La semana ha proporcionado a los profesores de Educación para la Ciudadanía tantos casos prácticos que, acaso, los manuales y las teóricas resulten innecesarios, evitando así a los jóvenes mucho sermón de clérigos o laicos, de transgresores o de integrados. Y vídeos de y para tontos.
Vamos con el primero. Tal y como el botellón viene practicándose no merece protección. Antes bien, debiera terminarse cuanto antes porque lo exige el derecho de los vecinos al descanso. Ninguno de los argumentos que manejan sus defensores es tan consistente como para debilitarlo. El botellón no es una charla de amigos a la puerta de la taberna y el precio de las consumiciones nada justifica, si no se tiene, no se gasta. Ningún joven aceptaría que, en exámenes o con su madre enferma, cientos de vocingleros practicasen botellón bajo su ventana. El
botellón en la ciudad no cabe, y es urgente desplazarlo adonde no se lesione el derecho fundamental a la integridad física y la salud de los vecinos. Los jóvenes no pueden no entenderlo.
El segundo, el caso de la niña Shalima, tiene más sustancia. Todos tenemos derecho a elegir nuestra indumentaria, pero existen limitaciones razonables. Una clase de latín o matemáticas no se imparten en un baile de disfraces. Desde esa perspectiva la prohibición del velo o la del sombrero de D´Artagnan sería razonable. Aunque no más que su consentimiento, porque en las aulas abundan los forofos del Deportivo o del Milán, y de cosas asombrosas; y el velo de Shalima no sería de lo más llamativo.
En tono más grave, lo del pañuelo se enfoca desde la religión. El respeto a las creencias obligaría a aceptar las indumentarias de cada confesión. Y, añado, de cualesquiera otra que funcione como signo de identidad y pertenencia a cualquier clase de grupo. Si hay un derecho a exhibir la identidad religiosa, ¿por qué no la de nación u oficio? Como el respeto a las identidades podría, también, llevarnos a lo del baile de disfraces, mejor la prohibición total. Pero ¿por qué, si el profesor y los alumnos pueden, satisfecha la curiosidad, salvar lo que a uno y otros les reúne, la clase de matemáticas?
Para otros, el velo afecta a la igualdad de la mujer. El pañuelo, impuesto por los padres a una menor, expresa la condición sometida de la mujer. Prohibámoslo porque es incompatible con la igualdad. Sin más. Ocurre, sin embargo, que topamos con el derecho de los padres a educar a sus hijos que muchos consideran absoluto y resistente a cualquier intervención estatal. Cabría pensar también que la prohibición del velo no impediría que alguna otra prenda o complemento, visible o invisible, sirviera para recordar a la niña que, en su mundo, ella es inferior. ¿Realmente estamos convencidos de que prohibir el velo contribuye a que la niña inicie el camino de su liberación? Podría ser, pero también podría ser que surtiera el efecto contrario. Además, sin necesidad de imponerles el velo, muchas niñas y mujeres españolas soportan de los hombres tratos vejatorios para que sepan quién manda en la relación.
¿Y si lo que dificulta el tratamiento correcto del asunto es que, con la mejor voluntad, o no, quién sabe, nos estamos empeñando en establecer una regla general que, en estos momentos, no necesitamos? A mí me convencería más la prohibición, si necesario fuera, como lo ha sido en Francia. Pero, mientras no llegue a serlo me abstendría de imponer nada basado en grandes principios: ni prohibiciones ni autorizaciones. Según noticias publicadas, los casos concretos que hasta ahora han surgido se han resuelto sin mayores complicaciones con la sola actuación de los concretos protagonistas de cada caso, directores de centros, profesores, familias y niños. Confiemos en ellos. En menos de diez años España ha recibido a millones de extranjeros pobres de distintas culturas y, hasta ahora, no hemos tenido conflictos de importancia. Acaso haya que atribuirlo a una capacidad y a una predisposición para la convivencia con extraños, ausente con los más próximos, que nos permite, sin anatemas ni solemnes declaraciones democráticas, evitar conflictos mayores. Cuidémosla.
José Antonio Portero Molina
es catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de La Coruña