Polémica por la ubicación en Gijón de un refugio para buques como el ´Prestige´

J. L. ARGÜELLES | GIJÓN La ampliación del puerto gijonés de el Musel y los usos que se le den en el futuro han sembrado la polémica en Asturias. Después de que el ministro de Fomento, José Blanco, dijera en el Congreso que la Comisión Europea (CE) pretende convertir el nuevo muelle asturiano en un puerto "refugio" de buques con mercancías peligrosas, el Gobierno ha tenido que rectificar ante las críticas de los partidos asturianos: "El Gobierno de España no hará ninguna propuesta firme", y tampoco la Comisión Europea, para que El Musel se convierta en lugar de refugio y puerto de referencia para la gestión de buques siniestrados y con cargas peligrosas. Así lo aseguró el martes el Ministerio de Fomento a través de un comunicado con el que matiza las palabras de Blanco, que relacionó la financiación de las costosas con que el puerto acoja en el futuro a buques con mercancías peligrosas y problemas de navegación, como fue el caso del Prestige en 2002.

"Ni la Unión Europea ni el Gobierno de España tienen intención de proponer a El Musel para tal fin", añade la nota de Fomento, de quien depende Puertos del Estado y, por tanto, el puerto gijonés. El pasado día 14, en la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una interpelación de Pilar Fernández Pardo, diputada del PP asturiano, por el sobrecoste de 216 millones que arrastra la ampliación de la dársena gijonesa, Blanco dijo que el vicepresidente de la CE y comisario de Transportes, Antonio Tajani -uno de los líderes del Grupo Popular Europeo- le había transmitido su apoyo para que El Musel se convierta en lugar de refugio.

Para Fomento, lo que hizo Blanco en esa intervención fue "detallar" el apoyo europeo a la ampliación de El Musel "ante las insinuaciones malintencionadas y sin fundamento que aseguraban lo contrario". La Dirección General de Mercado Interior de la CE tiene elaborado un informe en el que cuestiona la modificación presupuestaria del superpuerto asturiano, que considera irregular, pese a que los órganos competentes de la Administración española dieron el visto bueno a la operación.