Cuando una comunidad autónoma actuare de forma que atente gravemente contra el interés general de España el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para la protección del mencionado interés general. Esa es la previsión constitucional, artículo 155, aplicable a la actual situación planteada por las autoridades de Cataluña. Nadie, salvo ellas mismas y Pablo Iglesias, piensa que no hay motivos para adoptar las medidas necesarias que el gobierno ha aprobado hoy y que serán debatidas y sometidas a la aprobación del Senado en pocos días. La inmensa mayoría pensamos, en cambio, que la reiterada desobediencia de la Generalitat y el parlamento catalán a las sentencias del TC, la DUI, cuya suspensión propuso Puigdemont al parlamento sin que este llegara a votarla por lo que hay que entender que sigue plenamente en vigor, los catastróficos efectos económicos ya provocados en la economía catalana y en el crédito internacional de España y, en fin, la enorme inquietud social creada, son causas más que suficientes para afirmar que la conducta reciente de esa comunidad está atentando gravemente contra el interés general de España. Veamos el alcance de las medidas adoptadas.

Son las adecuadas a la gravedad de los hechos. Se han hecho esperar porque la política es actividad laboriosa y más cuando el gobierno cuenta solo con 137 escaños de los 350 del Congreso. Se ha conseguido el consenso sobre las medidas y eso es de celebrar. ¡Hay Estado!, podemos decir los ciudadanos. Ha sido claro y escueto el presidente de modo que no hay dudas sobre las medidas. Elecciones antes de seis meses supeditada su celebración a la recuperación de la normalidad que irá sopesando el Gobierno, el Senado, los partidos y la opinión pública. No lo decidirá un presidente autoritario sino un conjunto de actores democráticos. Será entonces cuando se disuelva el parlamento catalán que hasta ese momento verá restringidas algunas facultades relativas al nombramiento de un presidente pero que ejercerá su potestad legislativa y de control sobre el nuevo gobierno. Destitución del presidente Puigdemont y su gobierno al completo que serán sustituidos por las personas que nombre el Gobierno nacional con el plácet, supongo, del Senado a quien corresponde el seguimiento de la nueva situación y sin perjuicio del control habitual del ejecutivo que corresponde al Congreso.

Le toca ahora al Senado de acuerdo con un procedimiento que se presenta muy poco ágil porque la cámara interviene tras semanas de idas y venidas entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación, entre cartas presidenciales sin demasiado sentido a mi juicio y, sobre todo, sin que hayan cesado desde hace demasiado tiempo los incumplimientos y desobediencias de la comunidad. No parece la mejor tramitación para unas medidas aprobadas para un caso excepcional como el presente, pero es la que hay.

Además, seguirán las actuaciones judiciales en marcha y las que se anuncian. Entre ellas, según acaba de decir el fiscal general del Estado, la querella por delito de rebelión contra las máximas autoridades de Cataluña, supeditada a que procediesen a declarar la independencia. Desconcertante la condición porque si aún no ha habido DUI, ¿a qué viene la aplicación del 155? Algo importante no debió escuchar y leer el señor Maza. Que revise el vídeo de la sesión del parlamento catalán del 10 de octubre, que lea el requerimiento del gobierno y las cartas de Rajoy y Puigdemont. La DUI ya está hecha.