Queda claro en el Escrito de requerimiento al que obliga el artículo 155 que para el Gobierno español hubo Declaración unilateral de independencia, "al margen de que se encuentre o no en vigor". La hubo en toda regla, escribí el jueves, como puede comprobarse leyéndola en la página web del Parlamento catalán y tuvo como primera consecuencia un Documento solemnemente firmado en el auditorio del mismo parlamento por el gobierno catalán y los parlamentarios que lo apoyan, en el que en calidad de República independiente y soberana afirman, instan y piden. Pese a ello, con la prudencia que el caso requiere el Gobierno español le pide confirmación del hecho a Puigdemont, dándole la oportunidad de que en un plazo breve este revoque la DUI a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a iniciar o continuar el proceso constituyente. Ese es el núcleo de lo sucedido y no puede ser más claro y conminatorio porque, como dice el documento, la respuesta ha de ser afirmativa o negativa entendiéndose el silencio como afirmación de que hubo DUI. No tiene dudas el Gobierno español sobre el asunto por mucho que el señor Iceta dejase caer aquello tan chistoso de que no se puede suspender una DUI que no se ha hecho. Pues sí, para el Gobierno, y esto es lo importante porque es quien puede activar el 155 y lo ha hecho como evidencia el requerimiento, sí que ha habido DUI. A partir de ahí es Puigdemont el que ha de resolver si se reafirma o repliega velas. Si lo primero, se tomarán las medidas que Rajoy comunique al presidente del Senado donde, con el apoyo socialista y contra la opinión del resto de senadores, la mayoría absoluta de los populares las aprobará. Si Puigdemont revoca la DUI el 155 quedará en nada. ¿Quiere eso decir que no tendrá consecuencias para él y sus principales colaboradores el haber llevado las cosas hasta el borde del precipicio? Sería una simpleza pensarlo y un disparate que así sucediera. Queda abierta la vía de los tribunales en la que el Gobierno todavía no se ha empleado con contundencia a través de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, como poco. No deben los ciudadanos quedarse con la sensación de que el cúmulo de atropellos cometidos por las autoridades de la Generalitat pueden quedar impunes. Y no pueden quedarse las autoridades que han atropellado la Constitución, el Estatuto y las leyes, que han burlado al TC, a los jueces y al Gobierno con la satisfactoria impresión de que a la próxima irá la vencida porque el Estado no es capaz de responder al órdago planteado. No es capaz de responder como lo haría Francia.
Pasando a los efectos políticos del gran enredo, lo más notorio es ese acuerdo entre Rajoy y Sánchez sobre la reforma constitucional. Suena a teatro. No sirve para que el independentismo catalán se ablande. Es infantil pensar que con esa promesa, o lo que sea, se van a calmar las aguas en la CUP, ERC o en el PDeCAT. Ellos saben de sobra que sus aspiraciones no tienen cabida en una reforma constitucional. Necesitarían la destrucción de la CE de 1978 y la aprobación de otra, la de una constitución confederal, si es que eso existe, o la independencia, sin más. El acuerdo sirve a Sánchez para decirles a los suyos, muy reticentes, como poco, ante el 155 y angustiados por tener que apoyar en algo a Rajoy, que le ha arrancado al presidente la apertura de un proceso de reforma constitucional, una de las piedras angulares del programa socialista. Y a Rajoy le ha servido para obtener el apoyo al 155 de los senadores socialistas. Rajoy se queda con el pájaro 155 en mano y Sánchez con los ciento volando de un federalismo que satisfaga a los sediciosos y a Iceta sin enfadar a Susana, Felipe y Guerra y que le ayude a derribar a Rajoy sin nombrar vicepresidente a Iglesias. Lo tiene a punto.
