15 de abril de 2018
15.04.2018

Posibles y perversas consecuencias de la reciprocidad sobre la euroorden

15.04.2018 | 01:24
Posibles y perversas consecuencias de la reciprocidad sobre la euroorden

Europa es un espacio por el que circulan libremente y sin pasaporte quinientos millones de europeos. Un triunfo que exige en el mismo espacio la contrapartida inexcusable de la persecución del delito y la protección contra los delincuentes, tareas que desempeñan los Estados con sus respectivos poderes, principalmente el ejecutivo con sus aparatos policiales y el poder judicial administrando justicia. La euroorden cobra todo su sentido en este marco global europeo y a los jueces y tribunales toca aplicarla de acuerdo con los principios que la inspiraron, confianza, automatismo y, claro está, reciprocidad. La confianza que encuentra fundamento en que los sujetos que forman la UE son Estados democráticos cuyas constituciones reconocen y garantizan derechos y respetan la separación de poderes. El automatismo lo pide la agilidad y la eficacia en la persecución del delito y la protección de la seguridad. Y la reciprocidad es obligada por la igualdad entre Estados soberanos miembros del club europeo. Normalmente funciona así la euroorden pero en el caso Puigdemont el tribunal alemán que debía ejecutarla la ha rechazado causando así un grave daño a lo que la euroorden significa que es mucho y decisivo para el buen funcionamiento de la UE. Si añadimos a lo sucedido en Alemania la situación en Gran Bretaña y Bélgica de otros independentistas fugados, es evidente que la cooperación entre tribunales europeos es manifiestamente mejorable. Ya sé que aún queda camino judicial que andar en estos casos y que los asuntos pueden llegar hasta lo más alto de cada país y al Tribunal de Justicia de la UE, pero mientras tanto el daño a la cooperación está hecho. Y no digamos si la decisión última es contraria a la entrega de los fugados a la justicia española. En justa correspondencia, por exigencias del principio de reciprocidad, bien podría la Audiencia Nacional encargada de ejecutar la euroorden que emitan los tribunales británicos, belgas o alemanes, ralentizar las entregas de imputados por ellos reclamados con peticiones de más detallada información al respecto y, en su caso, denegarlas. Puestos a destrozar el sentido de la euroorden ningún país tiene el monopolio de darse el lujo.

Pero el asunto tiene, además, una dimensión política inquietante para la UE y, por supuesto, para España. Por eso no son suficientes las buenas y contenidas palabras del presidente Rajoy y su ministro de Justicia. No basta decir que acatamos, como siempre, las decisiones de los tribunales. En estos casos y sin negar, por obvio, lo anterior, se espera de un gobernante, de un político, algo más. Algo como lo que ha escrito en un importante periódico alemán el director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Madrid, señalando el grave daño que la decisión del tribunal alemán causa a la construcción europea. También en el plano político podría ofrecerse, al amparo de la reciprocidad entre iguales, hospedaje cómodo e indefinido en España a los dirigentes más activos y aguerridos de los distintos movimientos independentistas europeos para que sigan amenazando libremente la integridad territorial de sus estados, en la seguridad de no ser entregados por insuficiencias en la documentación requerida.

Pudiera ser que en el tribunal alemán de la infausta resolución hayan coincidido jueces homologables a algunos que conocemos aquí, como el expedientado juez catalán Vidal o como Villares el portavoz parlamentario de En Marea, si así ha sido se explica lo sucedido. Confiemos en que otros tribunales enmienden el desaguisado porque si no, la euroorden está herida de muerte. Como el sentimiento europeísta de tantos españoles.

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