La última excusa de mal pagador, de momento, la de la señora Rovira. Ya saben, el Gobierno nos amenazó con muertos en las calles. Antes hubo otras. Que el independentismo no tuvo mayoría social, que no estaban preparados, que el procés solo buscaba presionar al Estado y obtener concesiones, que nunca imaginaron una respuesta tan dura, el 155, del Estado. Excusas para ocultar un fracaso mil veces anunciado por Rajoy y por todos los partidos menos por los dos que tienen a sus líderes en prisión o fugados y por la CUP, que se ha ido de rositas. Anunciado por la UE de cuyos gobiernos y de ella misma no ha recibido el procés apoyo alguno, como de ninguno del mundo. Por los empresarios que demostraron el movimiento moviéndose de Cataluña y, en fin, fracaso anunciado desde mil instancias, por mil columnas periodísticas y millones de ciudadanos de a pie en Cataluña y fuera de ella. Un fracaso estrepitoso y no a coste cero. Quiebra de la convivencia familiar y social en Cataluña; consecuencias económicas perversas para Cataluña y España entera que se notan, como se notan ya sobre el empleo; descrédito institucional y suma y sigue. Un fracaso inmenso porque el resultado, el 155, desmiente rotundamente la promesa de una independencia obtenida fácil y pacíficamente con solo un par de manifestaciones cívicas, con las excursiones internacionales de Romeva, con la astucia jurídica de Viver Pi-Sunyer, con la audacia de los tres partidos independentistas y contando, faltaría más, con el desconcierto y el complejo de inferioridad de los españoles hacia los catalanes, con el quietismo de Rajoy y la torpeza de su gobierno. Antes ensoñaciones, mentiras y promesas de imposible cumplimiento y ahora, tras el fracaso, excusas y explicaciones que no hacen sino evidenciar, por si aún hiciera falta, la debilidad del procés y la poca solvencia de sus dirigentes. El desafío les ha salido rematadamente mal y ahora les esperan los tribunales. El Gobierno ha superado con nota el envite independentista.

Y ahora elecciones que, si los independentistas plantearán, una vez más, como plebiscitarias con proclamas victimistas y heroicas llamadas a la esperanza de una independencia para más adelante, por los constitucionalistas deberían plantearse como lo que en realidad son: unas elecciones autonómicas para investir a un gobierno que gobierne Cataluña cuatro años ejerciendo sus competencias, las que tiene y no las que se inventa. Por eso conviene una campaña que no caiga en debates por las nubes de la nación, la independencia, el derecho a decidir, el pasado de Cataluña y España, la sentencia del TC sobre el estatuto y demás escapismos dialécticos. Importa, mirando a los electores catalanes moderados que aceptaron cómodos el marco constitucional desde 1978, poner de manifiesto los engaños y las falsas promesas de los independentistas y los tristes resultados finales de las elecciones de septiembre de 2015 que inicialmente iban a investir a Mas y acabaron con un presidente en manos de la CUP y hoy fugado en Bruselas, con una Cataluña gobernada desde Moncloa y con el parlamento disuelto, con dos mil empresas menos, con peores perspectivas económicas y de empleo y, en fin, con una Cataluña que ha perdido mucho del respeto y la admiración que siempre mereció en el resto de España. Y cuidado con prometer reformas constitucionales para apaciguar al independentismo. Serían inviables, injustas y disfuncionales y, sobre todo, faltas de sentido porque hacer concesiones hoy por hoy a quienes, habiendo puesto en juego todos sus efectivos, han perdido por goleada solo serviría para incentivar más fugas hacia delante cuando lo procedente es que, asumida la reciente y traumática experiencia, recuperen el discurso moderado y viable del Estatuto y de la Constitución.