Las disputas políticas complican la búsqueda de un espacio para albergar los nuevos juzgados

La Consellería de Presidencia, del PP, anunció en la campaña de las elecciones autonómicas de 2005 la construcción en A Coruña de un nuevo inmueble judicial para solucionar la carencia de espacio de el edificio de Nuevos Juzgados. Primero se pensó en levantar la llamada Torre de la Justicia en la zona de la Audiencia Provincial, después en el parque ofimático y al final tanto jueces como Administración parecían conformes con construir el inmueble -que dejó de ser torre- en el muelle de Batería.

El Concello ofreció en octubre de 2008 una parcela de 15.000 metros cuadrados a la anterior Xunta (PSOE-BNG) para esta infraestructura, pero una comparecencia pública de la portavoz municipal socialista, Carmen Marón, con el PP de nuevo en la Xunta reavivó la polémica entre las dos administraciones. "El Ayuntamiento cede terrenos para fines sociales. La Xunta y la Consellería de Presidencia tendrían que financiarse el centro. No tenemos por qué ceder terrenos a la Justicia, no hemos hablado nada de cesión y, por supuesto, no a cambio de nada", afirmó Marón en julio de este año.

Tras la palabras de la portavoz municipal del PSOE, el Concello alegó que el suelo de los muelles es de la Autoridad Portuaria y que, como mucho puede mediar para conseguirlo; mientras que la Xunta lamentó que el Ejecutivo local incumpliese su promesa y no siguiese los acuerdos planteados para otras infraestructuras, en las que las consellerías ejecutan la obra sobre terrenos cedidos por los ayuntamientos. Al hablar de la Torre de la Justicia, ningún político precisa qué juzgados albergará en su interior, dando la sensación de que serán todos los de la ciudad. El juez decano ve esta opción poco viable, pues entiende que lo más lógico sería trasladar al puerto la Audiencia Provincial y ubicar en el edificio que ahora ocupa -anexo al de Nuevos Juzgados- las unidades que se vayan creando, además de reinstalar allí los que ahora se encuentran en el edificio Proa, por cuyo alquiler la Xunta paga cerca de 600.000 euros al año. Los jueces también propusieron que el tribunal provincial se instale en la antigua Fábrica de Tabacos, pero el Gobierno municipal siempre ha rechazado esta opción.