El informe de los editores de libros de texto para escolares hecho público, o quien lo haya fraguado -porque aún no está clara la finalidad de la denuncia-, ha sido un auténtico bombazo destripando el apacible panorama del régimen autonómico de España. Hay que rizar mucho el rizo de las peculiaridades zonales y de los particularismos autonómicos para exigir hasta 25 versiones distintas de un mismo libro de texto para escolares españoles. En otros temas ahora no quiero opinar, aunque reconozco que me sulfuran los 17 órganos parlamentarios y toda la parafernalia administrativa que conllevan las 17 autoridades autonómicas, pero en competencias como la educación y la sanidad, que son de obligatoria necesidad e igualdad, hay que poner freno al disparate. Voy a tratar de ser más positivo, menos catastrofista, pero quizás sea el momento de arrancar malos usos, de podar ramificaciones innecesarias, de revisar qué competencias no deben desgajarse del tronco nacional -aunque lo hayan sido, pero que deben reconducirse reconociendo que así no pueden seguir- y qué facultades sí son transferibles a las diversas autonomías porque se ha demostrado que esos traspasos son ventajosos. Algo más de cordura y menos vanos personalismos diferenciadores.
