Pastor por el Popular ya había diluido el margen de acción de un agente financiador local clave, que ahora recibe la estocada final tras una pionera trayectoria cuyos orígenes se remontan a 240 años.

La crisis económica que engulló en esta década el sistema de cajas de ahorro por su exposición a las colosales deudas del ladrillo y la calamitosa, cuando no fraudulenta, gestión de buena parte de sus directivos, proyectó también su negra sombra sobre el banco coruñés, que suspendió ya en el primer test de estrés a la banca española. La solución de supervivencia que se encontró con su absorción por el Banco Popular en 2011, la única operación que no contó con ayudas públicas en la vertiginosa serie de movimientos corporativos de entonces en la banca española y que, además, se hizo sin provocar daño alguno a accionistas y clientes, saltó por los aires esta semana: Bruselas resolvió el miércoles entregárselo al Santander por un euro tras pronunciadas caídas en Bolsa y masivas retiradas de capital.

Con la disolución del Popular desaparece en Galicia también la marca financiera del Pastor, que desempeñó un rol estratégico en su desarrollo industrial en la segunda mitad del siglo XX. Sus más de 200 oficinas, con 11.000 millones en activos y una cuota del 20% del mercado financiero gallego, catapultarán la presencia en la comunidad del comprador, el Santander, que pasará del quinto al segundo puesto del mercado bancario en la comunidad, tras Abanca.

Esa es, expuesta grosso modo, la foto fría y global del último tsunami financiero de la comunidad. Un tsunami que deja tras de sí un desolador escenario de damnificados: los accionistas, que perderán todo el dinero invertido. Son más de 300.000 en el conjunto del banco Popular, unos 25.000 de ellos gallegos.

Y lo peor es que no solo se han quedado sin el dinero invertido, sino también carentes de una mínima explicación lógica para asumir sin indignación un quebranto económico que tachan de incautación, al tiempo que preparan una avalancha de demandas contra los gestores del Popular y las autoridades europeas que tomaron la decisión. Cómo puede un banco, se preguntan estupefactos, y con razón, quebrar a los seis meses de pasar los tests de estrés. Cómo puede ocurrir tal cosa al tiempo, casi, que el portavoz del Gobierno dijese estar tranquilo sobre la situación de la entidad. ¿Va a decir algo la auditora que certificó como buenas las cuentas del Popular? ¿Va a arrojar alguien luz sobre los fondos que se enriquecieron especulando con el valor de la entidad? Y los gestores, ¿se van a marchar de rositas? En fin, es fácil entender su escozor, por llamarlo de alguna manera, al enterarse de que la cúpula del banco encabezada por Emilio Saracho fuese la única del Ibex que no tenía acciones en la firma que dirigían, por lo que las repercusiones de sus medidas no afectan a sus dineros.

Sus abogados ponen el foco, sobre todo, en posibles irregularidades en las ampliaciones de capital y en la responsabilidad de las autoridades supervisoras. La estrategia judicial a seguir será similar a la del caso Bankia, con una vía civil para intentar recuperar el dinero de los inversores y otra penal, con petición de responsabilidades a los gestores. En cualquier caso se enfrentan a una batalla legal larga e incierta.

Entre los accionistas hay un sector doblemente castigado: los empleados que adquirieron, alentados por sus superiores, participaciones en las sucesivas ampliaciones de capital por las que pasó el Popular. Y es que en este caso a la pérdida del dinero invertido se suma la incertidumbre por sus puestos de trabajo. Los 1.350 trabajadores que conformaban la plantilla del Pastor están ahora pendientes de los planes de integración del Santander y su mayor temor es la duplicidad de sucursales que se va a producir en más de un centenar de concellos. Imposible no reparar en otro afectado, estratégico éste para A Coruña y Galicia: la Fundación Barrié, una de las entidades sin ánimo de lucro que más ha hecho por la sociedad, llevando su mecenazgo a campos relevantes como la educación o la cultura, en su sentido más amplio. A ella se debe, por poner solo un ejemplo, la restauración del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana, con un coste de once millones de euros. La institución creada por Pedró Barrié en 1966, que contaba tras la última ampliación de capital con el 2,5% de las acciones del Popular, se queda ahora sin su principal fuente de ingresos. Con una inversión anual de 9 millones, la Barrié recibió en 2016 casi 6 millones por arrendamientos al banco y otros 5 por su participación accionarial. Todo esto queda ahora en el aire, si bien la partida de los contratos de arrendamiento al Popular tiene aún sobre el papel una vigencia de doce años.

Por todo ello es evidente que, más allá de la operación en sí, el salto dado por el Santander al convertirse en el segundo mayor banco en Galicia confiere a la entidad que preside Ana Botín una nueva dimensión económica y social en la comunidad. Y que, al tiempo, Galicia debe saber aprovechar la excepcional oportunidad que le brinda contar a partir de ahora con una presencia tan destacada de una de las mayores entidades financieras del mundo.

Son muchas y muy relevantes, así pues, las piezas pendientes de encajar en el puzle que deja tras de sí en Galicia este último tsunami financiero, por seguir con la expresión que mejor lo define. Pero sin duda una de ellas es satisfacer la demanda de justicia de esos miles de accionistas que se han quedado sin dinero y sin respuestas.

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