Reformarla requiere, según la materia afectada, mayorías de 3/5 o 2/3 de ambas cámaras y referéndum a petición u obligatorio. Se exige, más allá de la conveniencia, un gran consenso sobre el objeto de la reforma. Por ahí hay que empezar cuando de la reforma del modelo territorial hablamos. Porque de esa reforma hablamos, en realidad, desde que el nacionalismo catalán, tras la sentencia de junio de 2010 del TC sobre el estatuto, apostó por el independentismo. Eso es lo que ha alterado a algunos actores a pretender con urgencia la reforma del modelo territorial que el resto de autonomías ni siquiera plantea porque durante décadas el que hay no les ha funcionado mal. No ha funcionado a la perfección, sería imposible a gusto de todos, pero no les ha ido mal, ni mucho menos. Todas las comunidades en las que el nacionalismo es una rara avis, reconocen un satisfactorio desarrollo del autogobierno y aunque estimen que algunas reformas mejorarían el diseño y el funcionamiento del modelo, no las consideran urgentes. Tampoco el PP ni C's. El PNV pretendió, hace años, una relación confederal con España pero aceptó la derrota del Plan Ibarretxe en el Congreso y con Urkullu atemperó notablemente sus actitudes. No siendo viable la soberanía vasca, su interés actual en la reforma constitucional no parece muy vivo. Podemos no hace propuestas de reforma y Bescansa hace poco propuso algunas de contenido diverso. Elección del Presidente del Gobierno por sufragio universal atribuyéndole el mando supremo de las FAS que hoy corresponde al Rey; que el Congreso aplique el artículo 155 y proponga al Fiscal General del Estado; un Senado con competencias exclusivas sobre financiación autonómica, compuesto de 10 senadores por CA elegidos en circunscripción única no provincial y 20 para las de más de cuatro millones de habitantes. Y derecho de cada CA a decidir si aceptan o rechazan la reforma y, en consecuencia, su propio camino. Son, simplemente, las propuestas de una diputada que tampoco en su grupo ocupa posiciones de relieve. Nada consistente.

El PSOE ha venido proponiendo, por boca propia o de expertos próximos, una reforma federal. La presentó en Granada en 2013, con 110 diputados y mayoría absoluta del PP en ambas cámaras; la reiteró en 2014 y en octubre de 2015 rechazando la pretensión del PSC de "nación catalana"; buscando Sánchez su investidura en febrero de 2016, con 90 escaños y mayoría absoluta del PP en el Senado, incorporó exigencias de C's, suprimir aforamientos, despolitizar la justicia, limitar la Presidencia a dos mandatos y, buscándola de nuevo Sánchez en junio de 2016, 85 escaños y mayoría absoluta del PP en el Senado, ofreció reconocer la singularidad de Cataluña en la CE. Ahora y a cambio de apoyar el 155 consiguió crear en el Congreso una Subcomisión para estudiar la reforma territorial sin trocear la soberanía ni incluir un referéndum para canalizar el derecho a decidir. Apoya un Senado a la alemana, único en el mundo, que funciona como cámara con senadores sujetos a las instrucciones de sus gobiernos, tal y como defienden los expertos coordinados por Muñoz Machado en unas Ideas recientes. Como los expertos, quiere un claro deslinde de las competencias del Estado y las CA sin aclarar si con ello busca descargar al TC de la tarea que ha venido haciendo durante décadas o si, y esto es lo que parece en realidad, el deslinde vale sólo para adelgazar aún más al Estado. Y no pide el PSOE, pero sí los expertos, que los estatutos se aprueben exclusivamente por los parlamentos autonómicos sin intervención de las Cortes.

Así las cosas y sin consenso, lo prudente es conservar la Constitución y desearle larga vida y demandar, en cambio, a los nacionalismos que sujeten a ella sus políticas.