Desde Los Cantones

Recuperaciones históricas

20.09.2017 | 01:37
Recuperaciones históricas

Desde 2005, fecha en que fue cedida al ayuntamiento de La Coruña la antigua Prisión Provincial, nos venimos ocupando de su destino para el cual se han barajado diversos proyectos, entre los más llamativos, la instalación de un centro de Moda o el Museo de los Naufragios, propuesto por el exministro socialista de Cultura César Antonio Molina. En el mismo periodo de la cesión, de la que fue Prisión Provincial, se inició la recuperación del edificio de la Tabacalera y se anunció la incorporación al patrimonio municipal del Cuartel de Atocha, es decir, la posibilidad de disponer de excelentes testimonios arquitectónicos que, por la nobleza de sus diseños, serán referencias de espacios urbanos singulares. La antigua prisión, adjudicada a la plataforma Proxecto Cárcere, ente manumitido e interpósito de la Marea, refleja cómo, entre un hontanar de ocurrencias, se ha encauzado su adjudicación mediante un polémico concurso restringido en lugar de una concurrencia abierta a las iniciativas públicas y que su uso y estética respondan al carácter atlántico de La Coruña. Su proximidad a la Torre de Hércules parecía aconsejarlo, mucho más si se mantiene la aspiración ya divulgada de que el litoral urbano peninsular, incluida la bahía y la avenida de la Marina, sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Se cerraría así el broche que completa la oferta cultural, amplia y disciplinar, que exige nuestra ciudad. Adjudicado como se preveía al Proxecto Cárcere, con el apoyo del PSOE local integrado de facto en el Gobierno municipal, no podrá evitarse el esplín que estos desmayos producen en la ciudadanía. El destino efímero de la antigua prisión no predice ningún protagonismo vecinal porque el pensamiento gregario de nuestros gestores es poco proclive a las explicaciones.

Otrosí digo

La cesión de la Prisión Provincial tiene un plazo de dos años, que podrá ser objeto de ampliación por periodo de un año. Dado el carácter temporal del convenio, cualquier instalación o equipamiento tendrá carácter "removible", es decir, habrá de contar con el plácet de la Sociedad de Instalaciones Penitenciarias, SIEP. Hay todavía pendientes varios contenciosos sobre algunos pasajes del convenio inicial, firmado por el entonces alcalde Francisco Vázquez. Las repetidas sentencias de la Audiencia Nacional, favorables al Gobierno central, han movido al Ayuntamiento coruñés a recurrir al Supremo.

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