Editorial

Impunidad cero para los responsables del derribo del edificio Fenosa

17.09.2017 | 02:25

La génesis del escándalo del edificio de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías es un claro paradigma de la cuestionada política urbanística de los gobiernos de Francisco Vázquez. Como ya ocurriera en el polígono de Someso, con consecuencias catastróficas para los contribuyentes coruñeses, el modus operandi se vuelve a repetir ahora con el antiguo edificio Fenosa tras años de fallidos pleitos en los tribunales: se aprueban iniciativas municipales ilegales que favorecen intereses particulares y años después, la colosal factura millonaria para enderezar el desastre recae sobre los sufridos ciudadanos de A Coruña.

Hace casi dos décadas, en diciembre de 1997, se inició el contencioso por el edificio Fenosa, antes de que comenzase la reforma de un valorado ejemplo de arquitectura racionalista de la ciudad. El inmueble se construyó en 1976 para albergar solo las oficinas de la compañía eléctrica, pero se fue vaciando poco a poco tras la fusión de Fenosa y Unión Eléctrica a medida que el centro de poder de la firma se trasladaba a Madrid.

Fenosa propuso a principios de 1997 un concurso por invitación para el inmueble que consistía en hacer una permuta con una constructora, que presentaría un proyecto para su rehabilitación y adaptación para pisos y locales. La empresa finalmente no llegó a efectuar esta permuta; vendió directamente a Fadesa el edificio por 2.250 millones de pesetas (13,5 millones euros) y en noviembre de 1997 el Concello concedió la licencia para la rehabilitación. El arquitecto Valentín Souto, que firmaba una de las propuestas iniciales, presentó entonces un recurso contencioso administrativo contra la licencia de las obras. Le sorprendió la "celeridad" con que se concedió la licencia y la falta de tramitación del "estudio de detalle" para el desarrollo de la promoción inmobiliaria.

Comprobó además que las dificultades urbanísticas que él había apreciado se habían resuelto por la vía de obviarlas y mirar hacia otro lado como si no existieran.

Antes de que se iniciasen las obras y cuando todavía no se había vendido ninguna vivienda planteó un recurso contra la licencia. Según el demandante, los letrados de la constructora llegaron a argumentar que no se había considerado necesario respetar la normativa del plan general vigente porque "se sabía que iba a ser modificado" y se adjuntaba como prueba unos textos del plan tramitado en 1998 que no habían sido objeto de exposición pública en el momento en que se tramitó la licencia y en los que no constaba la diligencia de su aprobación inicial por lo cual presumiblemente deberían tener la consideración de información reservada.

La primera sentencia firme de derribo llegó en 2001 por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Desde entonces, todos los gobiernos locales de distintos colores han intentado en los juzgados evitar una demolición que, tal y como advirtió el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, tendrá "consecuencias gravísimas" para las arcas municipales. La última decisión del Supremo conocida el pasado jueves ratifica la ilegalidad del inmueble de Fernando Macías y obliga a devolverlo al estado previo a las obras de 1997 con su derribo.

El Alto Tribunal ha dado el portazo definitivo a la demolición parcial que pretendía el Gobierno local de Marea para minimizar los daños al erario público coruñés y a los actuales propietario y residentes del edificio. Una opción de mal menor que llegaba demasiado tarde con el proceso judicial ya en su recta final pero que quizás podría haber salido adelante hace cinco o seis años, según observaba el Tribunal Superior de Xustiza en el auto que rechazaba la propuesta del actual Ejecutivo coruñés. Pero esa era una patata demasiado caliente. El Concello estudia aún la viabilidad de alguna vía judicial, como la de solicitar al Supremo una mayor aclaración de la sentencia sobre cómo se debe ejecutar el derribo, ya que entraña algunas dudas. Su estrategia se centrará en lograr el menor daño posible a las arcas municipales y defender los intereses de los afectados en el cumplimiento de la sentencia.

El Ayuntamiento coruñés se vio obligado en los últimos cuatro años a acudir a créditos para poder afrontar el pago de 20 millones, obligado por las sentencias judiciales del caso Someso, otra losa económica legada por la política urbanística de Francisco Vázquez.

La que se cierne ya como una espada de Damocles sobre el patrimonio público coruñés por la sentencia del antiguo edificio Fenosa, cuyo nombre han obligado a cambiar los herederos del Conde de Fenosa por el desprestigio que acarrea el proceso judicial, carece aún de una estimación oficial pero amenaza con causar una devastación económica mucho mayor y se barajan cifras que superan con creces los 40 y podrían acercarse a los 60.

Ante la colosal dimensión del tsunami que se avecina, el Ayuntamiento de A Coruña debe poner en marcha los mecanismos de que disponga para fijar las responsabilidades políticas y técnicas de un desaguisado que hipoteca el futuro inmediato de la ciudad.

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