Xunta y Fomento acaban de sellar un pacto sobre el futuro uso de los muelles interiores coruñeses, una vez queden desafectados por el traslado de las actuales actividades portuarias a la dársena exterior de Langosteira, en cuya gestación dejaron fuera al Ayuntamiento.

No es una ausencia menor, ya que lo que está en juego en este convenio es precisamente la mayor operación de transformación de suelo en la ciudad, que abarca casi medio millón de medros cuadrados en pleno corazón de la capital coruñesa y que será la actuación urbanística de mayor calado probablemente en este siglo.

Difícilmente se encontrará en las grandes transformaciones portuarias que se han llevado a cabo en ciudades españolas como Bilbao, Barcelona o Valencia un caso similar en el que la gestación de una operación de semejante envergadura se haya llevado a cabo absolutamente de espaldas a la urbe afectada. En todos esos casos, estuvieron presentes en las negociaciones para su gestación las tres administraciones: estatal, autonómica y municipal.

Al contrario que aquí. En el caso de los muelles coruñeses, el acuerdo se ha venido gestando desde octubre pasado solo en Madrid y Santiago con total hermetismo. El pacto, ya cerrado, fue presentado esta semana por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Puertos del Estado, José Llorca; y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada, en un acto al que ni siquiera se consideró pertinente invitar al alcalde de la ciudad en la que repercutirán sus consecuencias.

Xunta y Fomento cocinaron a espaldas de A Coruña un acuerdo que vendieron al Ayuntamiento y a la Diputación ya cerrado, sin más integración posible que la de sumarse con fondos propios a una iniciativa en cuya gestación se les apartó y sin ninguna posibilidad de modificar los contenidos del pacto ya sellado. El Ayuntamiento y la Diputación ya han rechazado esta posibilidad. El Gobierno local de A Coruña acusó a Fomento y Xunta de querer blindar con su acuerdo "la operación especulativa en los muelles de San Diego, montada de espaldas a la ciudad, a sus instituciones y a su gente".

La opacidad sobre el contenido del acuerdo llegó al punto de que los términos exactos del pacto suscrito por Xunta y Estado no fueron conocidos por el Ayuntamiento coruñés hasta dos días después de su presentación pública. Fue el Concello el que hizo público el texto, después de que las cuatro entidades que lo habían firmado se negaran a darlo a conocer en sus términos exactos.

El 51% que controlará la Xunta impediría al Concello coruñés toda posibilidad de decisión en el futuro de los muelles puesto que el pacto recoge que todos los acuerdos se adoptarán por mayoría. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, reprocha que el pacto de Xunta y Fomento se reparta los terrenos portuarios "como si fuesen su cortijo particular". La marginación de A Coruña en este acuerdo ha sido duramente censurada como una inadmisible deslealtad institucional por todos los partidos de la Corporación municipal, con la salvedad del PP.

El convenio pactado por Xunta y Fomento esgrime como principal bondad el blindaje de la titularidad pública de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, pero su espíritu está fundamentalmente orientado a blindar la gran operación inmobiliaria planeada en 2004 por el alcalde Francisco Vázquez y el Ministro Álvarez Cascos, que prevé una gran densidad de edificación en el mayor de los muelles.

Los 377.000 metros cuadrados de San Diego representan el 82% de la superficie que quedará desafectada en el puerto interior y la única en la que el planeamiento urbanístico permite construir pisos. San Diego es la parte del león, mientras que Batería y Calvo Sotelo son apenas el chocolate del loro.

Todos los partidos de la Corporación coruñesa, salvo el PP, así como el Parlamento gallego y las movilizaciones de miles de coruñeses convocados por la Comisión Aberta en Defensa do Común, han manifestado de forma reiterada su intención de revisar esa capacidad de edificación en San Diego, que incluso la patronal coruñesa de la construcción juzgó propia del cuestionado boom del ladrillo y desaconsejable para los tiempos que corren.

Hasta la exministra de Fomento Ana Pastor llegó a afirmar en sus reuniones con Ferreiro que veía razonable reducir el nivel de edificación que Vázquez y Álvarez Cascos habían suscrito en el convenio de 2004, al que también se oponen frontalmente los vecinos de A Gaiteira y Os Castros.

Esa revisión de los convenios de 2004, que prevén la construcción de 4.000 pisos en San Diego, es lo que realmente blinda el pacto cocinado a espaldas de A Coruña. En su contenido figura expresamente la venta de San Diego como un activo de carácter inmobiliario indispensable para obtener los fondos necesarios para costear Langosteira. Y esgrime además la cláusula sexta del protocolo de 2004, que obligaría al Ayuntamiento a indemnizar al Puerto en el caso de que intente modificar esta capacidad de alta edificación en el plan general.

El plan de empresa de la Autoridad Portuaria prevé que la venta del muelle de San Diego le proporcione unos ingresos de 176,5 millones de euros, que serían aportados por empresas interesadas en desarrollar proyectos inmobiliarios.

Hablando en plata, el único horizonte posible que se plantea en el pacto es una macrooperación inmobiliaria para hacer caja, sin tener en cuenta sus consecuencias en el futuro de la ciudad. El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, lo resumió en una intervención en el Congreso el pasado jueves en una frase cruda: "Los puertos no tenemos ninguna vocación de hacer ciudad". ¿Tampoco la Xunta?

Hay que recordar que A Coruña es una de las pocas ciudades a las que Fomento condena a pagar su puerto, ya que en las restantes donde se construyen dársenas exteriores, los ha financiado al cien por ciento. En esos casos sí hubo la vocación que no se tiene en la urbe coruñesa. Aquí, se ofrece como única vía que la deuda portuaria se pague a costa de sacrificar el potencial que significa para la ciudad la mayor transformación de suelo en su historia.

Xunta y Fomento no pueden relegar a los coruñeses de la decisión urbanística más relevante en el futuro de su ciudad con un pacto guisado a sus espaldas. Además de falta de vocación, es falta de espíritu democrático.