El pleno municipal de A Coruña acaba de dar luz verde inicial al proceso para devolver al complejo deportivo de La Solana la calificación de suelo público en el Plan General de Ordenación Municipal, que le había retirado el gobierno del PP, que lo había convertido en privado durante su pasado mandato en María Pita. La Corporación coruñesa aprobó por amplia mayoría, con la única abstención del grupo popular, iniciar el proceso de cambio con ese objetivo y para impedir legalmente cualquier especulación urbanística que pudiera acometerse desde la Autoridad Portuaria, propietaria de la parcela, que en 2016 intentó subastar.

El grupo socialista, que respaldó con sus votos la propuesta, condicionó sin embargo su apoyo a que el Gobierno de Marea aporte motivaciones a la recalificación que defiende en el plan general antes de su aprobación definitiva. La abstención del PP fue justificada por los ediles populares en que Feijóo ya anunció el pasado octubre que tanto La Solana como los muelles de Batería y Calvo Sotelo no serían vendidos. La ratificación de este compromiso, que el presidente de la Xunta aseguró entonces que se haría en unos días, está aún pendiente medio año después.

La medida aprobada ahora por el pleno coruñés para blindar la titularidad pública de La Solana llega, por otra parte, catorce meses después de que la Corporación se pronunciara por unanimidad en enero de 2017 a favor de que los terrenos de La Solana y el Hotel Finisterre no fueran subastados, como pretendía entonces la Autoridad Portuaria coruñesa, y de que se les devolviese la condición de suelo público que se le había retirado durante el mandato anterior.

Al trascender a finales de 2016 que la Autoridad Portuaria pretendía subastar el complejo deportivo y el hotel, se originó un movimiento de oposición en la ciudad que cuajaría no solo en el rechazo plenario y el debate en el Parlamento de Galicia, sino también sino en una gran movilización ciudadana. La manifestación convocada por la Plataforma de Defensa do Común congregó a miles de coruñeses para reclamar la titularidad pública de los terrenos de La Solana y el Hotel Finisterre, así como de los muelles que serán liberados en el Puerto interior por el traslado de las actuales actividades a la dársena exterior de Langosteira.

El clamor ciudadano y político obligó al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, a dar marcha atrás. El dirigente portuario anunció en una reunión mantenida a principios del año pasado con el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que la subasta de La Solana y el Hotel Finisterre se suspendía temporalmente, a la espera de un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento en posteriores negociaciones que incluyeran también el futuro uso de los muelles del puerto interior, Calvo Sotelo, Batería y San Diego. Estas negociaciones, sin embargo, nunca llegaron a celebrarse. Puertos del Estado alegó diversas excusas, entre ellas la huelga de estibadores, para justificar su imposibilidad de retomar las conversaciones. Así fueron pasando los meses, sin que Puertos fijase una fecha para reanudar el diálogo.

Entretanto, el Gobierno local coruñés volvió a mover ficha para desbloquear la cuestión y propuso poner en marcha un consorcio de administraciones, con participación de Concello, Xunta y Estado, que estudiara una solución consensuada al futuro destino de los muelles. A finales del verano pasado, tras meses de espera, Puertos fijó por fin para octubre la esperada reanudación de las negociaciones con el Ayuntamiento coruñés. Pero la oferta de diálogo prometida en enero se encontraba ya en vía muerta.

Apenas unos días antes de la reunión prevista de Llorca con Ferreiro en María Pita, el presidente de la Xunta hace un sorprendente anuncio. Feijóo revela el 10 de octubre que acababa de cerrar un pacto con Llorca en una reunión para decidir el futuro de los muelles coruñeses a la que no fueron invitados, paradójicamente, ni el Ayuntamiento de A Coruña ni la Autoridad Portuaria coruñesa. Como consecuencia de ese acuerdo exprés cerrado con Puertos, que suponía darle carpetazo a las negociaciones con los representantes municipales de la ciudad, Feijóo se comprometió a que los terrenos de La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo no se venderían y serían de titularidad pública, aunque se mantenía la subasta de San Diego para afrontar la deuda de Langosteira.

La marginación de A Coruña de un pacto unilateral sobre una de las decisiones de mayor calado para el futuro de la ciudad fue censurada Por Marea, PSOE y BNG, que reprocharon deslealtad institucional a la Xunta. La apresurada explicación por parte del presidente de la Xunta del alcance y detalle contenido del polémico pacto, aún pendiente de cerrar, dejaba grandes lagunas que Feijóo prometió aclarar en la ratificación final del acuerdo, que fijó para una pronta fecha, en cuestión de semanas.

Ha pasado ya medio año y el acuerdo sigue aún sin ratificación oficial. Una consecuencia de esta demora es que la Autoridad Portuaria coruñesa, volvió a incluir recientemente en su plan de negocio la venta de los muelles que el presidente de la Xunta prometió no vender meses atrás. El Puerto alegó que estaba obligado a hacerlo a la espera de que se ratificara el acuerdo.

La Xunta, que detenta la mayoría en el consejo de la Autoridad Portuaria coruñesa, no puede seguir jugando al escondite en un asunto en el que está en juego la transformación urbanística de mayor calado que probablemente experimentará la ciudad en este siglo. El Gobierno autonómico no debe seguir amparándose en un vago anuncio sin concretar realizado hace meses y que los documentos oficiales del Puerto coruñés siguen sin dar aún por válido.

En una operación de tanto calado para el futuro de A Coruña, la Xunta no debería demorar más una aclaración detallada y transparente sobre el alcance del anuncio de Feijóo sobre los muelles en el pasado mes de octubre, que según sus propias palabras se conocería en detalle en unas semanas, pero del que nada se ha vuelto a decir medio año después.