Editorial

Compromiso para desahogar al Puerto sin hipotecar la ciudad

29.10.2017 | 02:31

La esperada cumbre celebrada este martes pasado en el palacio de María Pita sobre el futuro de los muelles, dilatada durante nueve meses por Puertos del Estado, no acabó de despejar las grandes incertidumbres. El presidente del organismo portuario estatal, José Llorca, comunicó al alcalde Ferreiro su intención de posponer hasta 2022 la decisión sobre el muelle de San Diego, centro de la polémica en la reforma de la fachada marítima interior. Puertos prevé su venta con fines inmobiliarios para financiar Langosteira, mientras que el Concello, con el aval del pleno, defiende un uso público que conjugue construcción de viviendas con disfrute ciudadano y el mantenimiento de un tejido productivo vinculado al sector del mar y las nuevas tecnologías.

Llorca se limitó prácticamente en este encuentro tanto tiempo esperado a trasladar personalmente a Ferreiro los términos del pacto que había sellado con el presidente de la Xunta en vísperas de la reunión de María Pita, en una negociación celebrada a espaldas de la Administración coruñesa en la que se acordó que no se venderán los muelles de Calvo Sotelo y Batería, ni tampoco La Solana.

Puertos del Estado y Xunta daban así marcha atrás parcialmente a la postura mantenida hasta ahora por ambas instituciones en la que defendían la privatización de todos los muelles interiores liberados por el traslado de la actividad portuaria a Langosteira, en los términos previstos por el convenio firmado en 2004 por el entonces alcalde Francisco Vázquez.

El destino al que este convenio abocaba a los muelles, enmarcado en los parámetros del boom del ladrillo que desembocaría en el estallido de la burbuja inmobiliaria y la consecuente crisis, topó en estos dos últimos años con la oposición del actual Gobierno municipal coruñés, una importante movilización ciudadana encabezada por la plataforma En Defensa do Común, que sacó a miles de coruñeses a la calle en mayo, y las declaraciones unánimes del pleno municipal coruñés y el Parlamento gallego a favor de una solución que mantuviera la titularidad y el uso público de estos terrenos. Los propios empresarios coruñeses llegaron a cuestionar la viabilidad de una masiva construcción de pisos en los mueles liberados en los tiempos económicos que corren.

El clamor ciudadano e institucional a favor de una solución para el puerto interior que no hipoteque los intereses públicos generales de la ciudad de A Coruña ha influido sin duda en el giro que Xunta y Puertos del Estado acaban de dar, al asumir las tesis defendidas por el Concello y acordar que no se venderán los muelles de Calvo Sotelo y Batería, ni La Solana, que mantendrán su titularidad pública.

Pese al cambio de rumbo, la propuesta pactada por Xunta y Puertos del Estado está aún lejos de la defendida por el Concello y refrendada por unanimidad por el pleno municipal, ya que se mantiene la subasta del hotel Finisterre y el muelle de San Diego, en el que se concentrará la iniciativa inmobiliaria. En realidad, solo garantiza que sea público el 18% de los terrenos de los muelles y deja abiertos a la venta los 377.000 metros cuadrados de San Diego, donde el planeamiento urbanístico permite vender viviendas, ya que en Calvo Sotelo y Batería, que apenas suman 65.000 metros cuadrados, solo se autorizan comercios, oficinas y hoteles. Además, Puertos pretende excluir al Ayuntamiento de la planificación en Calvo Sotelo y Batería al dejarla en manos del consejo de la Autoridad Portuaria en el que el Concello tiene solo un voto entre 15.

El presidente de la Xunta, que llevó la voz cantante en el acuerdo con Puertos, ya que José LLorca no hizo declaraciones al respecto, justificó la venta del muelle de San Diego en la necesidad de lograr fondos para desahogar la descomunal deuda de del ente portuario coruñés por la construcción de Langosteira, que supera los 300 millones de euros.

Tras el anuncio del acuerdo entre Xunta y Puertos, el alcalde de A Coruña celebró que se acercasen a las posiciones que el Concello defiende desde hace dos años, aunque rechazó que se pretenda solo hacer negocio con San Diego, un enclave portuario que debería según Ferreiro mantener una actividad de motor económico para la ciudad, con el asentamiento de empresas tecnológicas, y no reducirse a una especulación inmobiliaria para hacer caja. Tanto Marea como PSOE y BNG censuraron además que la Xunta se apropie de la agenda de la ciudad sin contar con ella, en referencia a la ausencia del Concello en el pacto con Puertos del Estado. El PP se aferró a la garantía que la Xunta ofrece para que los muelles de Calvo Sotelo y Batería sigan siendo públicos, sin hacer mención a San Diego.

Las asociaciones de vecinos de Os Castros, Oza y A Gaiteira, cuyos barrios lindan con las instalaciones portuarias, se han manifestado también en contra de la venta de San Diego tras conocer los planes del Gobierno gallego.

En el centro de este pulso, cuyo desenlace marcará la potencialidad de desarrollo de la ciudad en el próximo siglo, está la perentoria necesidad de aliviar la deuda que ahoga al puerto por Langosteira. Y este es el mantra al que Xunta y Puertos del Estado se agarran para justificar la venta de San Diego con fines inmobiliarios.

En la reunión en la que ambas instituciones pactaron su plan, y esta pudo haber sido la razón por la que no se invitó al Concello, se pasó por alto el mandato del pleno municipal que reclama un compromiso del Estado con el Puerto coruñés para hacer viable el pago de su deuda sin hipotecar el futuro de la ciudad. Y exigía la asunción del coste del tren a Langosteira, como ha hecho el Gobierno con otras dársenas exteriores que compiten con la coruñesa, como Gijón.

En este punto, Llorca dejó caer por primera vez en la reunión con Ferreiro su disposición a buscar una fórmula para que la Autoridad Portuaria coruñesa no tenga que costear los 120 millones de la conexión por ferrocarril, sin concretar cómo. Sería un enorme alivio para el Puerto coruñés, cuyo presidente, Enrique Losada, debería agradecer a la presión ejercida por el Concello y la movilización ciudadana. El alcalde coruñés plantea además una quita de la deuda del Puerto y pone como ejemplo el rescate por Fomento de las autopistas de peaje deficitarias de Madrid, R-3 y R-5, que supondrá una factura de 1.000 millones al Estado.

El futuro de los muelles, que marcará la configuración de la Coruña del siglo XXI, tiene que pasar por la cooperación y eso implica también reconocer el papel a jugar por el Concello, al que Xunta y Puertos del Estado parecen querer ningunear. El aplazamiento de la decisión sobre San Diego no puede hurtar el debate sobre su futuro, que es también el de la ciudad.

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