Editorial

La recuperación del pazo de Meirás se abre camino

24.09.2017 | 01:59

Diez años después de que la Xunta iniciase los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el pazo de Meirás, la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán va camino de convertirse en un icono de la apología del franquismo. Es el objetivo que se marca sin disimulo la Fundación Francisco Franco que, en un careo en La Sexta con la líder del BNG, Ana Pontón, echó hace unos días más leña al fuego al asegurar que tanto la "apología del fascismo" como la defensa elogiosa del dictador es lo que tiene previsto hacer con la gestión de los itinerarios por este inmueble regalado al dictador tras cuestaciones forzosas y recortes en nóminas de funcionarios.

Para la Fundación Franco no solo es lícito exaltar la grandeza del dictador, sino también "tomar el poder por la fuerza de las armas". Es la última provocación de la familia del militar golpista que, desde que en 2007 se iniciaron los trámites para declarar BIC del pazo de Meirás, ha puesto todo tipo de trabas a la apertura al público de su residencia de veraneo. Impedir la entrada a los funcionarios, incumplir el régimen de visitas, mostrar en exclusivas a la prensa rosa lugares del pazo que no pueden fotografiar los visitantes o encomendar las visitas a una fundación que exalta el fascismo destacan en una inacabable lista de despropósitos que han catapultado el emblemático pazo coruñés a la continua polémica en los medios.

Los trámites iniciales para declarar Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás tuvieron que pasar hace una década por los tribunales. La negativa de los herederos del dictador a permitir una inspección de los técnicos de Cultura para inventariar y peritar los bienes llevó en 2007 a la Xunta del bipartito a recurrir a la Justicia. En 2008, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó a los propietarios permitir la inspección.

El pazo de Meirás abrió sus puertas al público en 2011. El Gobierno de Feijóo firmó un convenio por el que la familia Franco garantizaba la apertura y la Xunta asumía los costes derivados de las visitas y se hacía cargo de la cobertura de los daños materiales que se pudieran producir.

Pero la tónica desde entonces fue el incumplimiento del convenio por parte de los Franco. Tras dos años de continuas irregularidades y un tirón de orejas del Valedor do Pobo, la Xunta admitía a mediados de 2013 los incumplimientos y alegaba que había recordado por escrito a los propietarios su obligación de abrir el pazo.

En 2014, Carmen Martínez Bordiú, nieta de Franco, ofreció a una conocida revista del corazón fotografiar en exclusiva los lugares del pazo vetados a los visitantes. En esa exclusiva rosa, anunció su separación. Ese mismo año, el Valedor do Pobo actuó de oficio tras denunciar un joven en silla de ruedas que le impidieron ver los salones porque podía estropear el piso.

En estos últimos tres años se sucedieron los expedientes administrativos abiertos por la Consellería de Cultura ante las crecientes denuncias por los reiterados incumplimientos del convenio, que fueron cerrados sin sanción, hasta el mes pasado, cuando se aplicó a la propietaria del pazo, Carmen Franco, una multa de 4.500 euros que está aún en fase de recurso.

La Xunta ha respondido hasta ahora con tibieza a los desafíos y exabruptos de los Franco. El Gobierno gallego del PP defendió inicialmente que no tenían por qué abrir el pazo de Meirás, pagó dos años los gastos de seguridad y recientemente apeló al derecho a la propiedad para tumbar las propuestas que reclamaban su devolución al patrimonio gallego.

Esta situación ha dado sin embargo un importante giro tras el eco mediático provocado por la Fundación Franco al anunciar recientemente que utilizaría las visitas para ensalzar al dictador y presumir de sintonía con el PP, lo que llevó a los populares a censurar sus declaraciones y apelar a vicios en la adquisición del inmueble que podrían hacer viable la recuperación del pazo. El propio Feijóo declaró que si se demuestra que la adquisición fue un expolio y no un regalo sería factible la devolución.

Las iniciativas para recuperar el pazo de Meirás se han multiplicado en las últimas semanas, pero todavía sin un frente común entre administraciones. La Xunta Pro Devolución del pazo de Meirás, conformada por la Diputación coruñesa, los Ayuntamientos de A Coruña y de Sada, la Universidade da Coruña, la Iniciativa Gallega de la Memoria y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, acordó la semana pasada convocar una reunión plenaria el 30 de octubre, en la que invita a participar a la Xunta de Galicia.

Feijóo, que mostró días atrás su sintonía con la propuesta del portavoz socialista Leiceaga para crear una comisión en el Parlamento de Galicia que explore vías posibles para devolver el pazo de Meirás al patrimonio gallego, no ha respondido de momento a la invitación de la plataforma coruñesa, pero ha dado un primer paso con el anuncio de un estudio jurídico sobre las posibilidades de recuperar el pazo. Es probable que el Parlamento aborde la cuestión esta próxima semana.

En cualquier caso, todos están de acuerdo en rechazar la vía de la compra o expropiación del pazo a los Franco, que supondría sufragársela por segunda vez. La Xunta Pro Devolución, que invita también a la reunión del 30 de octubre a la delegación del Gobierno, ayuntamientos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, propone crear una extensión gallega de la Ley de Memoria Histórica que permita sortear los vacíos legales de la estatal en casos como el de Meirás, y realizar un informe exhaustivo sobre la irregular apropiación del pazo por la familia Franco.

Otro conflicto desatado estos días por una apropiación de patrimonio público por los Franco podría dar pistas a la solución. El Ayuntamiento de Santiago, con el apoyo de Feijóo, ha reclamado a la heredera del dictador la inmediata devolución de dos esculturas del Pórtico de Gloria que permanecían en su poder desde los años 50.

Resulta evidente que la grotesca atmósfera que se ha ido creando en el pazo de Meirás, uno de los epicentros con Pardo Bazán de la cultura del siglo XIX español, con ventas de exclusivas a la prensa rosa o exabruptos en defensa de ideologías contrarias a la legalidad constitucional, está en las antípodas de lo que debe ser un Bien de Interés Cultural. Y también lo es que existe un clamor por su devolución al patrimonio público gallego. Lo que hace falta ahora es encontrar entre todos una vía que haga posible esta aspiración de la manera menos gravosa posible.

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