El martes, que es el día señalado para la comparecencia de Puigdemont ante su parlamento, sabremos si el pr usés se desinfla o culmina. En ese pleno se declarará unilateralmente la independencia o, por el contrario, que el prusés se ha frustrado. La ley del referéndum de autodeterminación establece en su artículo 4.4 que si gana el "sí" la declaración tendrá lugar a las 48 horas, entrando en vigor la Ley de Transitoriedad jurídica que inaugura la república catalana. Ambas leyes están suspendidas por el TC pero, dado lo poco que eso le ha importado hasta ahora a Puigdemont, sería chocante que desistiera del prusés. Sin embargo, el hecho de que se haya acatado la prohibición del TC de celebrar el pleno el lunes, como estaba anunciado, añade incertidumbre a la situación. El discurso del Rey con refrendo de Rajoy, las iniciativas empresariales, el comienzo de actuaciones en la Audiencia Nacional y el ruido de iniciativas gubernamentales contundentes pueden llevar a Puigdemont a echar el freno pero la fuerte presión de sus votantes, de su partido, de ERC y de la CUP pueden llevarle a persistir en su empeño. El martes saldremos de dudas.

Y saldremos también de las que en esta complicadísima partida viene sembrando el presidente Rajoy. Escribí hace quince días que, a mi juicio, Rajoy está conduciendo bien la endemoniada situación y lo reitero hoy. Jurídicamente, esto es un Estado de Derecho y eso es más que una frase, los pasos han de ajustarse a la ley y políticamente un gobierno con solo 137 escaños y cercado por la amenaza de una censura social y parlamentaria, tiene que andar con pies de plomo. Por un lado el Poder Judicial, independiente y lento, y el TC que multa pero no suspende. Y por otro el Gobierno con instrumentos legales a su alcance pero no todos apropiados y el apropiado de laboriosa aplicación. Veamos sus dificultades. La ley de Seguridad Nacional no es para el supuesto que está sobre la mesa y ya el TC en la STC 184/2016 dijo que esa ley no puede alterar el orden de competencias de una comunidad autónoma. ¡Cuánto menos servirá para suspender a su parlamento o a su gobierno! Tampoco sirve la ley del estado de excepción previsto para una especie de insurrección general y que faculta para la suspensión de derechos fundamentales. Además, exige la autorización del Congreso en el que Rajoy tiene 137 escaños. El artículo 155, que es el instrumento apropiado para la situación, requiere la mayoría absoluta del Senado con la que, en efecto, cuenta el PP, pero que tiene un procedimiento que obliga a varios días de debates en el pleno y en la Comisión General de CA en la que están presentes PNV, PDeCAT, Nafarroa Bai y los representantes socialistas de Valencia, Extremadura, Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias. Un camino nada fácil para el PP porque, aunque en el pleno su mayoría absoluta le facilita las medidas contundentes, las suaves no merecen la pena, lo cierto es que su imagen quedaría seriamente dañada al adoptarlas solo con sus votos porque C´s no tiene senadores. Es lo que sucede cuando la otra pata del sistema, el PSOE, se mueve entre el desconcierto y la deslealtad en un asunto como este.

En suma, el martes se disiparán las dudas. Mi apuesta es que si se declara la independencia habrá 155, con PSOE o sin él y si Puigdemont echa el freno, Rajoy se fumará un puro pero los jueces y la Fiscalía seguirán pasito a pasito completando los papeles para la imputación, por sedición y algo más, de unas docenas de dirigentes catalanes y que pase lo que tenga que pasar.