La conexión de Galicia al Corredor Atlántico, la red ferroviaria europea de mercancías, una aspiración reiteradamente demandada por los empresarios y el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como una infraestructura imprescindible para el despegue de la comunidad, no entra, sin embargo, en los planes del Ministerio de Fomento, que ha apostado por otras regiones.

La marginación del Noroeste -Galicia, Asturias y Castilla-León-, de esta arteria clave para la expansión comercial y económica se ha producido, además, con unas explicaciones oficiales poco transparentes y justificaciones engañosas a las comunidades afectadas.

El anuncio por el Ministerio de Fomento de la postergación definitiva de la conexión de Galicia con el Corredor Atlántico como mínimo hasta 2027, realizada en noviembre pasado, cayó como un jarro de agua fría entre el empresariado gallego, que puso el grito en el cielo. Se sentían con toda razón defraudados por un Ministerio que solo un mes antes, en octubre, les había garantizado este vital enlace para 2018.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fijó esta fecha tras la cumbre celebrada por los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León en Santiago de Compostela de la que salió una reclamación conjunta contra la relegación del Noreste.

No sirvió de nada. Pocas semanas después de la fallida promesa, Fomento reconocía que la conexión de Galicia con el Corredor Atlántico tardaría al menos diez años más, lo que volvió a reactivar las encendidas protestas de los empresarios gallegos. El ministro De la Serna se escudó entonces en que la responsabilidad de esta exclusión era de la Unión Europea, que ya no admitía cambios en un itinerario que estaba cerrado ya desde hacía tiempo. Una confesión que convertía su promesa anterior en una verdadera tomadura de pelo a los gallegos.

Pero el enredo no acaba aquí. La semana pasada, apenas dos meses después de achacar la responsabilidad de la exclusión de Galicia a una Unión Europea que ya no aceptaba más cambios en el Corredor Atlántico, De la Serna acudía a Zaragoza a colgarse la medalla de que había logrado que Bruselas alterase el itinerario de la red ferroviaria de mercancías para incluir a Aragón y Navarra.

Tras esta nueva pirueta, el malestar del empresariado gallego se ha convertido en un clamor de indignación y alerta del riesgo que supone para Galicia tener que esperar otra década para engancharse a la principal red ferroviaria europea. Si la comunidad no logra situar sus mercancías en el Corredor Atlántico, advierten, se juega la competitividad de su tejido empresarial en el futuro.

Los empresarios gallegos no quieren entrar en una dinámica de enfrentamiento con otros territorios, pero defienden con firmeza la necesidad de que Galicia se suba al tren europeo. No se trata solo de un asunto económico, aseguran, sino también de una cuestión estratégica vital para el futuro de Galicia. Y recuerdan que uno de los valores estratégicos de Galicia radica en que de sus puertos arrancan las vías naturales de salida de las mercancías que vienen del otro lado del Atlántico. Y que, irónicamente, no podrán usar el Corredor Atlántico ferroviario para su rápida penetración en el mercado europeo.

En los puertos gallegos, señalan empresarios y cámaras de comercio, se han acometido inversiones muy importantes para reforzar este tráfico intercontinental que pueden caer en saco roto por la marginación del Noroeste en las rutas mercantiles al corazón europeo. Esta marginación resulta especialmente preocupante precisamente cuando las estadísticas demuestran que el principal motor de la economía gallega es la exportación, que ha batido récords en los tres últimos años.

El Círculo de Empresarios de Galicia hizo también un ejercicio de autocrítica al reconocer que la confianza en las promesas ministeriales les hizo bajar la guardia y admiten que a la vista del fiasco resultante deberían haber ejercido una mayor presión sobre las administraciones, que aseguran que sí pondrán en marcha ahora porque Galicia no se puede permitir dejar pasar más de diez años sin conexión ferroviaria a Europa. Y hacen un llamamiento a sumarse en esa responsabilidad a organizaciones sindicales e instituciones públicas.

El clamor de los empresarios gallegos fue respondido con sordina desde la Xunta a través de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que restó importancia a la conexión de Aragón y Navarra tras la exclusión de Galicia, que justificó como una "agrupación de interés económico para la gestión de los tráficos de mercancías". Vázquez mantiene que lo que precisa Galicia es optar previamente a fondos europeos para modernizar sus líneas de mercancías.

La insuficiente respuesta del Gobierno gallego lleva implícito el reconocimiento de deberes sin hacer. Los propios empresarios aluden en sus quejas a que la red gallega de mercancías está obsoleta, ya que las vías son de un ancho diferente al del Corredor Atlántico.

La Xunta debe una explicación transparente sobre las huecas promesas del Ministerio, que para la oposición política y los empresarios rozan el escarnio a los gallegos en su legítima reclamación de una infraestructura prioritaria para el progreso de la comunidad. Y, sobre todo, una firme defensa ante el Gobierno del calendario más corto posible para la incorporación de Galicia al Corredor Atlántico.